Economía

Microfinancieras “emigran” hacia la regulación

Durante muchos años las asociaciones de microfinanzas han estado demandando la aprobación de una ley para ser reguladas por la Superintendencia de Bancos, con el objetivo de recibir depósitos del público y poder continuar creciendo, pero tras largas discusiones no se pudo lograr la aprobación de dicha legislación, por lo cual sumado a la incertidumbre ocasionada por un discurso político gubernamental que “enturbia” el mercado, una buena parte de estas instituciones están optando por dar el salto al sector regulado

Gustavo Alvarez

Surgieron al final de la década del 90, tras el cierre del Banco Nacional de Desarrollo, para tratar de cubrir parte de la demanda de crédito del sector productivo. Se trata de las microfinancieras, instituciones que han logrado un fuerte impacto en la actividad económica del país, a pesar de las críticas que reciben de parte de algunos sectores por los altos intereses que cobran.
Después de ser un grupo de asociaciones sin fines de lucro que apoyaba al sector productivo con programas de capacitación y financiamiento, las microfinancieras abarcan ahora un amplio mercado del sector que no tiene acceso a la banca, con una cartera crediticia que casi llega a los 200 millones de dólares.
La tendencia es normal en un país con un bajo índice de bancarización (acceso a la banca por parte de la población), que según estudios de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), en algunos países latinoamericanos como el nuestro es de un 25 por ciento.
Pero pese al crecimiento que han venido experimentando, aunque no tengan una legislación que las regule, se está notando una tendencia a cambiarse de microfinanciera a financiera y otras continúan “saltando” hasta convertirse en bancos.
El superintendente de Bancos, Víctor Urcuyo, informó que existen 15 solicitudes de microfinancieras que esperan la autorización para convertirse en financieras.
Anteriormente, algunas microfinancieras decidieron dar ese paso, comenzando con Chispa, la que se unió a Servicredit e Interfin, para conformar la financiera Confía y luego siguieron FAMA, Finde y ProCredit. Este último ya es banco, mientras Finde se convirtió en la financiera Findesa y está en proceso de transformarse en banco.
Sin embargo, el número de las que ahora quieren cambiar es considerable; 15 de las 20 microfinancieras afiliadas a Asomif están solicitando la autorización para transformarse en financieras.
Para Urcuyo, el interés de las microfinancieras de pasar a ser financieras se debe al prestigio que las instituciones ganan al hacer el cambio y a las relaciones que obtienen con organismos internacionales e inversionistas extranjeros que desean invertir en bancos o financieras.
Pero para Alfredo Alaniz, Director Ejecutivo de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), la tendencia al cambio se debe a dos situaciones fundamentales: un discurso político negativo de parte del gobierno hacia este sector y el obstáculo legal que enfrentan estas instituciones, al no poder captar recursos del público para continuar creciendo.
Falta legislación
El largo trabajo para lograr la aprobación de una ley de regulación, que les permitiría a las microfinancieras captar recursos del público y continuar creciendo, ha sido largo y tedioso.
Después de haber obtenido un dictamen de consenso en la Asamblea Nacional, el gobierno anterior y los organismos internacionales se opusieron y comenzó una fuerte discusión que terminó en una propuesta por reformar dicha iniciativa legal.
Pero según Alaniz, a un proyecto de ley de 50 artículos se le hicieron 26 enmiendas, lo que significaba transformar completamente la esencia de la Ley, la cual terminaron rechazando los representantes de Asomif, la Superintendencia de Bancos y los mismos diputados, lo que hizo que la iniciativa de ley se engavetara y las microfinancieras vieran frustrado su objetivo.
Un estudio del bufete Núñez, Rizo, Zambrana indica que la Superintendencia de Bancos no tiene capacidad para supervisar el trabajo de tantas microfinancieras y que se hacía necesario la conformación de otra entidad para regular a estas instituciones.
Discurso negativo
Alaniz recordó la supuesta “usura cero” que mencionó el presidente Daniel Ortega en uno de sus discursos como una amenaza a las microfinancieras, instituciones que constantemente son criticadas por los altos intereses que cobran.
El director ejecutivo de Asomif dijo que el discurso negativo del gobierno comenzó con el anuncio de que antes del Banco de Fomento vendría crédito barato procedente de Venezuela, el cual primero se dijo que se otorgaría al cero por ciento y después al 5 por ciento, pero que según organizaciones de productores, realmente se está otorgando al 20 por ciento y después de lo de la “usura cero”.
“El discurso político es agresivo y pone en riesgo no sólo la existencia de la institución, sino también del servicio, porque tenemos 350 mil clientes, lo que significa cerca de 1 millón de personas si se incluyen sus familiares”, expresó.
Añadió que tal situación les hace temer que al gobierno se le ocurra un disparate que eche por tierra todo el esfuerzo que llevan a cabo desde hace muchos años.
Alaniz aseguró que con un 5 por ciento de interés es imposible trabajar, al menos que el gobierno decidiera subsidiar los costos administrativos en que incurren las microfinancieras para llevar el dinero hasta los productores, muchos de los cuales están en zonas de difícil acceso y donde la banca no llega.
Explicó que el promedio al que prestan las microfinancieras en Nicaragua es del 31 por ciento, y a nivel mundial las tasas de interés del microcrédito oscilan entre el 27 y el 35 por ciento, según los estudios del Banco Mundial.
El representante de la organización de microfinancieras dijo que los costos administrativos del microcrédito son más caros que los grandes que administra la banca, porque son montos pequeños, están muy dispersos y generalmente en sectores de difícil acceso.
El riesgo del cambio
Alaniz señaló que las microfinancieras han funcionado como una válvula de escape desde el punto de vista social, evitando que más gente emigre hacia Costa Rica y Estados Unidos o, lo que sería peor, un conflicto social o niveles superiores de desempleo.
Sin embargo, al cambiarse al mercado regulado, muchos creen que en cuanto las instituciones se vuelven con ánimo de lucro, se corre el riesgo de que se pierda la misión social y que ya no se piense en el combate a la pobreza, que fue el objetivo del nacimiento de las mismas y se transformen en un negocio mercantil.
“Nacieron con una misión social y hay una resistencia, cierto dolor en convertirse y pensar que esto obligará a abandonar la misión”, apuntó.
Afirmó que algunos dicen que no se tiene por qué perder el objetivo, pero se ha observado que con la conversión entran otros inversionistas, fondos privados de riesgo del exterior, que invierten en instituciones que consideran de alto riesgo, para obtener grandes ganancias y el objetivo es remunerar esos capitales.
Todo ello puede terminar, según los representantes de las microfinancieras, en dejar de funcionar bajo el principio del combate a la pobreza y terminar esquilmando a los pobres.

La importancia de las microfinancieras
El sector de las microfinancieras posee una cartera de crédito de casi 200 millones de dólares, con una clientela de 350 mil personas, que significa el apoyo a un millón de personas, si se toman en cuenta los familiares de las mismas.
Sin embargo, las cifras toman en cuenta a las afiliadas, que son unas 20 instituciones especializadas en microfinanzas. Las más grandes, incluyendo algunas no afiliadas, son 28, pero existen entre 100 y 150 en total si se toma en cuenta que se dedican a este tipo de actividades, incluyendo una cantidad de organismos no gubernamentales y cooperativas.
Según Alaniz, tomando en cuenta a todo el sector, la cartera de crédito sube a 370 millones de dólares, incluyendo las financieras y bancos que surgieron de este sector y que continúan en las microfinanzas.
A diferencia de la banca, donde el 60 por ciento de la cartera está en tarjetas de crédito y comercio, las microfinancieras destinan la mayor parte al sector productivo y otras necesidades como vivienda.
Según Asomif, en 2006, el 47 por ciento de la cartera de crédito estaba colocado en actividades agropecuarias, el 26 por ciento en comercio, el 10 por ciento en vivienda, el 8 por ciento en servicios, industria y otros. Sólo el 9 por ciento estaba dedicado a consumo.
Las instituciones de microfinanzas consideran que con una ley que las regule, podrían obtener el crecimiento necesario para llegar a más nicaragüenses y probablemente a más bajo costo, facilitando el crédito a personas que la banca no atiende.