Economía

INSSista con Manuel


Manuel Israel Ruiz Arias
La empresa privada y las instituciones que constituyen el Estado tienen pleno conocimiento, que los trabajadores a sus servicios constituyen el más valioso y principal patrimonio, no sólo desde el punto de vista pragmático, sino que atendiendo una jerarquía de valores aún mayores, como es el de considerar el valor infinito de la vida humana. De ahí que todo aquello que tienda a prevenir los accidentes en el trabajo no sólo será útil para la sociedad, sino muy especialmente para el trabajador y sus familiares; aunque a veces, sin justificación alguna, los empleadores se oponen a la implementación de medidas de higiene y seguridad ocupacional, echando por la borda un conjunto de esfuerzo y entusiasmo laboral.
Dentro del ejercicio profesional y la docencia, se conoce que instituciones del Estado y empresas privadas, en grave daño para el trabajador, evaden, violan y eluden el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad ocupacional, y al producirse el accidente laboral, algunas empresas no cumplen con la obligación de reportar el accidente de trabajo al INSS o al Ministerio del Trabajo, con el argumento que se les deteriora el récord en el Programa “Empresa con Cero Accidentabilidad,” y se llega al extremo que ciertas empresas hasta cambian de razón social para evadir la responsabilidad establecida en la legislación de seguridad social.
Para poner en práctica el precepto No. 82 constitucional, de que los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les garanticen la integridad física, la salud, la higiene y la disminución de los riesgos profesionales, para hacer efectiva la seguridad ocupacional del trabajador, se hace necesario dar pasos armónicos entre otros:
Que las instituciones públicas, privadas y las organizaciones de los trabajadores, organicen campañas de concientización sobre la seguridad ocupacional que se observan en las instituciones, en particular las causas que originan los accidentes y las enfermedades profesionales. En la medida que las partes tomen conciencia del problema, los trabajadores no sólo aceptarán con entusiasmo las políticas, sino que participarán activamente en la implementación y desarrollo de los programas de higiene y seguridad ocupacional.
Como segundo paso, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, en coordinación con el Mitrab, aplicará con rigor los artículos 74 de la Ley de Seguridad Social, 82, 83 y 95 del Reglamento General de la Ley de Seguridad Social, imponiendo a empleadores las multas y el cobro de los capitales constitutivos, consistentes en la suma de dinero requerido para hacer frente al pago de las prestaciones médicas y económicas que se deriven del accidente. Las organizaciones de los trabajadores o el trabajador deben informar del accidente al INSS o al Ministerio del Trabajo cuando el empleador no cumple con su obligación.
El artículo 76 de la Ley de Seguridad Social libera al empleador de las obligaciones establecidas en el Código del Trabajo, al producirse un accidente laboral a condición que tenga afiliado al trabajador, y enteradas las cotizaciones respectivas, las que son deducibles en el pago del Impuesto sobre la Renta, por ser costo de producción. Caso contrario el INSS, además de recuperar las cotizaciones del trabajador impone al empleador multa pecuniaria por el incumplimiento de sus obligaciones.
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