Especiales

Fondos Guasaule no estaban “amarrados”

*Documento BCIE revela: podían participar empresas de capital “centroamericano-mexicano”, con lo que el precio hubiera sido menor *Irregular selección de empresa Tradeco: no hubo licitación pública y privó una “recomendación” de México, que al final se convirtió en “precalificación” *Banco regional avaló todo, incluyendo “lista corta”, a pesar de queja de empresa mexicana

Oliver Bodan

Una comunicación oficial del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) confirmó que en la rehabilitación de la carretera Chinandega-El Guasaule pudieron participar empresas nicaragüenses o --por lo menos-- centroamericanas y no exclusivamente compañías mexicanas.
Lo anterior desmiente categóricamente el argumento principal del gobierno en el caso: el préstamo para construir la obra estaba “amarrado” a la participación de firmas constructoras aztecas, por lo que el precio contratado fue superior al del mercado y el del propio MTI.
“Con los recursos de este préstamo, únicamente podrá financiarse la adquisición de bienes y servicios que sean brindados por empresas de capital mayoritariamente mexicano o centroamericano-mexicano, que cumpla con los términos y condiciones establecidos por la fuente de recursos”, citó una carta enviada por Oscar Delgadillo, gerente regional del BCIE, el 11 de junio de 2002.
La misiva, con copia al ex ministro de Transporte e Infraestructura, Pedro Solórzano, fue dirigida a María Lourdes Chamorro, entonces viceministra de Hacienda y Crédito Público y, en ella, Delgadillo le notificó la aprobación del “préstamo para la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chinandega-Guasaule, frontera con Honduras”.
Una investigación periodística de Confidencial y EL NUEVO DIARIO reveló que el MTI subió el valor del proyecto, sin justificación técnica alguna, de 21 a 35 millones de dólares. Al final contrató a la empresa mexicana Tradeco por 29.9 millones de dólares.
La carta del BCIE forma parte de un “informe especial” que el MTI envió, en diciembre de 2005, a los diputados miembros de la Comisión de Transporte e Infraestructura, para justificar el millonario sobreprecio. Es decir, es un documento oficial del propio Ministerio de Transporte e Infraestructura.
El 30 de septiembre de 2005, Solórzano argumentó en una carta que el millonario incremento en la obra ocurrió por “los mayores costos que se obtienen cuando sólo participan empresas mexicanas extranjeras originarias del país que financia el proyecto, en este caso constructoras mexicanas”.
Y el propio presidente Bolaños declaró en el programa Estudio 24, de Canal 8, ante preguntas del periodista Giovanni Loáisiga: “Que México te dice: yo te doy esto para hacer una carretera, tiene que ser un mexicano. Sí señor, si no, no me da en el Plan Puebla Panamá”.
Sin embargo, si hubieran participado empresas nacionales --o por lo menos centroamericanas-- en la rehabilitación de la carretera, el precio del proyecto hubiera bajado considerablemente, opinó el ingeniero Benjamín Lanzas Selva, presidente de la empresa constructora Llansa Ingenieros.
“Aquí está bien clarito, como 2 y 2 son 4: quiere decir que perfectamente hubiéramos podido participar nosotros o cualquier empresa del área centroamericana. No sólo eran mexicanos. Pero bueno, quien lideró esta licitación fue el MTI”, declaró Lanzas.
Recordó que el proceso de licitación excluyó de entrada al sector nacional. “Desgraciadamente no hubo ninguna presencia de empresas nacionales, porque el documento de aviso aclaraba que sólo debían ser empresas mexicanas. Por supuesto lo vimos muy mal, porque es ilógico que un programa que supuestamente es del Plan Puebla Panamá, sólo incluyera empresas mexicanas”, dijo Lanzas.
Además, el BCIE y el MTI obviaron que en el país hay experiencia de consorcios nicaragüenses-mexicanos. Llansa ingenieros se asoció, en la década de los 80, a la empresa mexicana ICA, para construir el proyecto hidráulico Asturias, mejor conocido como presa de Apanás.
“Eso fue más o menos similar y fueron fondos mexicanos: 50 millones de dólares. Ahí lo que hicimos fue que siempre y cuando hubiera un consorcio méxico-nicaragüense, entonces podríamos usar los fondos mexicanos. Fue un error de parte nuestra y lo reconozco, no haber ido un poquito más a fondo para investigar en la fuente de los fondos y chequear esto”, agregó.
--¿La carta revela que podrían participar “empresas de capital mayoritariamente mexicano o centroamericano-mexicano”. ¿Esto qué significa?
--Aquí lo interpreto bien claro: o mexicana o centroamericana. O un consorcio mexicano-nicaragüense, pero esta parte nosotros no la conocíamos.
Otras fuentes del sector privado revelaron que el procedimiento legal debió haber sido el siguiente: convocar a licitación pública en México y Centroamérica.
“Es más, yo te quiero decir que para esta obra varias empresas mexicanas llamaron a Llansa Ingenieros y nos pidieron precios como subcontratistas de ellos y no quisimos. No acepté un subcontrato por 2 razones fundamentales: primero, lo vimos incorrecto, que siendo fondos del BCIE no participáramos los nacionales. En segundo lugar, los precios que quisieron negociar con nosotros eran muy bajos, lo cual no aceptamos, porque ellos llevaron 9 ó 10 millones arriba”, señaló.
“Aquí está bien claro. Esto es exactamente lo que hicimos nosotros en el proyecto hidráulico Asturias con la ICA de México, que era un consorcio méxico-nicaragüense. Realmente esto no se aclaró en el documento, si se hubiera aclarado, nosotros indiscutiblemente hubiéramos participado con la ICA de México”, insistió.
El principal argumento del MTI es que el gran sobreprecio se originó porque el préstamo estaba amarrado únicamente a empresas mexicanas, pero aquí vemos que no. ¿Así es?
Exactamente.
¿Al existir un consorcio méxico-nicaragüense, hubiera sido más barata la obra?
Creo que sí. Es tremendamente preocupante que habiendo dos presupuestos elaborados se haya agarrado un presupuesto de casi diez millones de más y ahí están las consecuencias: no sabemos cuándo termina la obra, si va a quedar bien hecha y cuánto va a costar al final.
Intentamos conocer la versión sobre el caso de Ricardo Vega, actual ministro de Transporte, pero en su despacho nos informaron que se encontraba en una reunión.
Pese a inexistencia de proceso de precalificación
BCIE “bendijo” lista corta
*Irregular escogencia de Tradeco
De acuerdo al análisis de la documentación proporcionada por el MTI a la Asamblea Nacional, fue irregular el proceso de selección de Tradeco, pues no se realizó un proceso de licitación abierto y público en México y Centroamérica. En cambio, se optó por una lista corta, amparada en una recomendación de México, que al final se convirtió en una irregular “precalificación” aprobada por el BCIE.
Todo comenzó con una carta enviada el 5 de febrero de 2003 por el ex ministro Solórzano a Franco Carreño Osorio, Director General de Evaluación de la Secretaría de Comunicación y Transporte de México.
“Por tratarse de la proveniencia de fondos mexicanos para la exportación de bienes y servicios de este país se deberá invitar a empresas constructoras mexicanas para la licitación de este proyecto”, escribió Solórzano, ahora Secretario Político del presidente Enrique Bolaños.
Sin embargo, como la correspondencia del BCIE demuestra, el MTI pudo involucrar también a empresas centroamericanas y no lo hizo, por razones desconocidas.
“Consideramos que la Dirección General de Evaluación a su digno cargo podrá recomendarnos un listado de empresas con reconocida capacidad y experiencia para la participación en este proceso licitatorio que a corto plazo se llevará a cabo”, solicitó el ex funcionario.
El 18 de febrero de 2003, Solórzano recibió la respuesta de Carreño Osorio a través de una carta fechada el 13 de ese mismo mes. En la misiva, el funcionario mexicano sugirió un listado de compañías “en base a su capacidad y experiencia”.
Las compañías sugeridas por México fueron: Impulsadora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V. (Idinsa); Supervisión, Coordinación y Construcción de Obras S.A. de C.V (Sucoco); Tradeco Infraestructura S.A. de C.V.; Grupo Rohe S.A. de C.V.; Vamonte S.A. de C.V.; Edificadora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V; Ingeniería, Asesoría y Consultoría S.A. de C.V.; Compañía Contratista Nacional S.A. de C.V; Gutsa Construcciones S.A. de C.V.
De estas compañías, fueron “precalificadas” --sin mediar proceso legal o administrativo alguno-- 7 de ellas, quedando fuera Edificadora Mexicana de Infraestructura y Vamonte. Al final, según el “informe especial” del MTI y el acta de apertura de ofertas, sólo cuatro presentaron ofertas: Tradeco, Idinsa, Grupo Rohe y Compañía Contratista Nacional.
Un día después de recibir la carta mexicana, el 19 de febrero de 2003, Solórzano envió una misiva a Oscar Delgadillo, gerente regional del BCIE en la que, repentinamente y sin mediar procedimiento alguno, informa de una “lista de empresas precalificadas”. Esta correspondencia no fue incluida en el “informe especial” del MTI y se conoce por otra correspondencia de Delgadillo.
“Hacemos referencia a su carta del 19 de febrero en la que hace mención de la lista de empresas precalificadas por las autoridades mexicanas para participar en la licitación de las obras del proyecto”, escribió Delgadillo a Solórzano el 20 de febrero de 2003.
Sin embargo, en ningún momento Carreño Osorio mencionó una precalificación. Utilizó claramente la frase: “las empresas a recomendar…”. Además, el proceso de precalificación es regulado por la ley, normas internas del BCIE y debe ser realizado por una autoridad nacional.
No obstante, pese a que el gobierno de México no puede realizar ningún proceso de precalificación, el BCIE dio el visto bueno al MTI para utilizar el mecanismo de “lista corta”, criticado incluso por una empresa mexicana en tiempos de la licitación ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
A finales de agosto de 2005, cuando Confidencial y EL NUEVO DIARIO iniciaron una investigación periodística sobre este caso, Manuel Salgado, Director General de Vialidad del MTI, confirmó a este semanario la protesta interpuesta ante la instancia mexicana.
--Hubo una queja de una empresa mexicana ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, revelando que el proceso no fue abierto. ¿Conoce de esto?, le preguntamos en esa fecha.
--“Sí, pero los organismos vos sabés que no van a dejarte pasar nada si ellos no están totalmente de acuerdo con la forma en que se procedió la adquisición. Me refiero al BCIE en este caso, quien avaló. Si nosotros tuviéramos un error, el BCIE tiene la suficiente capacidad y conocimiento para decirte: “Mirá, este proceso está viciado”, dijo entonces Salgado.
En efecto, a pesar de las inconsistencias del proceso, el BCIE avaló todo el proceso: “Al respecto, tenemos el agrado de informarle que no hay ninguna objeción por parte del BCIE en el uso de una lista corta de empresas para la licitación, dado que la precalificación en cuestión proviene de la Dirección General de Evaluación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de México”, citó la carta del 20 de febrero firmada por Oscar Delgadillo.
Tal y como apuntamos anteriormente, no existió ninguna “precalificación” de parte de México ni se realizó proceso alguno, según los documentos del MTI.
De esta “lista corta” resultó ganadora la empresa mexicana Tradeco, involucrada, según nuestras investigaciones periodísticas, en actos de corrupción en el manejo de fondos públicos del pueblo de Nicaragua destinados a la carretera Chinandega-El Guasaule.