Economía

Inadmisible financiar con fondos públicos a negocios privados

* Esfuerzo en defensa de finanzas estatales, según mensaje * No hay estudio de impacto fiscal, afirman expertos

Doce profesionales de la Economía y del Derecho Fiscal suscribieron un pronunciamiento en el que llaman a los diputados de la Asamblea Nacional a rechazar toda posibilidad de que el Estado financie negocios privados a través de la llamada ley de Bonos de Inversión Turística (BIT), que fue aprobada en lo general por el Parlamento hace aproximadamente dos años.
El pronunciamiento titulado por el grupo como “Exhortación a la Asamblea Nacional sobre la Ley BIT” es planteado a la sociedad civil y a los diputados como un esfuerzo de profesionales, docentes e investigadores de las finanzas del Estado en defensa de la hacienda pública.
Entre el grupo de economistas y abogados están Francisco Laínez Matamoros, José Luis Medal Mendieta, Néstor Avendaño Castellón, Sergio Santamaría Zapata, Orlando Núñez Soto, Julio Francisco Báez Cortés, Cirilo Otero Escorcia, Adolfo Acevedo Vogl,
Róger Cerda Pérez, Alejandro Aguilar Altamirano, Reynaldo Balladares Saballos y Oscar-René Vargas Escobar.
El pronunciamiento surge tras un fuerte enfrentamiento que sostuvieron economistas y expertos en Derecho Tributario en contra de los alcances de la ley mencionada, quienes afirman que afectará las finanzas del país para los próximos 10 ó 20 años. El Director General de Ingresos, Róger Arteaga, dijo a inicios de año que el dreno en las finanzas públicas sería aproximadamente de 700 millones de dólares.
Señalan los miembros del grupo que la exhortación está basada en la Constitución Política y en principios universales de promoción y defensa de la hacienda pública, alrededor del proyecto de Ley Especial de Creación de los Bonos para Inversión Turística, conocido como Ley BIT.
De acuerdo con el criterio de los profesionales de la Economía y del Derecho Fiscal, “desde el punto de vista estrictamente académico, e independientemente de las buenas intenciones que pudiesen animar a los promotores de la ley BIT, resulta inadmisible incentivar a un sector de la economía nacional mediante financiamiento estatal con los impuestos de los contribuyentes”.
Estado no puede pagar deudas privadas
Recuerdan que con este caso se pretende hacer pasar la ley a favor de determinados proyectos turísticos, financiándolos con recursos que en lugar de ser recaudados para el erario piensan orientarse hacia la edificación y funcionamiento de empresas privadas.
En ese sentido aseguran que, por principio técnico inmutable, el Estado jamás debe pagar deudas de particulares.
Esta iniciativa, dicen los especialistas, ha sido objeto de fundadas críticas de expertos y organizaciones especializadas en la disciplina financiera, entre las que destacan la Dirección General de Ingresos (DGI), la Comisión Económica de la Asamblea Nacional y las bancadas mayoritarias de ese poder del Estado. También, señala el documento, esta iniciativa de ley fue criticada por el Consejo Nacional de Universidades y por el Fondo Monetario Internacional.
De acuerdo con el mensaje, es el primer caso en la historia fiscal del país que se realiza un proyecto de ley con el objetivo esencial de financiar proyectos de inversión privada con dinero público, sin disponer del mínimo estudio jurídico y técnico estatal sobre el impacto y viabilidad de esa medida, señalando que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aún no responde la solicitud oficial que en tal sentido le formuló el Poder Legislativo.
“La presión ejercida por grupos de interés para su aprobación en las postrimerías del gobierno del presidente Enrique Bolaños no es consecuente con la trascendencia de los efectos financieros e inconstitucionales que durante años la llamada Ley BIT provocará en el Presupuesto de la República”, sostiene el grupo.
Por lo tanto solicitan a los diputados que rechacen otorgar un régimen especial en perjuicio del interés nacional y demandan que sean las autoridades electas el cinco de noviembre del corriente año quienes consulten y formulen la tantas veces prometida Política Nacional de Incentivos a la Inversión en Nicaragua.