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Sueño habitacional los iguala y unifica


Ernesto Aburto

LA LIBERTAD, EL SALVADOR

Un despiadado sol tropical de domingo calienta las espaldas y cabezas de laboriosos cooperativistas habitacionales de El Salvador y Nicaragua, que, bañados de sudor y mezclados en ocho grupos de trabajo, pujan paleando tierra mojada sobrante para después sacarla sobre pesadas carretillas de las primeras casas semiconstruidas en la cooperativa de viviendas por autoconstrucción y ayuda mutua “13 de Enero”.
Este grupo de 34 viviendas para igual número de familias humildes de pescadores, estibadores, comerciantes informales y pequeños agricultores, entre otros oficios, se levanta al pie de una loma, en el extremo noroeste de La Libertad, un puerto y balneario de los más importantes de El Salvador, ubicado a unos 40 kilómetros de la capital en dirección al Pacífico.
Los actuales socios de la “13 de Enero” perdieron sus casas durante el terremoto que asoló El Salvador en 2001. La alcaldía liberteña y el Viceministerio de Vivienda les prometieron ayuda si se organizaban en cooperativa. Lo hicieron, y nada de nada.
Pero en 2004 tomaron contacto con el ONG salvadoreño Fundasal, y todo empezó a cambiar de modo lento, pero efectivo, al punto que el 31 de agosto de este año iniciaron la obra de construcción de casas con ayuda financiera del Centro Cooperativo Sueco (CCS).
“Cada casa mide 48 metros cuadrados, además del terreno del patio y la faja lateral de terreno”, detallaron el presidente de la cooperativa, Edgard Antonio Barrientos, y el presidente de la Junta de Vigilancia, Luis Felipe Rodríguez.
Durante la jornada solidaria del domingo 28 de octubre, trabajaron hombro a hombro con los cooperativistas de la “13 de Enero” numerosos socios de cooperativas salvadoreñas de vivienda como Acovicupa y la “Héroes de Piedras Rojas”, pero también personal ejecutivo de Fundasal y el CCS en San Salvador.

Guatemaltecos presentes
Del mismo modo se hicieron presentes delegados de varias cooperativas habitacionales de las zonas urbanas y rurales de Guatemala, organizadas por el Instituto de Desarrollo Económico y Social de Centroamérica (Idesac).
Por Nicaragua trabajaron Dina González, Jorge Prado Fuentes, Oscar Solórzano, Keylin Molina, Zoila Rodríguez, Keyla y Perla López, así como Irma Murillo, de la Cooperativa “Lomas de Pochocuape”, situada en el sector suroccidental de Managua.
También aportaron esfuerzos Faniz Jirón, presidenta de la Cooperativa “Juntando Manos”, de León; Ana Rosa Molina de Covisama, de San Marcos; Hugo Ruiz, de la Cooperativa de Crédito y Ayuda Mutua Cooprospe, del barrio Batahola de Managua; Antonio Amador Huete, del Movimiento Comunal, y seis promotores y asesores del Centro de Promoción del Desarrollo Local y Erradicación de la Pobreza (Ceprodel): Dalila González Fonseca, Magda Bellorín, Domingo Munguía, Lourdes Jirón, Gustavo Martínez, y el técnico en construcción José Dolores Romero. Al final de la jornada solidaria, los participantes compartieron un acto sociocultural con la Cooperativa “13 de Enero”, degustaron bebidas, deliciosos platillos marinos, e intercambiaron experiencias de vida y de trabajo cooperativo entre la brisa del mar y una tarde refrescante de amistad e integración.

T Iniciativa espera discusión en plenario de Asamblea
T Conversión en realidad de un precepto constitucional
Ernesto Aburto Martínez

El Movimiento Comunal inició una campaña nacional para recolectar 50 mil firmas de respaldo a la iniciativa de Ley de Vivienda Digna en Nicaragua. Dirigentes comunales de todo el país, junto con la federación de ONG que desarrollan proyectos de vivienda social en Nicaragua (Red de Vivienda), el pasado 24 de octubre, en el auditorio del Conpes, pusieron la iniciativa de ley en manos del presidente de dicho organismo y diputado por el FSLN, doctor Gustavo Porras.
Porras, a su vez, el día 26, se la entregó al primer secretario de la Asamblea Nacional, doctor Wilfredo Navarro, para que la Junta Directiva del Parlamento asigne la fecha en que dicha iniciativa será presentada y pasada a comisión. Por el carácter de la ley, al menos dos comisiones tendrán que dictaminarla, manifestó el abogado Gustavo Martínez, asesor legal del Centro de Promoción del Desarrollo Local y Erradicación de la Pobreza (Ceprodel).
Este ONG de la Red de Vivienda, suscribió el viernes 16 un convenio con el Movimiento Comunal para promover la iniciativa de ley mediante la recolecta de firmas, acciones de sensibilización social, cabildeo político y propaganda.

Exhaustivamente estudiada y enriquecida
El licenciado Miguel González Solórzano, director ejecutivo de Ceprodel y secretario de la Red de Vivienda, dijo que la iniciativa de Ley de Vivienda Digna fue elaborada en base a la realidad social de los pobres de Nicaragua; la cual fue estudiada y analizada durante un proceso que tardó cuatro años. La iniciativa --agregó-- terminó de enriquecerse en los últimos tres meses, a lo largo de 18 foros realizados por todo el país con un total de un mil 100 líderes del Movimiento Comunal.
A su juicio, la ley convertirá en realidad palpable aquel precepto constitucional que, en el artículo 64 de la Carta Magna, garantiza el derecho de todos los nicaragüenses a una vivienda decorosa. Además, reactivará la economía del país mediante toda la actividad constructiva que se generará, y será un mecanismo muy valioso para la redistribución del ingreso del país. “Se le lleva algo tangible a la gente pobre, una vivienda digna, y el Estado jugará un papel muy importante en esta redistribución”, señaló González, al referir que también se impulsa la producción cooperativa de viviendas y comunidades por autoconstrucción y ayuda mutua.

La aritmética de la desesperanza
¿Por qué esta ley? --se le preguntó al secretario de la Red de Vivienda--, y González respondió que los 18 foros realizados con el Movimiento Comunal confirmaron que las familias pobres mayoritariamente posan en casa de familiares, habitan una vivienda ruinosa, o están asentadas en laderas de cerros, a orillas de cauces o en otras tierras marginales sumamente peligrosas.
Una vez aprobada la ley --enfatizó--, será un instrumento muy valioso para reducir a la mitad, en 2024, el actual déficit habitacional de 400 mil viviendas, frente al surgimiento de 30 mil nuevas familias cada año, y una pobre capacidad constructiva de casas que no pasa de siete mil por año entre el sector privado, las “soluciones habitacionales” del gobierno y los ONG. Aparte de las 400 mil viviendas que hacen falta, el país tiene un millón 600 mil viviendas, y de estas, hay otras 400 mil casi inhabitables, y que necesitan restaurarse. “Ésta ha sido una aritmética de la desesperanza”, exclamó Miguel González.
Tomando en cuenta que aquí sólo son sujetos de crédito bancario para construir casas aquellos jefes de familia que ganan mil dólares o más por mes, en última instancia --concluyó González--, la ley comprometerá al gobierno, a las alcaldías y a los sectores organizados de la población, a asumir responsabilidades con la vivienda de los pobres, “que es un derecho social, y no una mercancía”.

Movimiento Comunal inicia recolección de 50 mil firmas

Arranca lucha por Ley de Vivienda

* Iniciativa espera discusión en plenario de Asamblea
* Conversión en realidad de un precepto constitucional

El Movimiento Comunal inició una campaña nacional para recolectar 50 mil firmas de respaldo a la iniciativa de Ley de Vivienda Digna en Nicaragua. Dirigentes comunales de todo el país, junto con la federación de ONG que desarrollan proyectos de vivienda social en Nicaragua (Red de Vivienda), el pasado 24 de octubre, en el auditorio del Conpes, pusieron la iniciativa de ley en manos del presidente de dicho organismo y diputado por el FSLN, doctor Gustavo Porras.
Porras, a su vez, el día 26, se la entregó al primer secretario de la Asamblea Nacional, doctor Wilfredo Navarro, para que la Junta Directiva del Parlamento asigne la fecha en que dicha iniciativa será presentada y pasada a comisión. Por el carácter de la ley, al menos dos comisiones tendrán que dictaminarla, manifestó el abogado Gustavo Martínez, asesor legal del Centro de Promoción del Desarrollo Local y Erradicación de la Pobreza (Ceprodel).
Este ONG de la Red de Vivienda, suscribió el viernes 16 un convenio con el Movimiento Comunal para promover la iniciativa de ley mediante la recolecta de firmas, acciones de sensibilización social, cabildeo político y propaganda.

Exhaustivamente estudiada y enriquecida
El licenciado Miguel González Solórzano, director ejecutivo de Ceprodel y secretario de la Red de Vivienda, dijo que la iniciativa de Ley de Vivienda Digna fue elaborada en base a la realidad social de los pobres de Nicaragua; la cual fue estudiada y analizada durante un proceso que tardó cuatro años. La iniciativa --agregó-- terminó de enriquecerse en los últimos tres meses, a lo largo de 18 foros realizados por todo el país con un total de un mil 100 líderes del Movimiento Comunal.
A su juicio, la ley convertirá en realidad palpable aquel precepto constitucional que, en el artículo 64 de la Carta Magna, garantiza el derecho de todos los nicaragüenses a una vivienda decorosa. Además, reactivará la economía del país mediante toda la actividad constructiva que se generará, y será un mecanismo muy valioso para la redistribución del ingreso del país. “Se le lleva algo tangible a la gente pobre, una vivienda digna, y el Estado jugará un papel muy importante en esta redistribución”, señaló González, al referir que también se impulsa la producción cooperativa de viviendas y comunidades por autoconstrucción y ayuda mutua.

La aritmética de la desesperanza
¿Por qué esta ley? --se le preguntó al secretario de la Red de Vivienda--, y González respondió que los 18 foros realizados con el Movimiento Comunal confirmaron que las familias pobres mayoritariamente posan en casa de familiares, habitan una vivienda ruinosa, o están asentadas en laderas de cerros, a orillas de cauces o en otras tierras marginales sumamente peligrosas.
Una vez aprobada la ley --enfatizó--, será un instrumento muy valioso para reducir a la mitad, en 2024, el actual déficit habitacional de 400 mil viviendas, frente al surgimiento de 30 mil nuevas familias cada año, y una pobre capacidad constructiva de casas que no pasa de siete mil por año entre el sector privado, las “soluciones habitacionales” del gobierno y los ONG. Aparte de las 400 mil viviendas que hacen falta, el país tiene un millón 600 mil viviendas, y de estas, hay otras 400 mil casi inhabitables, y que necesitan restaurarse. “Ésta ha sido una aritmética de la desesperanza”, exclamó Miguel González.
Tomando en cuenta que aquí sólo son sujetos de crédito bancario para construir casas aquellos jefes de familia que ganan mil dólares o más por mes, en última instancia --concluyó González--, la ley comprometerá al gobierno, a las alcaldías y a los sectores organizados de la población, a asumir responsabilidades con la vivienda de los pobres, “que es un derecho social, y no una mercancía”.