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Fuegos imparables arrasan costa de Galicia


POBRA DO CARAMIÑAL, España /AFP

La costa gallega sigue pasto de unas llamas sin precedentes, que los miembros de las brigadas forestales aseguran “que no se pueden parar” si la lluvia no aparece en una región que lleva una semana luchando contra los incendios, la mayoría intencionados.
“Esto no hay quien lo pare”, dice a la AFP el brigadista Javi mientras se retira apresuradamente de lo alto de una loma, a donde se acercaba peligrosamente una lengua de fuego, quemando tojos y monte bajo en Pobra do Caramiñal, en la provincia gallega de A Coruña.
Esta provincia está siendo en las últimas horas la más castigada por los fuegos que en siete días han devastado “decenas de miles de hectáreas”, afirmó el presidente regional gallego, Emilio Pérez Touriño.
Unas 50,000 hectáreas habrían ardido en Galicia, según varios alcaldes de la región citados por la prensa local.
El fuego ha cobrado también ya cuatro víctimas mortales en esta región noroccidental española, después que el gobierno regional gallego anunciara el sábado la muerte de un hombre de 70 años, a consecuencia de las heridas sufridas cuando colaboraba en las tareas de extinción del fuego que amenazaba su pueblo, A Cañiza, en la provincia de Pontevedra. Una quinta víctima cobraron los incendios en Cataluña (noreste).
“Si no llueve, esto no se va a poder controlar y con este viento...”, añadió Javi, cubierto con mascarilla y gafas para protegerse del intenso humo que cubre el valle del monte Curota, donde se desarrolla el incendio.
El viento del noroeste, junto a la sequía, ha sido uno de los principales adversarios de las cuadrillas que se afanan en la extinción del fuego a lo largo de la costa oeste coruñesa, la famosa Costa de la Muerte, que hace cuatro años también fue víctima de la marea negra causada por el petrolero “Prestige”.
Las localidades de Dumbria y Cee concentraban este sábado el combate contra las llamas, mientras la situación era mejor en torno a Santiago de Compostela (105,000 habitantes), que vivió una noche de preocupación, y de Vigo (293,000 habitantes), donde todavía se podía percibir en el aire el olor a quemado de estos últimos días.
“Ahora ya podemos abrir las ventanas. Estos últimos días era imposible hacerlo sin que te entrara toda la ceniza”, relata Carmen, una habitante de la última ciudad.
Las llamas también amenazan desde el viernes por la noche a la ciudad de Orense (108.000 habitantes), en el interior gallego. “No recuerdo nunca una oleada de incendios de este tipo”, afirmó a la AFP Beatriz, vigilante del servicio contraincendios del gobierno regional gallego.
Cerca de ella pastan unos pocos caballos que suelen estar libres en el campo y han logrado salvarse de las llamas que un poco más lejos combate una unidad de bomberos venidos desde la ciudad de Ávila (Castilla y León, centro), a unos 500 km.
Efectivos contraincendios de varias regiones de España y algunos países europeos se han unido a los esfuerzos contra el fuego, a los que se sumarán inmediatamente 400 paracaidistas, anunció el ministro español de Defensa, José Antonio Alonso.
Este refuerzo elevará a 1,600 el número de militares desplegados en Galicia, a los que hay que añadir 15,000 efectivos antiincendios --entre ellos 7,000 voluntarios-- 60 aviones y 700 vehículos. A media tarde, 103 incendios, muchos provocados, seguían activos en Galicia, de los que 54 no habían sido controlados, según el gobierno gallego.
El fuego da un respiro a los que luchan contra él por la mañana, pero a partir de mediodía el calor hace, en muchas ocasiones, que se reaviven rescoldos de incendios anteriores.
Veinticuatro personas, entre 21 y 90 años, han sido detenidas en relación con estos incendios, entre ellas personas con desequilibrios psíquicos, agricultores imprudentes y un miembro de una brigada contraincendios y un guarda forestal, según la guardia civil.
El gobierno regional gallego sigue hablando de una “trama organizada” con idea de hacer daño, pero las autoridades barajan varias hipótesis sobre la intencionalidad de estos incendios.
El ejecutivo central ya aprobó, en 2005, una ley que impide la conversión en urbanizables en un plazo de 30 años de los terrenos afectados por incendios.