Economía

Gobierno quiere esconder 900 millones

* Parlamentario dice que cálculos son amañados

Edgard Barberena

Wálmaro Gutiérrez denunció ayer que el Gobierno se quería “escamotear” más de 900 millones de córdobas producto de una sobre ejecución tributaria que al cerrar 2005 le dejará al fisco unos 1,400 millones de córdobas, dinero con el que perfectamente se le puede hacer frente a las demandas salariales planteadas por los médicos, trabajadores de la Salud y los maestros.
El señalamiento lo hizo el vicepresidente de la Comisión Económica de la AN durante las discusiones en lo general que antecedieron la aprobación de una reforma a la Ley No. 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario, que resultó aprobada con 73 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención.
Sobre el contenido de la reforma a la Ley, Gutiérrez dijo que esta reforma es el resultado de compromisos adquiridos en el diálogo nacional, ley que en su momento fue bastante polémica, y recordó que en principio la reforma tenía tres grandes elementos. El primero era dejar claro el ámbito de acción y competencia del Presupuesto de la República.
Un segundo elemento es sobre los cálculos que se hacen sobre los ingresos al presupuesto, al tiempo que recordó que “hemos denunciado y demostrado que el gobierno ha venido en una actitud de venir ocultando ingresos el Presupuesto para afectar los porcentajes constitucionales a que tienen derecho la CSJ, las universidades y las municipalidades, además de no permitir que la AN tenga la capacidad para poderles dirigir esos recursos a los beneficiados.
Un tercer elemento versaba respecto de en qué momento quedaba aprobada una modificación presupuestaria. “El Ejecutivo inicialmente tenía el interés de que una modificación presupuestaria presentada en la Secretaría del Parlamento y en los posteriores 30 días de su presentación no se aprobaba, que quedara aprobada de forma automática, algo que se entendiera como “un silencio legislativo”.

Clase de asesores que tiene el ejecutivo
“Nosotros le dijimos al Ejecutivo que el proceso de formación de la ley tiene rango constitucional, y sólo existe en la Constitución un artículo que expresa cuándo se aplica el silencio administrativo, que era en el caso de la ratificación de los convenios internacionales, que luego se modificó a través de una reforma Constitucional ya vigente y por lo consiguiente ya no existe ese mecanismo.
Dijo que el corazón de la reforma está en el artículo 2, “porque hemos discutido con el Ejecutivo de que no se puede seguir manteniendo ese patrón de comportamiento y ocultamiento de los recursos públicos. El Ejecutivo pretendía castrarle funciones constitucionales a la AN, dado que el Parlamento, cuando identifica una nueva fuente de ingresos, puede compulsarlas contra el gasto y así resolver las diferentes demandas planteadas al Presupuesto de la República.
“Por eso, el artículo en referencia plantea la formación de una comisión especial Ejecutivo-Legislativo para discutir sobre los nuevos ingresos, pero, el Ejecutivo en la formulación como el Legislativo en su discusión y aprobación, son soberanos en su actividad constitucional, y los resultados de la comisión técnica no inhibe a la AN en caso de que termine definiendo que existen nuevos ingresos, y, por lo tanto, éstos resuelvan los grandes problemas que enfrenta nuestro país”, dijo el parlamentario.

Artículo nuevo
En la reforma los diputados también aprobaron con 69 votos a favor un artículo nuevo sobre la deuda pública que presentó Bayardo Arce, el que dice lo siguiente: “Estructura anual de la Ley del Presupuesto General de la República. La estructura de la Ley Anual del Presupuesto General de la República que se establece en el artículo 64 de la presente ley, será efectiva a partir de la formulación presupuestaria del año 2008.
“Transitoriamente, la estructura del Presupuesto General de la República se regirá por la clasificación económica de ingresos y gastos del balance presupuestario que aprobó la Asamblea Nacional en el Presupuesto General de la República del año 2005”. Esta moción fue firmada por los diputados de las seis representaciones parlamentarias que están en diálogo nacional.
En el dictamen emitido por la Comisión Económica dice que el objetivo de aprobar las reformas a la Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario, tiene el propósito de regular el funcionamiento del proceso de aprobación del Presupuesto General de la República, por lo que se crea un equipo de apoyo que contribuya a dictaminar las nuevas asignaciones de recursos el que se pronunciará en un término de diez días.
Además, se establece un mecanismo que se agilice en este Poder del Estado el trámite de aprobación en un término de sesenta días a partir de la fecha de recepción en la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, para que sea incluido en la posterior reunión inmediata de la Junta Directiva para ser incorporada en adéndum, lo que hará aún más eficiente el proceso de aprobación.