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Segundo día de toma de catedral salvadoreña

La mediación ejercida por la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice Alamanni, y el obispo auxiliar de San Salvador no había rendido frutos.

La ocupación de la catredral de San Salvador, que comenzó el lunes, por familiares de reclusos que claman por "un mejor trato" en las cárceles del país, pone al descubierto una vez más el colapso del sistema, estimaron este martes dirigentes de organismos humanitarios.

"Lo que está pasando en la catedral es una nueva denuncia del colapsado sistema carcelario que privilegia la represión en lugar de la readaptación", declaró a la AFP el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro.

A las críticas del sistema carcelario se sumó la directora de la oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, María Julia Hernández, al declarar a la AFP que "yo creo que el problema en los centros penales es gravísimo desde hace muchos años, pero la situación se agravó con los planes represivos de Súper mano dura".

El lunes, un grupo de encapuchados, familiares de reclusos que participaban en una marcha de protesta en la que también figuraban pandilleros, sorpresivamente tomaron por tiempo indefinido la catedral, para demandar "mejor trato" para los internos de los presidios del país.

Crisis en celdas

La toma de catedral y las protestas callejeras se dan después de que los reclusos de al menos cinco penales decidieron no ingresar a sus celdas ni acudir a las audiencias programadas en los tribunales de justicia.

Este martes el templo se mantenía ocupado, con las puertas cerradas a los feligreses y el grupo de encapuchados exigiendo la derogación de la ley penitenciaria, y principalmente el artículo 103 que faculta el encierro de los pandilleros, reos de alta peligrosidad y los que propician agitación en los penales.

Los ocupantes denunciaron el supuesto "mal trato" que reciben sus familiares en los recintos carcelarios, principalmente en el presidio de Zacatecoluca (centro), considerado de máxima seguridad y conocido popularmente como "Zacatraz", por sus rigurosas medidas.

En el presidio de Zacatecoluca purgan sus penas los reos de mayor peligrosidad, por lo que sufren restricciones a las visitas íntimas y no pueden conversar frente a frente con sus familiares, entre otras medidas.

Mediación sin frutos

Además de la derogación de la ley penitenciaria, los ocupantes del templo demandan la destitución del ministro de gobernación René Figueroa y del director de Centros Penales, Aztor Escalante.

Hasta las 11 horas locales de este martes, la mediación ejercida por la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice Alamanni, y el obispo auxiliar de San Salvador no había rendido frutos.

"No es tomando la catedral como se resuelven los problemas", declaró el lunes la procuradora.

"Me parece penoso que con los problemas nacionales que hay tengamos que venir a liberar la catedral, cuando estos problemas se deberían resolver donde corresponden, sentados en una mesa negociación", subrayo Alamanni.

En la mayoría de los 20 presidios que funcionan en El Salvador existen problemas de alimentación y hacinamiento por cuanto se encuentran recluidas 12.494 personas, pese a que las instalaciones tienen capacidad para albergar únicamente a 7.392, según fuentes oficiales.

Del total de reclusos confinados sólo un 69% (8.663) recibió su condena y un 31% (3.831) aguarda que sus procesos se ventilen debido a la lentitud con la que opera el sistema judicial.