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Demandan a Alcaldía granadina


Leopoldo López

GRANADA
En el Juzgado de Distrito de lo Civil de esta ciudad, los herederos de don Diego Manuel Osorno Castellón, ya fallecido, representado por Francisco Osorno, procedieron a ampararse en la posesión, en contra de la municipalidad de Granada.
Rosalía Castrillo, Vicealcaldesa, acordó hace pocos días, con el Concejo, llevar el caso a juicio para que sea el juez de Distrito de lo Civil quien resuelva el litigio por tierra que tiene la población del barrio “Julián Quintana”, que demandan la apertura de una calle en la propiedad de la familia Osorno Castellón, que aseguran con documento en mano que les pertenece.
“No vamos a declararlo de utilidad pública, sino que decidimos llevarlo a juicio para ver quién tiene la razón”, afirmó Castrillo.
El Concejo, al ser demandada la municipalidad, determinó agilizar el juicio por presiones de la población de los barrios “Bartolomé” y “Julián Quintana”, que resultarían afectados con un fallo a favor de los presuntos dueños. “Los vecinos están presionando a los munícipes para exijan al juez de Distrito Civil agilice el juicio”, dijo a EL NUEVO DIARIO el licenciado William Ternudio, asesor de la municipalidad de Granada.
Alegan los pobladores que ellos poseen plano autorizado por el Instituto Nicaragüense de Estudio Territoriales (Ineter), donde demostrarán que la propiedad de la familia Osorno está dividida en dos partes, porque se establece una calle en ella.
Caso ha sido histórico
“Este problema del “Julián Quintana” ha sido histórico en la primera etapa sobre una calle donde el documento en mención indica que son dos lotes, y está de por medio la calle que ha originado el litigio al reclamar el terreno la familia los herederos de don Diego Manuel Osorno, el terreno por donde pasa la calle desde hace muchas décadas”, explicó José Leonel Treminio, Secretario del Concejo de la Alcaldía de Granada.
El caso está en manos del judicial correspondiente para que dé la razón a quien la tiene, pero para mientras emita su fallo, la población exige al juez ordene la apertura de la calle, ya que el Concejo decidió no declararlo de utilidad pública, sino someterlo a consideración de la autoridad competente.