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Reclaman por sanción contra dos magistrados


Eloisa Ibarra

La abogada Hazel Law Blanco urgió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a que sancionen a los magistrados de la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), que suspendieron la sentencia condenatoria impuesta a Mario Oporta Silva, por el delito de falta contra el orden y la tranquilidad pública en perjuicio de catorce personas.
Law llamó a los magistrados de la CSJ, a no seguir permitiendo que los magistrados Noel Rivera Gadea (Presidente de la Sala Civil Uno) y Dolores Barquero, de manera abusiva y arbitraria ordenen la suspensión de sentencias firmes de carácter penal, cuando la ley no lo permite.
“Los magistrados Rivera y Barquero se han convertido en cómplices de Oporta y lo mismo la juez Segundo de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Carmen Velásquez, quien sin tener ningún vínculo jurídico con la Sala Civil Uno, ha dejado en suspenso la sentencia”, dijo Law, quien pidió que la juez y los magistrados sean sancionados.
Afectados en indefensión
Afirmó que además de los daños provocados por Oporta durante siete años de aguantar el torturante ruido y contaminación, ahora los magistrados Rivera y Gadea arbitrariamente lo amparan y dejan en indefensión a los afectados.
Oporta, representante de la distribuidora de carnes Amerrisque, y condenado a un año de cárcel y a pagar una multa de cien córdobas por el delito de falta contra el orden y la tranquilidad pública en perjuicio de Law y trece personas más, recurrió de amparo al TAM en contra de la juez Velásquez.
Según la documentación presentada por Law, Oporta recurrió de amparo contra Velásquez porque le ordenó cerrar en un plazo de 20 días la distribuidora --que no es de su propiedad-- o de lo contrario, no concedería la suspensión de la condena de un año de cárcel y lo enviaría a prisión.
En el recurso de Amparo, Oporta solicita la suspensión de la sentencia, y los magistrados Rivera y Barquero dan lugar a suspensión de oficio, argumentando que de consumarse el acto sería difícil restituir al quejoso el goce sus derechos.
La magistrada Rafaela Urroz disintió de la resolución por considerar que el recurso de Amparo no procede contra las resoluciones de los funcionarios judiciales en asuntos de su competencia, y en consecuencia la juez Velásquez actúo dentro de la facultad jurisdiccional que le concede la ley de ejecutar lo juzgado.