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Poco control interno en Presupuesto


Gustavo Alvarez

Desconocimiento de los controles internos y una fiscalización poco eficiente de los recursos destinados a proyectos sociales, son algunos de los señalamientos que diferentes sectores hacen al Ministerio de Hacienda y al gobierno en general, coincidiendo con el estudio del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria de 2005, en el que Nicaragua aparece aplazada en esta materia.
Dicho informe, elaborado en ocho países latinoamericanos, refleja que Nicaragua y El Salvador son las dos naciones en las que se produce una disminución de casi ocho puntos en el índice de transparencia.
En Nicaragua el estudio fue elaborado por el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) y, entre otros aspectos, señala que en este país no existen mecanismos formales claros en la elaboración del Presupuesto para la participación ciudadana.
El estudio considera que en todos los países evaluados, los controles internos son deficitarios y esto incluye a Nicaragua.
Ana Quirós, Directora de Cisas, dijo que en general Nicaragua aparece aplazada, y llama la atención la caída de casi ocho puntos en el índice general.
Agregó que el empeoramiento en la percepción de la transparencia presupuestaria se produce a pesar de que hay nuevos instrumentos como la Ley de Deuda Pública, que es posterior al índice de 2003.
Además del débil control interno, que corresponde al mismo Poder Ejecutivo, también aparece con opinión negativa el control externo, que es una función de la Contraloría General de la República.
“Es preocupante, más que novedoso, porque como dice el refrán popular: ‘En arca abierta el justo peca’”, dijo Quirós.
También externó su preocupación por el tema de la participación ciudadana, que aparece mal evaluado, a pesar de que existe una Ley de Participación Ciudadana, que fue aprobada posterior al índice de 2003.
Gobierno lo minimiza
Para Álvaro Porta, asesor del ministro de Hacienda y Crédito Público, el estudio está basado en la percepción de un grupo de entrevistados, cuya opinión se debe respetar, pero que no deben tomarse como un valor absoluto.
“Hay que hacer un estudio de la realidad, si existe Ley, y si se está cumpliendo o no la Ley de Administración Financiera, o si hay o no transparencia en la elaboración del Presupuesto”, señaló.
Destacó el hecho de la aprobación de la Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario (Ley 550), que establece que todas las entidades que tocan fondos públicos están obligadas a rendir cuentas.
Porta dijo que además de los controles que establece el Sistema Integrado de Gerencia Financiera (Sigfa), se puede conocer diariamente cómo va ejecutando los recursos cada institución, además de informes mensuales, trimestrales y de cierre de año.
Para reforzar los controles, Porta afirmó que todas las entidades públicas deben tener un auditor, los que están bajo la dirección de la Contraloría.
Pero cuando le preguntamos por qué a pesar de tantos controles surgen denuncias de irregularidades en varias instituciones, Porta indicó que cuando hay situaciones de violación al marco jurídico, no le corresponde a Hacienda el caso, sino a la Contraloría.
Ana Quirós, sin embargo, aseguró que la mayoría de los funcionarios de gobierno consultados en el estudio no supieron responder cuál es la institución encargada de llevar los controles de la ejecución presupuestaria.
Añadió que el estudio no es sólo percepción, sino que también lleva un análisis basado en los hechos.
Consideró, además, que los diputados deben ser más beligerantes en los controles para la ejecución presupuestaria, ya que los casos de interpelación de funcionarios públicos sólo se han hecho por rivalidades políticas.
No hay voluntad
de cumplir ley
Para el diputado sandinista de la Comisión Económica del Parlamento, Wálmaro Gutiérrez, el avance que se pretendía lograr con la aprobación de la Ley 550 quedó en papel mojado, por la falta de voluntad del gobierno de querer cumplirla y ser más transparente en la elaboración y ejecución del Presupuesto.
Aseguró que en el proyecto del Presupuesto de 2006, el gobierno ocultó más de 980 millones de córdobas por vía de ingresos tributarios, que no están calculados dentro de las recaudaciones de impuestos.
“Independientemente de que por un lado hemos avanzado, por otro lado, mientras no tengamos un gobierno comprometido con la transparencia, difícilmente vamos a tener avances reales y objetivos en materia de transparencia, fiscalización y ejecución de los recursos públicos”, expresó.
Gutiérrez señaló que desde el punto de vista del Poder Legislativo, sí ha habido avances en este campo, porque han aprobado nuevas leyes que se enfocan a mejorar los mecanismos para hacer más transparente la elaboración y ejecución presupuestaria.
Sin embargo, reconoció que en la práctica, “al analizar la eficacia de la aplicación de la norma, te das cuenta que no hemos hecho muchos avances”.
No pueden invadir funciones
Sobre los señalamientos que economistas y representantes de organismos sociales hacen a los diputados, por no ejercer una mayor fiscalización de la ejecución presupuestaria de las instituciones del Estado, Gutiérrez dijo que ese papel no les corresponde.
“Una cosa es que la Asamblea Nacional tenga un papel de auditor social, que creo que es un rol que todos los diputados deberíamos jugar, y otra es tener el cuidado, la precaución de no invadir esferas que la misma constitución de la República le delega como responsabilidad inherente a otros organismos del Estado”, subrayó.
Añadió que los diputados no pueden sustituir el papel de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Hacienda en la fiscalización de los recursos públicos.
“Yo puedo ejercer una auditoría social, puedo llegar al municipio, a la comarca, y con el mamotreto del Presupuesto revisar si ese camino realmente se reparó, si ese puente realmente se reparó, si esa aula de clase cuenta con los pupitres que dice el Presupuesto que va a tener, pero lo que es la auditoría como tal, los mecanismos de fiscalización, control y formación de la ejecución presupuestaria, no le corresponden a la Asamblea Nacional”, enfatizó.
Diputados deben dar seguimiento
El economista consideró que los diputados deben darle seguimiento a la ejecución presupuestaria, porque si ellos representan a regiones y departamentos, deben estar seguros de que esos recursos que se aprobaron para que se materialicen en las obras que ellos proyectaron y que beneficiarán a la gente.
“Es decir, cuando se le asignan 200 galones de gasolina a un diputado no es para ‘turistear’, sino para que se traslade a las regiones de donde es originario y recoja las demandas de los pobladores, y fiscalice si los proyectos que se están ejecutando, son los que ayudó a aprobar en la Asamblea Nacional”, puntualizó.
Lo que dice informe
El Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria fue elaborado en ocho países: Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú. El estudio coloca a Costa Rica y Colombia como los dos países con mejores calificaciones en materia de transparencia presupuestaria. Con la excepción de El Salvador y Colombia, en el resto de países no se publica un Presupuesto que facilite el entendimiento del mismo.
En el caso de Nicaragua, al igual que en el informe de 2003, la mayor parte de las calificaciones obtenidas son muy bajas: la transparencia presupuestaria cayó casi 8 % en el índice general en el caso nicaragüense. El área más crítica o peor evaluada es la del control interno, que recibió sólo un 5 por ciento de valoraciones positivas, reduciéndose a menos de la mitad las opiniones positivas con relación al estudio de 2003.
Cuando se analiza la fiscalización del Presupuesto, también se refleja una caída de las opiniones favorables con respecto a 2003, de casi 7 puntos porcentuales, pasando de 19 a 12.4 %.
En Nicaragua la participación ciudadana en el Presupuesto aparece mal calificada, con sólo el 10 % de opiniones positivas. El estudio indica que al igual que en 2003, Nicaragua obtuvo la peor valoración de todos los países evaluados, a pesar de que mejoró en 2005 el 2 % en opiniones positivas. Añade que hay poca fiscalización y aún no están disponibles las normas y procedimientos para este aspecto. Además, no existe una valoración de los resultados, de los niveles de ejecución, ni de la calidad misma del Presupuesto, dice el informe.
El estudio recomienda dar a conocer en detalle la Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario (Ley 550), que viene a mejorar los controles para el manejo de los recursos del Estado.
PresupuestoPara el economista Sergio Santamaría, el Poder Ejecutivo continúa ocultando información en el Presupuesto de la República, ya que en el de 2006 no aparecen los ingresos de algunas instituciones estatales.
“No aparece la cooperación de la Empresa de Aeropuertos, que es parte del Estado de Nicaragua y que de alguna manera la población necesita conocer”, aseguró.
El economista añadió que un organismo de cooperación de un país europeo se mostró extrañado hace pocos días, porque todos los montos presupuestados por ellos para la ejecución de 2006 no estaban incluidos en el Presupuesto.
“Nos parece que estamos enviando señales equivocadas a la comunidad internacional”, subrayó.
Reconoció que ha habido algunos esfuerzos para tratar de mejorar la transparencia presupuestaria, pero que falta mayor profundización en el tema.
“Se debe aclarar cómo van los proyectos, cuáles son las limitaciones y los problemas, el porqué no se materializan las obras que fueron consignadas a ser ejecutadas en el Presupuesto de la República”, indicó.
Santamaría descalificó el famoso Sigfa, que costó tantos millones de dólares al gobierno para controlar mejor la ejecución presupuestaria y no ha funcionado.
“El problema es que una cosa es la asignación presupuestaria y otra es la ejecución y el avance de obras. Lo que se tiene que estudiar es que lo que se asigne se ejecute y se logre alcanzar”, aseveró.
Como ejemplo de lo que se debe hacer, señaló que cuando se aprueba un proyecto de una carretera, se supone que ese proyecto se justifica porque le va a dar beneficios netos al país.
“Si una obra es inconclusa, por ejemplo el caso de la carretera a El Guasaule, si no se concluye o se posterga la finalización de esa obra, todos los beneficios atribuidos a la disminución de los costos de operación vehicular, disminución de costos de mantenimientos, disminución de accidentes y los tiempos de viaje que fueron consignados cuando se formuló el proyecto, sencillamente no se están alcanzando”, dijo. oculta información