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Tierras caribeñas en el limbo


En diciembre de 2002 la Asamblea Nacional aprobó una ley que ordena la demarcación y titulación de las tierras de las etnias y comunidades indígenas del Caribe nicaragüense. A pesar que las instancias ya están montadas, el proyecto, como una barca lista para zarpar, comienza a hundirse sin que se hayan soltado siquiera las amarras, por conflictos políticos entre los consejos regionales y la burocracia estatal.
Con la aprobación de la Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y las Cuencas de los ríos Coco, Indio y Maíz, Ley 445, se inició el proceso para entregar a los pobladores de estas regiones la propiedad de sus tierras.
La ley establece la creación de una serie de instituciones que se encargarían de velar que el proceso marche con eficacia. La principal instancia es la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti), integrada por presidentes de los consejos regionales autónomos y funcionarios de instituciones gubernamentales relacionadas con el medio ambiente, la economía y titulación.
De la demarcación y titulación de las tierras depende el bienestar económico y social de los pueblos indígenas Mískitu, Sumo, Mayangna y Rama; de los grupos étnicos Creole y Garífuna, y el de las comunidades mestizas asentadas en las Regiones Autónomas del Atlántico del país.
Hasta ahora se han entregado cinco títulos a territorios in-dígenas. Unas 36 mil personas, habitantes de 85 comunidades
ubicadas en la
Reserva de Bios-
fera de Bosawás, resultaron beneficiadas. Pero los títulos de propiedad no han sido registrados.
“Las comunidades andan caminando con sus títulos y no los pueden registrar en ningún lado”, critica Alta Hooker, Rectora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (Uraccan).
Según Hooker, el presidente Enrique Bolaños no ha instruido el “saneamiento” --ordenamiento-- de las tierras, porque “no existe voluntad gubernamental” para agilizar el proceso, que está estancado debido a un conflicto por la presidencia de la Conadeti, y la falta de entendimiento entre líderes comunales con el Gobierno Central.
“Pacto de caballeros”
El problema surgió en junio de 2003, cuando se estableció la primera Junta Directiva de la Conadeti, presidida por Juan Saballos, Presidente del Consejo Regional del Norte, secundado en la vicepresidencia por Erasmo Flores, Presidente del Consejo Regional del Sur.
En el Reglamento Interno que crearon, establecieron que el período de cada Junta Directiva al frente de la comisión sería de dos años, a partir de un primer año de “excepción” (el de ellos).
Pero al mismo tiempo, ambos presidentes acordaron en un “pacto de caballeros” que la alternabilidad en el cargo de la presidencia se haría cada año. De acuerdo con Ciryl Omier, último secretario de la Conadeti, solamente ellos conocen ese pacto, el cual tampoco ha sido presentado por escrito.
En julio de 2004, Juan González --sandinista--, electo presidente del Consejo Regional del Norte, tomó la presidencia de Conadeti. Un año después, en julio de 2005, Rayfield Hodgson --liberal--, el también electo Presidente del Consejo Regional del Sur y Vicepresidente de Conadeti, le reclamó a González porque su período de un año al frente de Conadeti --de acuerdo con el pacto de caballeros-- había concluido.
La disputa entre ambos llegó hasta las Cortes de Managua, cuando en septiembre pasado Hodgson interpuso ante el Tribunal de Apelaciones de Managua un recurso de amparo reclamando la Presidencia de Conadeti. El Tribunal falló a favor de Hodgson, pero González se amparó después ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Cabezas.
Ante el conflicto, el Ministerio de Hacienda congeló más de cuatro millones de córdobas asignados por ley a Conadeti, del Presupuesto General de la República. Desde entonces el proceso quedó estancado.
Sin voluntad
Unido a este conflicto político, está la negativa estatal para inscribir los títulos de propiedad entregados. Juan González criticó la “falta de voluntad” del Gobierno para registrar los títulos. “Parece que no hay voluntad de hacerlo. Este proceso es financiado por el Banco Mundial, que ha presionado al Gobierno para que responda”, dijo.
La Asamblea Nacional aprobó 11 millones de córdobas el año pasado para ejecutar el proceso de demarcación y titulación de las tierras en las Regiones Autónomas de Atlántico. Debido a los conflictos en Conadeti, se espera para este año un desembolso de sólo 9.3 millones de córdobas.
González dijo que para este 2006 pretenden entregar 12 títulos de propiedad a comunidades indígenas. “Siempre y cuando tengamos el apoyo del gobierno en temas como la indemnización de terceras personas que demandan la propiedad de los territorios”.
Carlos Hurtado, Secretario de Gobierno para Asuntos de la Costa Atlántica, asegura que los señalamientos contra el Gobierno no son “correctos en ninguna manera”, ya que el proceso “lo conduce mayoritariamente la Conadeti”.
De acuerdo con Hurtado, “al estar en entredicho su presidente y directiva pendiente de un fallo judicial, no hay nada que el Gobierno pueda hacer”, pero aseguró que el Gobierno ha puesto de su parte en la medida de lo posible.
“Habría que preguntarle a ellos por qué no lo han hecho”, señaló Hurtado.
Convivencia entre comunidades
Uno de los principales problemas que plantea el proceso de titulación, es el reacomodamiento de las comunidades de “terceros”, personas que no pertenecen a las etnias del Caribe, pero que han vivido y trabajado esos territorios.
El artículo 38 de la Ley 445 establece que “los terceros en tierras indígenas sin título alguno deberán abandonar las tierras sin indemnización, pero en caso de que pretendan permanecer en ellas, pagarán un canon de arrendamiento a la comunidad”.
El arto. 37 establece que “el tercero que ha recibido título agrario con algún vicio de forma o de fondo en tierras indígenas, será indemnizado para que devuelva las tierras a las comunidades indígenas afectadas”. Sólo aquellos “terceros” que tengan títulos anteriores a 1987, o que la han ocupado o poseído con título agrario, podrán permanecer en las tierras, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley 445.
Carlos Hurtado sostiene que antes de discutir indemnizaciones y movilizaciones masivas, deben enfatizar las discusiones en lograr la “convivencia” entre estas comunidades --en su mayoría mestizos-- y los indígenas y grupos étnicos.
“Es que sencillamente no se puede ir, quitar a la gente y ver dónde la ponés, o quitarla e indemnizar. Si ahora estamos hablando de que tenemos un enorme problema con la deuda interna, en virtud de este proceso, si empezás a indemnizar, esto va a multiplicar por cien la deuda interna actual que tenemos”, argumentó Hurtado.
Para Rayfield Hodgson, Presidente del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur, el estancamiento se debe a la “desconfianza” que tiene el Gobierno Central para que los pobladores de las comunidades indígenas y de grupos étnicos puedan gestionar la utilización de sus propios territorios.
“El Estado no quiere reconocerle tanto poder a las comunidades, y porque éstas no utilizan el poder que tienen, otros negocian sobre sus tierras”, señaló Hodgson.
El líder comunal también criticó la ineficacia de la Conadeti. “El proceso no se arrancó, los territorios demarcados son territorios que están desde antes de que fuera aprobada la Ley 445”, aseveró. “Conadeti, hasta el día de hoy, no ha demarcado ni un solo territorio, sólo ha demarcado los problemas”, añadió.
Según él, Conadeti ni siquiera cuenta con “sistemas” para recibir fondos”. “Todo es espontáneo, todo se inventa en el momento”, aseguró Raifyeld Hodgson.
El líder regional está de acuerdo en que se pueda convivir con pobladores que no son de las comunidades indígenas, pero bajo condiciones. “No podemos tener a gente que es devoradora de montaña y que todo lo tiene que poner en forma de potrero, y que todo lo desbarata”, señaló el líder regional.
“Problemas serios”
Hodgson señaló como otro “problema serio”, el hecho de que ni el Instituto Nacional Forestal (Inafor) ni el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) tengan delegados en la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti) --instancia que coordina el proceso-- “porque la Ley 445 no lo establece”.
Según Hodgson, esto propicia la descoordinación y falta de control sobre los permisos que se extienden para la explotación de los recursos forestales. Para el líder regional, la Ley 445 “se confronta con todas las instancias creadas”. Apuntó que por ser de carácter especial, esta ley “radical” anula “a cualquier otra ley que se le oponga”.
Carlos Hurtado enfatizó que la función del Gobierno es de “acompañamiento” a la Conadeti, por lo que no tiene culpa de los conflictos entre los líderes.
De la demarcación y titulación de las tierras depende el desarrollo económico de las comunidades indígenas, los pueblos étnicos y pobladores mestizos asentados en las Regiones Autónomas. Por ahora sólo resta esperar que los líderes se pongan de acuerdo en un proceso, que no pudo escapar de polarización política.

Un "Plan de Nación"
Para el historiador y geógrafo, doctor Jaime Incer Barquero, un “Plan de Nación” no sólo resolvería los conflictos como el que atraviesa la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti), sino que además, detendría la explotación indiscriminada sobre los recursos naturales que existen en las Regiones Autónomas del Caribe.
“Para mí --comenta el científico-- el ministerio más importante que debería existir en Nicaragua es el Ministerio de Ordenamiento Territorial, con suficiente representación en cada uno de los departamentos, municipios y comunidades, para que todo el país actúe al unísono conforme esta visión de desarrollo sostenible”.
“Las leyes no se cumplen, los controles no se hacen, el desarrollo del país va a la ‘zumba marumba’, no hay propósito en ningún momento de atender esto con seriedad”, expresó el científico.
Sostiene que el Gobierno debe asumir el compromiso de capacitar a los pobladores de las comunidades indígenas y a sus líderes, de manera que aprendan a gestionar sus tierras. De lo contrario, “la pobreza aumentará aún más en esas regiones”, según dijo.
Pero, al mismo tiempo, el científico señala que los indígenas deben definir sus heredades en una proporción compatible con cada una de las demás poblaciones de las comunidades. “El bien nacional está encima del bien regional, y las ordenanzas deben velar, en primer lugar, por la bienandanza de la nación como un todo, porque el país no está hecho de feudos y microfeudos”.
Lamenta que hasta ahora, ni siquiera exista una valoración tangible sobre los recursos naturales. “Una caoba vale más que veinte vacas y ocupa una milésima parte del territorio que una vaca requiere para pastar”, compara.
El científico auguró que serán las próximas generaciones “las víctimas de tanta indolencia”. “Más adelante nos vamos a arrepentir, porque nuestros hijos van a tener un país deforestado, erosionado, contaminado, van a tener un país chatarra”.