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“Que tengan energía los que puedan pagar”


“La política energética del nuevo gobierno ya quedó clara: que tengan energía los que pueden pagar”, dijo el experto Narciso Mayorga, quien alertó a las organizaciones de consumidores y población en general para que busquen respuestas a una serie de preguntas aprovechando que ahora se le receta cárcel a los pobres, por conectarse ilegalmente al tendido de Unión Fenosa.
Mayorga, especialista en el tema energético, dijo que el gobierno está permitiendo y fomentando la reducción en la producción nacional de energía, especialmente en aquella que no depende del petróleo, proponiendo como única salida las alzas de precios, sin asumir su responsabilidad social frente a la electrificación rural. “Parece que el objetivo final es que tengan energía los que pueden pagar”, señaló.
Justifica su señalamiento en la intención de penalizar el robo de energía, sin ejercer el debido control sobre el cumplimiento o actuaciones de la distribuidora Fenosa, que ya está restringiendo el derecho de recibir el servicio a los pobres, la mayoría de quienes se conectan ilegalmente.
Fenosa ahora exige un título de propiedad para suministrar el servicio a una vivienda, dijo Mayorga, “a pesar de que en el artículo 48 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), reza: ‘Solamente la persona contratante será deudora del servicio eléctrico recibido. Es decir, que nada tiene que ver un título de propiedad con el servicio de energía, pero de esta forma diario le niegan el servicio a miles de ciudadanos’”, señaló.
Explicó que cuando los pobladores quieren legalizarse, les exigen que compren todos los equipos para ampliar la red, y al final les exigen que lo donen a la empresa. “Ellos saben claramente lo que indica el artículo 37 de la LIE, sin embargo, lo ocultan y niegan a los usuarios. Además, el reclamo de esta acción por la vía administrativa lleva años”.
Otro punto que el gobierno debe corregir antes de penalizar el robo de energía, a criterio de Mayorga, es el alquiler de medidor. “Esta ley es clara en su artículo 36: ‘Los distribuidores son responsables de la ejecución, operación y mantenimiento de sus instalaciones eléctricas, hasta el punto de conexión de sus líneas al sistema del cliente’”.
El especialista recordó que el medidor es propiedad del distribuidor, ya que es un instrumento de su negocio. “Es tan absurda esta conducta, que lo cobrado da perfectamente para comprar varios medidores a costa del usuario”, dijo.
A manera de ejemplo citó la compra combustible, y explicó que es similar a que las gasolineras cobren un porcentaje por el uso de la bomba al momento de llenar el tanque de cada vehículo.
Manifestó que igual situación se produce con el cargo de alumbrado público que aparece en la factura de Fenosa, un servicio que en muchos casos no brindan en una calle pero lo cobran, pero esa irregularidad no puede ser objeto de penalización.
El gobierno también debe corregir el cobro del impuesto municipal que aplica Fenosa en todo el país a excepción de la capital, dijo Mayorga, “que es por ingresos brutos, y que no existe por consumo de energía eléctrica. Además, ellos no están autorizados a cobrarlo, pero ninguna autoridad competente actúa. Los alcaldes, temerosos, lo disimulan.
Yo presenté una acusación por la vía penal y hasta le fecha no hemos podido celebrar la audiencia inicial”, recordó.