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Temor oficial a transparencia

*Dictamen revisado, sólo falta el “sí” de los diputados *Cultura del “secretismo” puede llegar a su fin, aseguran promotores de legislación *Fuerte empujón a la participación ciudadana y una herramienta eficaz para periodistas

Mauricio Miranda

Apartado en varias ocasiones para dar lugar a la discusión de otras leyes “prioritarias”, el dictamen del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, corregido, ampliado y mejorado, espera impaciente su turno para ser ascendido al rango de ley vigente.
El anteproyecto, considerado por algunos de sus promotores como el par perfecto de la Ley de Participación Ciudadana, actualmente en vigencia, garantiza el derecho que tienen los nicaragüenses de acceder y consultar los documentos públicos en poder de las instituciones del Estado, así como a sus bases de datos y archivos.
“Nosotros tenemos una Ley de Participación Ciudadana donde se crean espacios de concertación, y para participar e incidir en las políticas públicas. Pero también necesitamos que se nos dé la información adecuada, completa y oportuna. Es como la prima hermana una de la otra”, aseguró María Adilia Serrano, asesora jurídica de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, uno de los organismos que ha encabezado su discusión.
De acuerdo con el anteproyecto, entre la “información básica” que el funcionario público está en obligación a facilitar a los ciudadanos, se encuentran: los salarios que reciben los directores de las instituciones públicas, el salario del resto de personal, y de los trabajadores contratados de manera temporal o externa.
Las convocatorias a concurso o licitación de obras, concesiones, arrendamientos, adquisiciones, prestación de servicios, permisos, contratación de personal de carrera y autorizaciones, forman también parte de la “información básica” que el ciudadano podrá reclamar, de acuerdo al anteproyecto.
Ley ataca el secretismo de Estado
“Esta ley va contra el secretismo, contra las discrecionalidades, y a favor de la transparencia, es una ley que de alguna manera pone orden en la casa”, sostuvo por su parte Guillermo Rothschuh Villanueva, Decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana (UCA).
Aunque reconoció que a “los gobernantes y a los políticos no les gusta rendir cuentas”, el comunicólogo tiene la certeza de que el anteproyecto será de los primeros en aprobarse en la próxima legislatura. No atribuyó este hecho, sin embargo, a factores internos, lo que para él es lamentable.
“Recordemos que hay condicionalidades externas que gravitan alrededor de las tomas de decisiones de los políticos nicaragüenses, y que esta ley forma parte de estos de estos compromisos internacionales, lo que inevitablemente conduce a su aprobación”, señaló Rothschuh.
Entre las últimas modificaciones que efectuó la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, se estableció la creación de los órganos encargados de la aplicación de la Ley, como las oficinas de acceso a la información pública, y las oficinas de coordinación en cada una de las instituciones del Estado.
También se reformuló la clasificación de la información “reservada”, dejando fuera de este carácter los expedientes judiciales, administrativos y los proyectos de sentencia. Pero, además, se incluyó a las empresas concesionarias de servicio público, dentro del marco de aplicación de la ley.
Funcionarios inventarán trampas
Ruth Selma Herrera, coordinadora de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), cree que algunos funcionarios públicos y políticos del país inventarán trampas para no cumplir la ley, “porque la capacidad que tienen de burlar estas leyes es altísimo”.
“Cuando hice el libro “La crisis del sector energético: ¿Nicaragua apagándose?”, fui directamente con don Frank Kelly, que es el presidente de ENEL, y le pedí de manera verbal y por escrito, que nos diera copia de los contratos que firmaron entre ENEL y la Ormat y San Jacinto, para saber en qué condiciones transfirieron activos del sector público al sector privado”, relató Herrera.
“Fue imposible que me diera carta, que me diera contrato, que me diera tarifa, absolutamente ningún dato”, comentó.
“Aquí --aseguró Herrera--, parte del arte de gobernar o mal gobernar este país ha sido manipular cifras, manipular datos y engañar, eso sí está institucionalizado”.
Jarquín: funcionario público “en vitrina”
Agustín Jarquín, diputado ante la Asamblea Nacional, comentó que en el Parlamento existe un consenso favorable para la aprobación del anteproyecto de ley, a pesar de las nuevas condiciones que se impondrían a los funcionarios públicos, incluyendo los diputados.
“El funcionario público va a tener menos discrecionalidad en su desempeño, va a haber más transparencia en la gestión, va a estar como en vitrina, va a estar más observado por la ciudadanía”, señaló Jarquín.
“Y en consecuencia, la posibilidad de que abuse de los recursos, y que incumpla con sus obligaciones va a ser menor. Y por supuesto, vinculado a esto, va a haber menos actos de corrupción”, dijo.
Herrera enfatizó en los ahorros que puede significar para el Estado la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública.
“A veces estás pagando a funcionarios que no tienen el ejercicio de la función que les han encomendado. También pérdidas, cuando al buscar cierta información hay que reconstruir una cantidad de datos que no están actualizados. Eso significa buscar más plata pagar personal y consultores que actualicen esos datos”, explicó.

Periodistas, ¿los menos interesados?
*“Se requiere divulgación”, coinciden promotores
A pesar de que la Ley de Acceso a la Información Pública pondría en una clara posición de ventaja a los periodistas sobre los funcionarios públicos y de gobierno, los hombres y mujeres de medios han sido los grandes ausentes en los debates y foros realizados en torno al anteproyecto.
Para el periodista Omar García, la ley aprobada “va a representar un adelanto porque no vamos a tener que andar a escondidas buscando fotocopias, información que no solamente debe estar a la vista de nosotros, sino de la población”.
Y se evitarán casos “inauditos”, según él, como el que protagonizó el director del Instituto Nicaragüense de Energía. “David Castillo, dijo que no tenía la fotocopia del documento (contrato) de Unión Fenosa. Eso es inaudito, tiene que estar allí”, citó García.
“Yo creí que (los periodistas) iban a ser los más entusiastas. Que iban a ser los primeros en reconocer la importancia de esta ley”, comentó el comunicólogo Guillermo Rothschuh,
“Si se hubiesen apropiado a profundidad sobre sus alcances y contenidos, sobre su trascendencia e importancia para el futuro inmediato del país, hubieran escrito y creado corrientes de opinión favorables para que la ley fuese aprobada”, dijo el decano.
El periodista Mario Fulvio Espinosa atribuyó el desinterés del gremio periodístico al poco espacio que ocupa en la agenda de los medios, el periodismo investigativo.
“Yo me imagino que esto no le importa al que anda detrás de los hechos de sangre, al que anda detrás de sucesos nacionales, al que anda detrás de la política light, de farándula. Y por otra parte hay ignorancia”, señaló.
“En sus orígenes fue realmente a través de un impulso que nació del gremio periodístico. Pero luego se amplió y se abrió todo el espectro al ciudadano”, dijo la doctora María Adilia Espinoza.
“Creo que podría tal vez divulgarse un poco más”, enfatizó Serrano.
La semana pasada, en el marco de la celebración del Día Internacional del Derecho a Saber, el pasado 28 de septiembre, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro organizó el foro “El periodismo y la Ley de Acceso a la información Pública”, en el que periodistas, editores y otros invitadores opinaron sobre la importancia del anteproyecto de ley. El foro fue auspiciado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (AID).

“Pegones” del anteproyecto
*Archivos deficientes, presupuesto, capacitaciones
El diputado Agustín Jarquín criticó al gobierno del presidente Enrique Bolaños por no girar instrucciones con el fin de mejorar y actualizar las oficinas de archivo y documentación en las instituciones y ministerios.
“Podemos llegar a un momento en que la ley ya esté vigente, y no se va a poder atender porque no hay centros de documentación y archivo, ni existe una cultura de información, que materialmente va a ser difícil”, señaló Jarquín. Según él, esta falta de acondicionamiento “va a hacer el cuello de botella de esta ley”.
La doctora María Adilia Espinoza señaló otras deficiencias: “La ley tiene que venir acompañada, por una lado, de los recursos económicos para implementarla, y, por otro lado, de la capacitación a la ciudadanía y a los funcionarios públicos, porque como le decía se trata de un cambio de mentalidad”.

¿Qué dice el dictamen?
Arto. 21.- Las entidades privadas sometidas a la Ley de Acceso a la Información Pública deberán publicar como básicas:
a. Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones que les fueron otorgadas, sus bases y contenidos.
b. Las obras e inversiones obligadas a realizar, las ya realizadas y las pendientes por realizar, en base a los compromisos adquiridos en el contrato de concesión, licencia, permiso o autorización…
Arto. 45: El servidor público que en contravención a la presente ley, presente negativa u oculte información para obstruir el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos sin causa legal justificada de acuerdo a esta ley, tendrá una sanción pecuniaria de la tercera parte de su salario mensual, entre uno a seis meses dependiendo la gravedad de los hechos, los que serán a favor del erario público.
Arto. 46: El servidor público que destruya indebidamente, en forma total o parcial información pública que tenga a su cargo, incurrirá en el delito de daños y será sancionado con la pena que al efecto establece el Código Penal.
Arto. 48: El titular de cada entidad que indebidamente y en contravención a esta ley, clasifique como información reservada, aquella que es pública será sancionado pecuniariamente con la tercera parte de su salario mensual de uno a seis meses.