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Costeños se amparan contra concesión petrolera


Heberto Jarquín

BLUEFIELDS / RAAS -Un grupo de ciudadanos notables de la Región Autónoma del Atlántico Sur emuló al Consejo Regional del Atlántico Norte a recurrir de amparo en contra de la concesión para exploración y explotación petrolera en la plataforma marítima del Caribe nicaragüense, concedida por el gobierno de la República, a través del procurador general Alberto Novoa, a dos consorcios estadounidenses.
El recurso de amparo fue interpuesto el viernes ante el Tribunal de apelaciones de Bluefields (TAB), por el abogado César Quinto Gómez, en representación de los costeños José Lorenzo Narváez Campbell, Lilliam Maritza Cajina Barrios y Elvis David Benavides Soza.
Según el escrito introducido por Quinto Gómez ante el TAB, el 22 de abril de este año, sus representados se enteraron, a través de una publicación de EL NUEVO DIARIO, que el gobierno de Nicaragua, por medio del doctor Alberto Novoa, firmó contratos de concesión para exploración y explotación de 20 pozos de petróleo en la Costa Caribe nicaragüense, a favor de las empresas estadounidenses Infinity Inc., de Kansas, y MKJ Exploraciones Internacionales S.A., de Lousiana, representadas por el señor Eric Conrad.
El libelo refiere que el 17 de mayo los mandantes antes mencionados presentaron un recurso de revisión en la vía administrativa ante el procurador de la República, en contra del acto administrativo.
Añade que el 19 de mayo los mismos ciudadanos introdujeron un recurso de revisión ante la Presidencia de la República en contra de la mismas concesiones, por considerarlas violatorias a leyes constitucionales, a la ley de autonomía de las regiones autónomas de la Costa Caribe nicaragüense, donde se estableció claramente que las concesiones y contratos de explotación racional de los recursos naturales que otorga el Estado nicaragüense debe contar con el aval de los respectivos consejos regionales.
Según el escrito se ha constatado que en la memoria de gestión de gobierno regional de la RAAS no existe constancia de haberse aprobado resolución donde se autorice la exploración de hidrocarburos a favor de las empresas mencionadas en las aguas de la costa del Caribe correspondiente a la Región Autónoma del Atlántico Sur, violando los procedimientos establecidos en la Constitución Política de Nicaragua, la Ley de Autonomía y su reglamento.
Estado “sordo”
El 29 de mayo la Procuraduría General de la República emitió la resolución administrativa 003-2006, en la que declaró improcedente el recurso de revisión presentado por Lorenzo Narváez, Lilliam Cajina y Elvis Benavides, aduciendo que era extemporáneo; pero la resolución fue apelada por los notables costeños.
La licenciada Lilliam Cajina, una de las personalidades caribeñas que promueve el recurso de amparo, dijo que el 21 de junio se realizó en Bluefields el Foro de sensibilización sobre exploraciones y explotaciones petroleras y que en ese evento la abogada Gloria Patricia Mayorga, de Asuntos Jurídicos del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), confirmó que se otorgaron concesiones para exploración y explotación petrolera a ambos consorcios estadounidenses, aunque el gobierno había anunciado inicialmente que el contrato sólo era para exploración.
Temerosos
“En algunas comunidades los nativos tienen miedo, porque no saben si las empresas petroleras van a tomar precauciones para no contaminar los bancos de pesca”, comentó la licenciada Cajina.
“Otra interrogante de los indígenas y comunidades étnicas es sobre qué beneficios les dejaría la explotación de petróleo, porque tradicionalmente no han participado del usufructo de nuestras recursos naturales”, añadió Cajina.
Sin embargo, el Consejo Regional, dominado por una aplanadora liberal, decidió conformar una comisión para investigar la actuación del procurador Novoa, y varios concejales del PLC y la ALN dejaron entrever que si la concesión para exploración y explotación petrolera va a dejar beneficios al país los costeños la apoyarían, aunque el gobierno central no tomó en cuenta al parlamento regional para otorgar tal concesión a los dos consorcios norteamericanos.