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Red de Consumidores emplaza a diputados

* Aseguran que los legisladores ahora tienen en sus manos la calidad del servicio de energía de los próximos diez años * Plantean recuperar concesiones de Momotombo, San Jacinto Tizate y Petronic

Oliver Gómez

Los miembros de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), este fin de semana emitieron un comunicado donde advierten que los diputados ahora tienen en sus manos una decisión de la cual depende la calidad del servicio de energía en los próximos diez años.
“Los niveles alcanzados por la crisis energética acabaron con los plazos, y los diputados deben analizar e interiorizar rápidamente en la ola de denuncias, reclamos y cuestionamientos para centrarse en examinar las causas de fondo y encontrar soluciones reales a esta particular problemática”, reza el comunicado de la Red.
Ellos aseguran que las causas relevantes del problema de la energía son: la privatización de la distribución de energía y las plantas estatales de generación, el anti-estatismo de los gobernantes y la falta de visión estratégica de la clase política dominante respecto al desarrollo e inversiones en este sector clave para la vida y la economía del país.
Una decisión de fondo, según la Red, empieza por analizar varios retos como recuperar las tres empresas que de forma amañada entregó el gobierno a grupos privados que han incumplido con el supuesto objetivo de hacerlas más productivas y eficientes: Planta Momotombo, propiedad de Ormat; San Jacinto Tizate, de Erwing Krüger; y Petronic, en manos de un supuesto grupo de “inversionistas mexicanos” denominado Glencori S.A.
Ellos denuncian que en el caso de la Planta Momotombo, se entregó a una empresa israelita por la disposición del presidente Enrique Bolaños, y que esa acción no ha traído ninguna ventaja al Estado, “por el contrario, se ha deteriorado la capacidad real de generación”.
En cuanto a San Jacinto Tizate, recuerdan que estos campos geotérmicos mantienen el mayor potencial en América, pero apenas están produciendo menos de cinco megavatios y es un imperativo del Estado recuperarlo.
Recomiendan a los diputados que debe adquirirse bajo la responsabilidad de ENEL y con la supervisión necesaria, una barcaza térmica para generar entre 100 y 150 megavatios a un plazo máximo de 60 días, para que se supere cuanto antes el déficit de generación.
También sugieren reformar la Ley 272 de la Industria Eléctrica y establecer las regulaciones y sanciones sobre el desempeño de las generadoras, “mismas que están funcionando como quieren y tienen secuestrado al país”.
Aseguran que esta decisión también debe promover iniciativas empresariales mixtas, con mayoría estatal, donde el Estado realice inversiones de fondos públicos y se dé cabida a fondos provenientes de ciudadanos en su carácter individual o como pequeñas empresas nacionales, en la generación y distribución de energía.
Otro punto es formular con participación de organizaciones de usuarios y gremiales del país, una real política energética y planes de inversión indicativos que den cuenta del destino que se dará a las diversas fuentes de generación hidroeléctrica, geotérmica y eólica, donde el Estado deberá conservar la mayoría accionaría.
Los consumidores también contemplan que los diputados deberían hacer gestiones para completar la co-inversión con otros Estados, para que se respete la mayoría gubernamental en el sector.