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BCIE confirma sobreprecio en Chinandega-El Guasaule

* Diputado Jarquín: “Debieron declarar desierta licitación” * MTI corrobora publicaciones de END: carretera se deteriora por tráfico pesado * De remate, mexicanos pueden cobrar por “maquinaria ociosa” y mayores costos adicionales * Tradeco retiró equipos

Oliver Bodan

Una carta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) confirmó que la oferta ganadora para rehabilitar la carretera Chinandega-El Guasaule fue “muy superior” a la propuesta presentada originalmente por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y aprobada por la misma institución regional.
La misiva fue enviada por Oscar Delgadillo, Gerente Regional del BCIE, a Carlos Pérez, Director de Construcción de Carreteras, el 4 de julio de 2003, y en ella el banco manifestó su no objeción “en que sea adjudicada la licitación a la empresa ganadora, Tradeco, ya que técnicamente se ha cumplido con todos los requerimientos establecidos”.
“No obstante, las obras no se podrán iniciar hasta no haber solucionado el problema del financiamiento adicional, dado que la oferta ganadora es muy superior a la propuesta presentada por el MTI y aprobada por el BCIE. Hemos iniciado las gestiones ante el gobierno mexicano, explorando la posibilidad de una posible ampliación de financiamiento”, citó el texto.
Esta posición del BCIE cambió radicalmente el 3 de octubre de 2003, una vez concluido el proceso de licitación y adjudicada la obra a la empresa mexicana Tradeco. Según otra resolución del Directorio de dicho banco, el proyecto tuvo “un incremento sustancial en el costo de las obras de rehabilitación, el que ahora asciende a US$30.6 millones, frente a US$19,5 millones”.
¿Por qué subió el precio? El BCIE alegó que en los “diseños revisados” se incorporaron otras actividades y “nuevas y mayores” especificaciones, así como “mayores distancias de acarreos, procesos de triturados de agregados y costos unitarios de materiales”. Asimismo, autorizó iniciar las obras de rehabilitación en los primeros 44.5 kilómetros.
Una investigación periodística de Confidencial y EL NUEVO DIARIO reveló que el MTI, entonces dirigido por el ex ministro Pedro Solórzano, subió el valor del proyecto, sin justificación técnica alguna, de 21 a 35 millones de dólares. Al final contrató a la empresa mexicana Tradeco por 29.9 millones de dólares.
Los documentos del BCIE forman parte de un “informe especial” que el MTI envió, en diciembre de 2005, a los diputados miembros de la Comisión de Transporte e Infraestructura, instancia a la que compareció el nuevo ministro Ricardo Vega luego de las publicaciones periodísticas.
En dicho informe se presentan las supuestas razones que justificaron el millonario sobreprecio en la obra, asimismo contiene documentos oficiales del MTI, BCIE e instituciones públicas mexicanas y hondureñas, y hace una comparación de precios de la carretera.
“Si la oferta era muy superior, simplemente debió haberse descartado esa oferta. Hay una responsabilidad compartida con el BCIE. Tampoco es palabra de Dios lo que dice el BCIE, yo tengo experiencias como ingeniero, donde les metieron gato por liebre: el hotel El Recreo, por el Colegio Centroamérica, es un monumento a la ineficiencia”, declaró el diputado Agustín Jarquín.
“Este aumento de precios debe investigarse, me da la impresión que se está actuando sobre hechos consumados. Tenemos que pronunciarnos sobre este tema, y hay algunas interrogantes que hay que despejar”, agregó Jarquín.
La obra actualmente se encuentra paralizada, a la espera que la Asamblea Nacional apruebe una ampliación financiera por 11 millones de dólares. Según Jarquín, dicho préstamo se encuentra actualmente en fase de dictamen.
“Si aquí hay una anomalía, no puede darse una continuidad de esa anomalía. Éste es uno de los temas priorizados por dos cosas: que la inversión no se siga afectando y que continúe el proceso hasta concluir la construcción de la carretera”, destacó.
El legislador adelantó que solicitarán los supuestos informes del BID y consultores privados alegados por el ex ministro Pedro Solórzano --e incluidos en el “informe especial” del MTI-- como el argumento para subir el precio de la obra 14 millones de dólares más, pues, supuestamente, los precios unitarios estaban subvalorados.
Dicha consulta a Honduras, y su respuesta, fue criticada por Jarquín: “No lo veo regular, aquí hay suficiente experiencia para determinar los precios. Lamentablemente las instituciones de gobierno han subestimado los conocimientos y experiencia de los profesionales nicaragüenses, de manera tal que no participan en estos procesos empresas nacionales, una norma que existía anteriormente y que debería volver”.
Jarquín advirtió que una posible aprobación del préstamo “de ninguna manera significa una no objeción a las inconsistencias presentadas en esta construcción”. “Esto amerita una indagación, y la vamos a continuar en el MTI”, insistió.
El ingeniero Fernando Valle, Gerente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, coincidió con el diputado Jarquín al conocer la carta del BCIE: “La oferta debió haberse declarado desierta y debió haberse vuelto a licitar la obra”.
“Es mejor liquidar el contrato actual y sacarlo a una verdadera licitación pública, ya lo debieron de haber hecho si saben que no tienen los reales”, dijo Valle.
Todo el procedimiento realizado por el MTI y avalado por el BCIE habría violado la Ley 323, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Según el artículo 82 de dicha legislación, “una oferta deberá ser descalificada” cuando “presenten un precio inaceptable, por lo cual se entenderá: excesivo en relación con los precios normales de mercado o por encima de una justa o razonable utilidad”.
Y en este caso, la misma carta del BCIE reveló un aumento de US$11.1 millones: “La oferta ganadora es muy superior a la propuesta presentada por el MTI y aprobada por el BCIE”.

Informe: “Situación difícil”
* El contratista durante los meses de septiembre, octubre y noviembre fue poco a poco retirando equipos del proyecto, ocurriendo que se quedara sin trituradoras y sin agregado fino para la carpeta, razón por la que a pesar de disponer aún de un saldo cercano a US$1,2 millones, no tiene posibilidades de ejecutarlo.
* El supervisor ha estado inventariando periódicamente el equipo existente en el proyecto e informando al MTI, y en el último reporte (21/11/05) se informa del retiro total del equipo de acarreo y del desmontaje para retiro de la planta asfáltica. El contratista plantea reactivar el proyecto sólo si se restituye la situación contractual y si recibe el adelanto complementario.
* La situación actual se torna difícil, por cuanto no se quiere decir al contratista que se desmovilice, pues podría ocurrir una pronta solución a la causa que está produciendo esta situación, sin embargo, existe la posibilidad de que Tradeco Infraestructura S.A. plantee un cobro por maquinaria ociosa, y es una realidad que continúa cargando además costos indirectos, como alquiler de locales para oficinas, viviendas, planteles y otros, personal de dirección, etc., que evidentemente demandará también facturar como costos adicionales del proyecto.
* En la actualidad, el proyecto sufre un proceso de paralización, a la espera que se apruebe el financiamiento complementario de US$11.1 millones de parte de la Asamblea Nacional, lo cual es requerido con suma urgencia para proteger las obras ya ejecutadas y finalizar el proyecto, ya que el tráfico internacional está utilizando la vía en mayor grado, dada la comodidad de tener 53.5 kilómetros cubiertos con mezcla asfáltica, la cual puede deteriorarse con el avance del tiempo en la sección que aún le falta a la carpeta de rodadura.
* Según el informe, de los 72 kilómetros en total que tiene la carretera, únicamente 20.5 tienen la última capa de pavimento. El resto tiene dos características: únicamente posee la llamada capa negra o no ha sido rehabilitada del todo. Tradeco ha ejecutado, de acuerdo con el MTI, US$17,904,801.19.
Fuente: Informe presentado por el MTI ante diputados de la Comisión de Transporte e Infraestructura.