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Juez confirma informe Pinochet


SANTIAGO /AFP -Un juez chileno que investiga el asesinato de un coronel y su relación con el contrabando de armas a Croacia durante la dictadura de Augusto Pinochet, confirmó este martes la existencia de un informe que involucra al ex dictador y su hijo menor en tráfico de cocaína.
El documento que le remitió el general retirado Manuel Contreras, fundador de la policía secreta de Pinochet (1973-1990), contiene una "referencia a la fabricación y venta de drogas", dijo el juez Claudio Pavez.
Contreras, que cumple una condena a 15 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, envió su informe al juez el pasado 23 de junio y en él afirmó que Pinochet, su hijo Marco Antonio y el empresario de origen sirio Edgardo Bathich montaron en dependencias del Ejército una red de fabricación y venta de cocaína.
De acuerdo con su versión, la droga era enviada a Estados Unidos y Europa y en su elaboración participó el químico Eugenio Berríos, que huyó a Uruguay en octubre de 1991 y cuyo cadáver con impactos de bala apareció cuatro años después en una playa cercana a Montevideo.
Los dividendos de esas operaciones serían el origen de la cuantiosa fortuna que Pinochet y su familia mantuvieron oculta en el Riggs Bank de Washington y bancos de otros países, con depósitos estimados en 27 millones de dólares, según Contreras.
Por este caso, Pinochet, que gobernó Chile entre 1973 y 1990, enfrenta un proceso desde el pasado 23 de noviembre, cuando permaneció bajo arresto domiciliario durante seis semanas.
El coronel Gerardo Huber, cuyo asesinato en enero de 1992 investiga el juez Pavez, tenía conocimiento del contrabando de armas que el Ejército, bajo el mando de Pinochet, envió a Croacia a fines de 1991 pese al embargo impuesto por las Naciones Unidas, según Contreras.
El documento de Contreras también asegura que el agente Berríos continúa vivo y no fue asesinado en Uruguay como lo indican las investigaciones en ambos países.
"Esa información la voy a hacer llegar al señor ministro (juez) que conoce de la causa de Berríos", dijo Pavez.
Berríos era agente de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), el cuerpo represivo que creó Contreras. Las pruebas forenses al cadáver que apareció en la playa uruguaya determinaron que fue asesinado en 1993, dos años después de huir de Chile bajo custodia de militares para no declarar en un proceso por violaciones a los derechos humanos.
"Esta declaración del general Contreras a todas luces no parece creíble", dijo este martes el abogado Hernán Calderón, representante de la esposa de Berríos, Gladys Schmeisser.
"Mi clienta está absolutamente convencida del fallecimiento de su cónyuge", agregó Calderón, al descartar una presunta suplantación del cadáver que apareció en la playa de Uruguay.
Además de seis militares chilenos sometidos a juicio por este asesinato, Uruguay extraditó a Santiago en abril pasado al coronel retirado Tomás Casella, el coronel Wellington Sarli y el capitán Eduardo Radaelli, quienes permanecen detenidos desde hace casi tres meses por su vinculación con el crimen.
Entre los chilenos inculpados figura el general Hernán Ramírez Rurange, que en sus declaraciones ante el juez Alejandro Madrid, a cargo de este proceso, aseguró a fines de abril que la orden para sacar de Chile a Berríos fue impartida por el ex dictador Pinochet (1973-1990), indicaron fuentes vinculadas al proceso.
Tras conocer el documento de Contreras que lo vinculó con tráfico de cocaína, Marco Antonio Pinochet Hiriart --el menor de los cinco hijos del ex dictador-- presentó una querella judicial contra el ex colaborador de su padre.
"Toda mi familia está afectada por todas estas injurias y calumnias", dijo Pinochet Hiriart, tras entregar su denuncia en un tribunal civil de Santiago.