Economía

Buscan proyecto fiscal más equitativo en Centroamérica


Gustavo Alvarez

Una concertación social para lograr un proyecto fiscal que beneficie a la población, basado en un sistema de tributación más progresivo y que se pueda distribuir de la manera más equitativa, es la propuesta reciente que hizo el diputado salvadoreño Héctor Dada Hirezi, en un debate que se llevó a cabo en la Embajada de los Países Bajos.
El debate es parte del proyecto “Democracia, cohesión social e integración regional”, que organiza dicha sede diplomática, cuyo tema fue “Crecimiento económico y desarrollo social”, al que también asistieron representantes de organismos internacionales y parlamentarios de Centroamérica.
El diputado salvadoreño, quien es miembro de las comisiones de Economía y Agricultura y de Hacienda y del Presupuesto del parlamento salvadoreño, aseguró que debe tenerse presente la posibilidad de un pacto fiscal, tomando en cuenta los Tratados de Libre Comercio (TLC), en el que los actores nacionales asumen acuerdos que pueden estar sobre los temas fiscales.
Dijo que si bien la definición de las políticas relativas a las finanzas públicas es un resorte de lo que se considera la “soberanía de los Estados”, no pueden ignorarse las condicionantes que surgen de los acuerdos y tratados internacionales.
Por lo cual, dichos temas se deben llevar a una mesa de negociación y se debe tomar en cuenta actores sociales y políticos externos, ya que este tipo de temas exige de decisiones intergubernamentales.
El parlamentario aseguró que para los países de la región, la aprobación reciente del Cafta, regula los aranceles al comercio para las importaciones, así como las exportaciones que se hagan a Estados Unidos.
“Esto representa una disminución importante de los aranceles a la importación, porque sus disposiciones abren un proceso de progresiva reducción a los impuestos a los productos provenientes de Estados Unidos y la eliminación de los mismos a un plazo determinado”, expresó.
El diputado señaló que la importancia de una concertación social para la fiscalidad pública es mayor en la medida en la que las sociedades tienen institucionalidades menos maduras para sostener su sistema democrático o desconfianzas mayores sobre la responsabilidad de sus dirigentes políticos en la solución de los problemas de los ciudadanos.
“Pero a su vez, estos factores tienden a dificultar un proceso de concertación. La polarización política de algunos países, por ejemplo, ha llevado a entrampar tanto las decisiones fiscales, que los gobernantes han preferido obviar requisitos constitucionales para imponer sus propuestas de financiamiento del aparato del Estado, con consecuencias sobre las instituciones difíciles de predecir”, anotó.

Balance entre tributación y gastos
El diputado dijo que no se puede olvidar el tema de la interacción entre la política de recaudación y la política de gastos, de tal manera que no sólo se trate de ser justos en el cobro de los impuestos, sino también en la distribución de los ingresos tributarios en beneficio de la población.
“No basta decir que una política fiscal es progresiva si la tributación es progresiva, si al balancearla con los efectos de las decisiones de los gastos públicos, se comprueba que éstos tienen un nivel de regresividad que compensa con creces los efectos de la primera o viceversa”, expresó.
Señaló además que la decisión de orientación del gasto debe estar acompañada de la capacidad de ejecución del Estado, si se quiere que afecte positivamente a los potenciales beneficiarios.
“Así como el caso de la tributación, es indispensable considerar la capacidad de recaudación de las instituciones del Estado, en el caso de los gastos, la posibilidad de ser eficiente al proporcionar bienes y beneficios a los ciudadanos con los recursos que ellos aportan, se vuelve también un elemento básico en las consideraciones que fundamentan las decisiones”, dijo.
Esto comprende no sólo la capacidad de ejecución física y técnica de los proyectos, sino además, en la idoneidad de los mecanismos de control sobre la utilización de los fondos y su orientación hacia posbeneficiarios establecidos.
Claudio Santibáñez, especialista en desarrollo social y género del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien participó en el debate, afirmó que la política tributaria depende mucho de la capacidad de administración de los gobiernos.
Agregó que un sistema tributario ya establecido es difícil de cambiarlo de dirección, y en el caso de Nicaragua y Centroamérica, es más fácil cambiar su trayectoria si existe consenso.
Santibáñez manifestó que es importante establecer políticas fiscales que se mantengan por períodos más allá de un gobierno y más focalizada en el gasto en reducción de la pobreza.

Política fiscal perversa
El diputado sandinista Edwin Castro, quien también participó en el debate, dijo que Nicaragua, al igual que la mayoría de los países de la región, tiene una política fiscal perversa, en la que los ricos son subsidiados y los pobres requieren de incentivos fiscales.
Agregó que la Nicaragua tiene la carga tributaria más alta de Centroamérica, pero la peor distribuida, en la que el 70 por ciento proviene de tributos indirectos y con más cargas en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Castro señaló que también urge mejorar las recaudaciones en las alcaldías y lograr una mayor participación de la ciudadanía.
Pero sobre todo, trabajar en un sistema fiscal en el que los que tienen menos paguen menos, y los que tienen más, que paguen.