Economía

Radiografía de una movida oscura con los Cenis


Edgard Barberena

Una herramienta fundamental referida a conocer con detalles los entretelones que hubo con la emisión de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) recibieron los 38 diputados de la bancada del FSLN de manos del especialista en asuntos económicos, doctor Néstor Avendaño.
El informe hace una radiografía de la deuda emitida a consecuencia de las intervenciones y liquidaciones del Interbank, Bancafé, Bamer y Banic con base en información oficial que el economista recibió de la Contraloría General de la República (CGR), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), del Banco Central (BCN) y de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Siboif).
Dice Avendaño que a la fecha de la intervención del Bamer y del Banic se encontraba vigente la Ley de Garantía de Depósitos (Fogade), que garantizaba el 100% de los depósitos del público en los bancos, por lo que autorizaron al presidente del BCN emitir los Cenis por el valor necesario para cubrir la brecha entre los activos adquiridos y los pasivos asumidos por el banco adquirente.
Asegura el economista que con la formación de las Juntas Liquidadoras, como en el caso del Interbank, se violó la Ley General de Bancos, que en uno de sus artículos dice que “no podrán ser miembros de la Junta Directiva de un banco: …los directores, gerentes, funcionarios, mandatarios o empleados de cualquier otro banco”.
La Junta Liquidadora del Interbank, nombrada el 16 de mayo de 2001, tuvo como presidente a Rodolfo Delgado Cáceres, quien en ese momento “todavía era liquidador del Banco Nacional de Desarrollo y además propietario de la microfinanciera Coficsa. También fueron miembros de esa junta Fernando Rodríguez Alaniz, funcionario del BC, y Juan José Rodríguez Gurdián, director jurídico del mismo Banco Central.

Otras Perlas
Agrega el informe que en el caso de Bancafé, se nombró como miembro de la Junta Liquidadora a Carlos Matus, quien era gerente general del Bancafé al momento de su intervención. En el caso del Banic, se nombró miembro de la Junta Liquidadora a Guillermo Lugo Alaniz, quien fungía como gerente general del Banic al momento de su intervención.
Señala el informe que Arturo Arana, Gerente General del Banpro, adquirente del Interbank, también fue miembro de la Junta Liquidadora del Banades, por lo que a juicio del economista hubo violación al artículo 106 de la Ley General de Bancos, Instituciones no Bancarias y Grupos Financieros.
La Junta Liquidadora del Interbank funcionó un año y 11 meses; la junta que liquidó el Bancafé operó dos años y seis meses; la junta que liquidó el Bamer funcionó un año y nueve meses; y la junta que terminó el Banic funcionó un año y dos meses.
El exceso en cobros hecho por miembros de las Juntas Liquidadoras, la reacción de la Contraloría General de la República por denuncias hechas en los medios de comunicación, sanciones aprobadas, el saldo de los Cenis reestructurados con los bonos bancarios por 320 millones de dólares al 2003 y otros elementos forman parte del informe.
Contiene también el informe de detalles sobre la denuncia de nulidad de los Cenis que emitió la CGR el 4 de agosto de 2005, documento del que la institución fiscalizadora de los bienes públicos remitió la resolución a la Procuraduría General de la República, para que en representación de los intereses del Estado ejerciera las acciones legales en la vía jurisdiccional competente.
Esa resolución fue recurrida de amparo ante las autoridades judiciales y hasta la fecha está pendiente de fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Incluye también el informe la resolución de la investigación que hizo sobre los Cenis una comisión especial de diputados de la anterior legislatura y que estuvo presidida por el entonces legislador doctor Donald Lacayo.
Esa resolución legislativa instó al Ministerio Público para que investigue y ejerza la acción correspondiente y a la Procuraduría General de la República actuar de inmediato por la vía civil para que se cumpla la resolución de la CGR que ordena la suspensión inmediata del pago de los Cenis que fueron denunciados nulos.