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Mestizos reclaman derecho a la tierra

* Instancia rectora en la RAAN cautelosa con situación legal de comunidades participantes en foro regional sobre Ley 445

Moises Centeno

LAS MINAS
Más de sesenta comunidades mestizas, asentadas dentro y cerca de los territorios reclamados por comunitarios indígenas en Siuna, Rosita, Bonanza, y Bilwi, en la región Autónoma del Atlántico Norte, reclamaron a la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti) el derecho a la tenencia de casi 200 mil manzanas de tierra, las que en su mayoría ocupan después de 1987, con la aprobación del estatuto de autonomía en las Regiones Autónomas de Nicaragua.
Se amparan con títulos del extinto Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria, escrituras públicas de compra y venta, documentos privados, constancias extendidas por alcaldes y hasta sin ningún tipo de documento.
Unos 20 representantes mestizos que participaron en un foro regional sobre la Ley 445, promovido por la fundación para la autonomía y desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (Fadcanic) en Rosita, pidieron garantías institucionales para sobrevivir en las tierras de la Costa Caribe.
Cese a violencia
Demandaron un cese a la violencia por conflictos de tierras, y en su lugar proponen sesiones de diálogos con testigos, con el fin de solucionar de forma pacífica los reclamos de las propiedades comunales.
Exigieron con carácter de urgencia una política estratégica de gobierno, que tenga como principales objetivos mediar y buscar una salida armónica en el caso de la tenencia de la tierra.
También insistieron ante sus autoridades regionales que deben actuar con mayor beligerancia en el proceso de demarcación territorial y titulación de propiedades comunales, para constatar si las comunidades mestizas están dentro o fuera de las áreas reclamadas por indígenas miskitos y mayagnas.
Estas peticiones fueron anotadas por los miembros de la Conadeti y la Comisión Intersectorial de Demarcación y Titulación (Cidt) de la RAAN, quienes conocieron en la voz de los representantes mestizos la situación de las comunidades mestizas y la tenencia de la tierra, así como el tipo de documentación legal que poseen, en el foro regional sobre la Ley 445 en Rosita.
A la actividad asistió el presidente de la junta directiva del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte y vicepresidente de la Conadeti, Carlos Sanders Rigby, quien insistió que mediante la razón, diálogo franco, negociación y el sustento jurídico se resolverán los conflictos de tierras en la RAAN.
Demarcación compleja
Sanders reconoció que el asunto de la tenencia de la tierra y el proceso de demarcación y titulación de la propiedad comunal es complejo por posiciones y creencias que no se ajustan a la realidad.
Por ejemplo, dijo que hay ciertos líderes indígenas que venden tierras comunales sabiendo que la transacción es ilegal. Otros creen que toda la Costa Caribe es de su propiedad y hasta propugnan por una demarcación de propiedad comunal.
Aseguró que en las mismas comunidades indígenas existen serios conflictos por mojones entre las propiedades. Esto, mientras líderes mestizos se aferran en ocupar vastos territorios comunales bajo el argumento de “tierras nacionales” o compra, cuyo bien inicia ilegal por violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal.
En todo caso, aseguró el vicepresidente de la Conadeti, Carlos Sanders, el proceso de demarcación y titulación de la propiedad comunal no se detendrá y ante cualquier litigio que surja, la Ley 445 tutelará el derecho a quien le corresponda.
Las demandas de las comunidades mestizas fueron recepcionadas con cautela, y se sabrá de su suerte cuando las propiedades comunales sean demarcadas y tituladas.
Antes bien, las autoridades regionales se muestran anuentes en apoyar las propiedades colectivas y particulares de mestizos, que son de la Costa Caribe o sus ancestros fueron parte de ella, sin estar involucrados en conflictos de tierras con las comunidades indígenas.
En ese sentido, Rufino Lucas, Director Técnico de la Conadeti en la RAAN, llamó a la unidad de las etnias caribeñas para detener la voracidad de traficantes de tierras y explotadores furtivos de los recursos naturales de las dos Regiones Autónomas. A su juicio, la penetración de acaudalados hacendados en busca de madera y áreas para pastizales constituye la mayor amenaza para la cultura de indígenas y mestizos de la Costa Caribe.