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Ley de Veda Forestal daña a comunidades caribeñas


Fermín López

PUERTO CABEZAS, RAAN
Autoridades regionales han criticado fuertemente la aplicación de la Ley de Veda para el Corte, Aprovechamiento y Comercialización del Recurso Forestal, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, ya que violenta la Ley de Autonomía, la ey de Tierras 445, y fomenta el corte ilegal de madera.
Las declaraciones fueron vertidas durante el taller de capacitación sobre forestaría comunitaria y el impacto de la Ley de Veda, donde participaron unos 45 miembros del Consejo Regional, y autoridades tradicionales de las comunidades indígenas.
Carlos Alemán, segundo vicepresidente de la Junta Directiva del Consejo Regional, manifestó que la Ley de Veda carece de instrumentos técnicos que garanticen su aplicación, de tal forma que las comunidades no se vean afectadas.
Entre los señalamientos efectuados por las autoridades regionales está el hecho de que la Ley 585, como es conocida, no cuenta con un plan de regeneración o reforestación del bosque, sumado a que mandan a industrializar a las empresas madereras.
Las comunidades que están aprovechando legalmente el bosque están siendo afectadas porque, en primer lugar, no tienen los medios económicos para obtener equipos industriales y procesar la madera en tercera transformación, muebles, puertas, etc.
Lo otro es que no les permiten sacar la madera que ya cortaron desde antes de la emergencia forestal y que ahora puede perderse, dijo el gobernador de la región Reynaldo Francis.
Según el ingeniero Jorge Canales, miembro del Comité Consultivo Forestal Regional, lo que se cuestiona es el proceso administrativo en el que se monta la ley, porque se trata de una ley que viene a afectar a comunidades y pueblos Indígenas que han cumplido con todos los procedimientos legales y pago de impuestos.
También señaló que la ley carece de un criterio de sostenibilidad y promueve la discrecionalidad, es decir, que el corte ilegal de madera continuará siendo la tónica con posibilidades a que se amplié aún más ante la incapacidad del Inafor de poder administrar los bosques.
Ante esta realidad, Canales considera que es el momento de que las autoridades regionales demuestren la verdadera autonomía de que goza esta parte del territorio del país, aprovechando lo que dice la última parte del artículo quince de la ley, el cual establece que en caso de circunstancias especiales e incidencia de factores técnicos ambientales y socioeconómicos, se podrán modificar las restricciones y limitantes referidas en dicho artículo.
El gobernador Reynaldo Francis consideró que el Estado debería garantizar, además de financiamiento para la producción, empleos para todas las cabezas de familia que pasan al desempleo con la aplicación de la ley.