Departamentos

Madereros piden reformas a Ley de Veda Forestal


Leoncio Vanegas

SAN FERNANDO, NUEVA SEGOVIA
Para los propietarios de bosques e industria maderera, la aplicación de la Ley de Veda que lleva año y medio, fue “un tiro de gracia” para la economía de Nueva Segovia y afecta al sostenimiento del mismo recurso.
Además, argumentan que el elemento jurídico mandó al desempleo a unos cinco mil obreros, redujo drásticamente la actividad comercial y ahora son los empresarios del sector que se sienten acosados por las deudas bancarias, que está motivando hasta la emigración de la zona.
No obstante, la Ley todavía es considerada necesaria, que como lo figuró un diputado de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, vino a ser como un “torniquete para detener el torrente que sufrían los bosques con la explotación irracional que practicaban las grandes empresas del sector”.
Lo anterior fue parte del debate que se suscitó entre unos 60 miembros de la naciente Asociación de Productores Forestales y Microempresarios de Nueva Segovia “Eligio Andino Merlo” y diputados integrantes de la Cmarn-An, que se reunieron en la comarca Santa Clara, jurisdicción de San Fernando.
Estaban también presentes Jorge Canales, subdirector del Instituto Nacional Forestal (Inafor); Miguel Reyes, representando al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena); general Orlando Talavera, delegado del Ejército de Nicaragua ante la Comisión Nacional Forestal; comisionado Héctor Zelaya, por la Policía Nacional, y delegados departamentales de las respectivas instituciones.
Alcides Centeno, propietario de una finca forestal, considerada modelo para estudiar el desarrollo del bosque y su interacción económica-social, dijo que la ley, además de inconsulta, confiscó prácticamente el derecho a sus propiedades de unos 20 mil productores.
Reclamaron que en los considerandos de la ley no tomaron en cuenta los miles que viven sobre la franja fronteriza de 15 kilómetros, que abarca los principales centros urbanos del departamento, como Jalapa, Ocotal, San Fernando, sin que la ley incluyera una opción alterna de amortiguación a la medida.
Los actores del sector reconocieron que hay un deterioro drástico de los recursos forestales y que se requieren de muchos años y buenos inviernos como del presente año para recuperar una gran parte de lo perdido, además de la participación del Estado.
El alcalde de Jalapa, Humberto Pérez Largaespada, recientemente denunciado por el supuesto vínculo con el tráfico de madera ilegal, defendió los reclamos de los madereros, y en su carácter de alcalde dijo que tenía el derecho de dar respuesta a sus coterráneos, en cuanto a permisos domiciliares y con fines sociales. No obstante, Luvian Zelaya, delegada de Inafor en Las Segovias, señaló que se podían aprobar los permisos caseros, pero nunca sacar la madera de las propiedades sin guías oficiales, ni aserrarla en centros industriales sin autorización.
José Andrés Castillo, Presidente de Apfm, planteó al Estado tres opciones: comprar las tierras de la franja de 15 kilómetros, eliminar la zona restringida o que se haga cargo de los compromisos bancarios que tienen los productores de unos 8 millones de dólares.
Pero además, los propietarios de bosques denunciaron que en la franja de los 15 kilómetros se continuaba extrayendo madera, autorizada por Inafor y Marena. “Trabajamos todos o no trabaja nadie”, demandaron.
La titular de Inafor en la zona reconoció que hay 11 planes de manejo en operación, que una resolución administrativa del director de Inafor, William Swartz, los volvió a reactivar. Otro de los madereros dijo que en el cerro El Avión, jurisdicción de Mozonte, dentro del área protegida y en los 15 kilómetros, Marena autorizó la extracción de 3 mil metros cúbicos de madera, con el Plan de Manejo No. JA-006/9676-000-1505 para ser aprovechada por un empresario salvadoreño que tiene una industria maderera en Ocotal.
En tanto, dos propietarios de bosques expusieron la incapacidad de pagar multas de hasta medio millón de córdobas que les han impuesto resoluciones administrativas de Marena por haber tenido un exceso en el aprovechamiento.
Después de escuchar los planteamientos de los propietarios de bosques, Carlos García, Presidente de la Cmarn-An, reconoció que fue un error no consultar la elaboración de dicha ley, “lógicamente que en el camino cuando se aprueban las leyes nos vamos dando cuenta de las deficiencias que éstas tienen, de las afectaciones sociales y económicas que van provocando”, señaló.
Añadió que hay dudas sobre la interpretación de la ley, entre ellas que no existe la activación de permisos de planes autorizados antes que entrara en vigencia la ley, tampoco los permisos de saneamiento forestal, ni normativa para el corte con fines domésticos y sociales. Entre las irregularidades, García señaló que aunque la Ley de Veda prohíbe la exportación de madera aserrada, en rollo o timber, se tenía información de que se continuaba exportando de esa forma.