Contacto END

Exigen escritura de Fanatex a la PGR

* Aseguran que procurador Alberto Novoa está usando tácticas dilatorias * Inversionista recibió empresa y está “parqueado” por falta de este documento

Silvia Hernández

Una representación de los 564 ex trabajadores de Fanatex denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) se niega a firmar la escritura pública de las instalaciones de la empresa, causándoles un serio prejuicio económico.
Jorge Maltez, Presidente de la Junta Directiva de los ex trabajadores, dijo que a raíz del cierre de la empresa el Gobierno les quedó debiendo un pasivo laboral por un millón 58 mil dólares, y la Asamblea Nacional, en 1994, aprobó la Ley 360, donde se ordena la privatización de la empresa y el pagos del pasivo laboral.
Pero los ex trabajadores se quejan porque la PGR se niega a firmar las escrituras y esto les causa serios problemas económicos, ya que para poder hacer los pago del pasivo laboral procedieron a buscar a un inversionista privado al que se le vendió la empresa, explicó Maltez.
El inversionista, actuando de buena fe, les canceló el 80 por ciento del valor de la empresa. “Y este Gobierno se jacta en decir que apoya la inversión privada, pero en la práctica todo hace indicar lo contrario, pues se niega a entregar la escritura pública a favor de los ex trabajadores, perjudicando seriamente al inversionista, quien tiene el proyecto de instalar una zona franca que generaría unos dos mil empleos”, refirió.
Denunciaron que desde diciembre de 2005 la Procuraduría ha venido exigiendo una serie de requisitos legales para elaborar la escritura de los beneficiados, y toda esa documentación legal le fue entregada a dicha institución en tiempo y forma, pero ahora no hace su parte.
Esta entidad les había notificado que para este jueves 31 de agosto se iba a realizar la firma de la escritura a favor de los ex trabajadores, pero al llegar a las oficinas de la Procuraduría no los quisieron atender.
David Lechado, abogado de los ex trabajadores de Fanatex, dijo que esa actitud la ve un poco sospechosa y dolosa, después de ocho meses de negociación y entrega de toda la documentación legal que exigieron.
Indicó que es sospechoso que el procurador Alberto Novoa Espinoza se niegue a firmar la escritura pública a favor de los 564 ex trabajadores beneficiados con la Ley 360. Los demandantes exigen al procurador una explicación de manera pública, para saber qué es lo que está pasando y no se continúe utilizando tácticas dilatorias.