JUIGALPA
En una actitud muy criticada, el juez de la localidad de San Lorenzo, Vicente Reyes, aprobó el despido de los 190 trabajadores que exigían un incremento salarial y mejores condiciones de labores en la arrocera Altamira S.A., propiedad de unos italianos.
A finales de octubre de 2006, los obreros se plantaron frente al portón principal de la arrocera, pero los italianos no soportaron el paro de labores y de inmediato notificaron a los obreros de sus despidos.
Los cesanteados buscaron el apoyo de las autoridades del Poder Judicial e instalaron una demanda laboral en el Juzgado de San Lorenzo, en la cual exigían su reintegro y el pago de todos los salarios caídos.