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Cierran centro recreativo en San Marcos


Tania Goussen Acevedo

El señor José Tomás Ramos, propietario del centro recreativo Town Club, dijo a EL NUEVO DIARIO que en el mes de abril de 2009, el comisionado mayor Buenaventura Miranda Fitoria, jefe de la Policía en Carazo, cerró el local, ubicado en la carretera San Marcos-Masatepe, frente a la nueva estación policial de esta localidad, que se instaló hace cuatro años, mientras el bar restaurante opera desde hace 30 años.
“El cierre es arbitrario, y perjudica a varias cabezas de familias, hacemos un llamado a la comisionada Aminta Granera a que revise el caso, porque ya la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones de Masaya, envió un exhorto donde dice que el local debe operar, pero el comisionado no acató la resolución, por eso ya introdujimos un escrito en la Corte Suprema de Justicia”, dijo José Tomás, quien no cree que la actitud del alto mando policial sea política “yo fui presidente del Partido Liberal, pero mi negocio no tiene partido aquí disfrutan de todas las corrientes y colores”.

30 años de operar
Los cuatro hermanos propietarios del centro recreativo Town Club, aseveraron a El Nuevo Diario que desde hace 30 años han recibido el aval de las autoridades policiales y municipales para operar en la ciudad sanmarqueña, como bar, restaurante y centro donde se hacen fiestas públicas con conjuntos musicales nacionales y extranjeros.
Josefa Marcenaro, representante de los denunciantes, afirmó que “la negativa del jefe policial provoca un agravio en los afectados que tienen todo bajo ley, pero que el comisionado Buenaventura desacató el exhorto de los magistrados”.
Mientras tanto Victoria Ramos manifestó: “Nos están violentando nuestro derecho, el hizo una encuesta en el expediente emitido por las autoridades donde se lee que los vecinos dijeron que no les afectaba en nada el funcionamiento del centro recreativo”.
“Es algo personal, queremos justicia para seguir generando empleo, porque cómo es posible que varios negocios nuevos han abierto este año a escasos pasos de centros escolares, iglesias e instituciones del Estado y nada han hecho al respecto”.
Margarita Ramos, otra de las afectadas con voz entrecortada comentó: “es triste que se cierre un negocio por una decisión particular, preguntamos públicamente ¿por qué actúa así?”.

Evasivas de comisionados
El Nuevo Diario, como medio responsable, en más de doce ocasiones visitó la estación policial en busca del comisionado señalado por la arbitrariedad, pero fue en vano porque nunca se encontró en su oficina. También lo llamamos a su teléfono personal (del comisionado mayor Buenaventura Miranda Vitoria), y nos dijo de manera escurridiza que el segundo jefe brindaría declaraciones, pero lamentablemente este respondió que “ el único que conoce del caso y que está autorizado para dar declaraciones es el jefe de esta estación”.
Queda abierto el derecho a la réplica de las autoridades policiales, cuando lo estimen, para conocer su versión.