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Reserva Chococente en conflicto con “tragatierra”


La construcción de cabañas ecoturísticas en áreas recomendadas y en armonía con la naturaleza, así como un proyecto de turismo ecológico son las propuestas que trajeron a Nicaragua tres inversionistas norteamericanos dueños de una considerable extensión de tierras en la reserva protegida Chococente, en Carazo, caracterizada por su vasta vegetación como un pequeño pulmón de Nicaragua.
No obstante, los inversionistas, a través de su representante legal, afirman que han encontrado una serie de adversidades para echar a andar el proyecto que pretende armonizar con la naturaleza; dicho problema radica en que un señor, a quien identifican como Manuel Barberena, pretende con artimañas legales “robarles 250 manzanas de tierras”.
Manuel de Jesús Cárcamo Gutiérrez, apoderado judicial de los señores Mattew Jhon Prezzano, James Joseph Yemma y Joseph L. Dowling, asegura que de acuerdo con el plano de la Reserva Chacocente, la propiedad colinda con las tierras del señor José María Silva Cerda y nunca con Barberena, quien apenas es dueño legítimo de una pequeña parcela.
Sin embargo, Barberena ha movido sus linderos para invadir las tierras de Silva Cerda y de los norteamericanos, y para lograr su objetivo, afirma el denunciante, hace varias semanas metió a la propiedad a 20 trabajadores, custodiados por hombres armados para que finalicen el encargo.
Cárcamo Gutiérrez explicó que Barberena promueve en el Juzgado Local Único Civil de Santa Teresa una demanda de acción de deslinde y amojonamiento, haciéndose pasar como representante legal de la sociedad Chacocente-Escalante Sociedad Anónima.
El abogado Cárcamo dejó claro que él no litiga ante los medios de comunicación, pero que debido a la situación anormal que se presenta, considera que sus representados tienen derecho de denunciar ante la opinión pública el atropello judicial del que están siendo víctimas.
El denunciante identificó en el proceso legal que Barberena promovió contra los norteamericanos, una serie de actuaciones antijurídicas de parte de la juez Claudia Padilla, de Santa Teresa.
Entre esas anomalías señala que Barberena no presentó en el Juzgado ni la escritura de constitución de la sociedad anónima, ni la certificación del Registro Público, y para colmo, tampoco el poder de representación que lo acredita como tal. “Con esta actuación se violó el artículo 1029 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 19 inciso 2º y 3º del Código de Comercio”.
Agregó que también rolaban en el expediente notificaciones para que los norteamericanos comparecieran ante el Juzgado cuando éstos no se encontraban en el país, “eso se llama falsedad civil, porque una de estas personas ni siquiera ha estado nunca en Nicaragua, y esto se demostrará fácilmente con el reporte de las autoridades de Migración y Extranjería, de modo que lo que yo espero del Poder Judicial es que en segunda instancia sea revertida la actuación de la señora juez local y se declare la nulidad de todo lo actuado”.
Manifestó que los cambios políticos que se han dado en Nicaragua “justificados o no”, generaron y siguen generando preocupaciones en materia de propiedad, y justamente los actos del señor Barberena se dan dentro de ese contexto y en contra de ciudadanos extranjeros, lo que ha ocasionado nerviosismo entre mis representados, porque detrás hay daños económicos que van desde el pago de honorarios, pago de servicio de
vigilancia, daños a la flora, la tala de árboles y el robo de 250 manzanas”.
Pese a todas las anomalías presentadas en el proceso judicial y que Cárcamo demostró a EL NUEVO DIARIO con copia del expediente en mano, éste asegura “que no creo que halla parcialidad de parte de la juez a favor de Barberena, lo que supongo es que existen errores procesales y que la ley contiene procedimientos para atacar estas
actuaciones y confío en que serán declaradas nulas por el juez de Distrito de Carazo”, apunta.