Edward Sotomayor, del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Oscar Sánchez/END

16 años laborando para el Servicio de Inmigración de Estados Unidos le ha permitido a Edward Sotomayor conocer hasta “los malos” pensamientos de los indocumentados que viven en Estados Unidos.

Su trabajo en esa unidad tiene dos máximas: La primera es que “ningún inmigrante es malo” (todos tienen una buena intención al ingresar a Estados Unidos), y la segunda: “o cumplís con la ley o te vas del trabajo”.

Hace tres años, Sotomayor era “un sabueso caza-Coyotes”, hoy tiene un oficio más administrativo, pero se le escucha convencido de que su trabajo no lo haría tan bien, si no contara con alguna experiencia vivida en el desierto o en cualquier punto de la ruta de Centroamérica hacia Estados Unidos.

Como todos los funcionarios del gobierno de ese país, pareciera dar a entender que la historia norteamericana se empezó a escribir después de los ataques del 11 de septiembre. “Es que en materia de migración todo empieza aquí”, dice, al comenzar una entrevista con EL NUEVO DIARIO, relacionada a su nuevo trabajo en la Oficina de Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

Agilizan casos

Sotomayor tiene su oficina permanente en Honduras. Desde allá ejerce jurisdicción para ese país, Costa Rica y Nicaragua. En México se encuentra la sede principal, adonde responden cerca de 22 agencias repartidas en todo el mundo y reorganizadas después del “septiembre negro” que volvió como “hoja de navaja” la seguridad en los puertos de Estados Unidos.

“A Honduras nos llega toda la documentación que se procesa a través de cada sección consular de estos países”, dice. Eso quiere decir que si usted solicita una visa o reside en Estados Unidos y pide un beneficio migratorio, la oficina de Sotomayor es la que se encarga de analizar su expediente, confirmar la autenticidad de cada documento presentado y adjudicar el beneficio. Eso, conectado con el Departamento de Estado y con autoridades locales en los países que cubre su jurisdicción.

La oficina que dirige Sotomayor antes se encargaba de investigar a las redes que traficaban indocumentados, pero eso cambió en la reorganización de las agencias. “Eso ha disminuido el atraso que había con las peticiones hasta en un millón de casos, que ahora hemos enviado a los consulados alrededor del mundo. Ahora hay un incremento en el nivel de nuevos inmigrantes, por esa misma agilización del proceso”, explica.

--¿Eso también quiere decir que crece también la legalización de extranjeros en Estados Unidos?

“Así es. Ha venido creciendo en general. El volumen de residentes legales está aumentando. Vale aclarar sí, que aquí no se incluyen los ilegales bajo el TPS (Status de Protección Temporal), porque no hay un solo programa para legalizar su situación. Ellos están en manos del Congreso y del Presidente”.

Los expedientes cuestionables

--¿Qué problema común presentan los extranjeros durante su gestión para legalizarse?

“Bueno, el problema surge cuando se presentan documentos cuestionables. En general hemos conocido de casos de personas que han obtenido beneficios, incluso llegan a ser ciudadanos americanos. Al investigar nos damos cuenta que han cometido fraude con documentos, entonces cuando quieren pasar el beneficio, pierden todo.

Se les revoca la ciudadanía, quedan excluidos para estar en Estados Unidos y no sólo a él, a toda la familia, porque todos pasan a ser impostores, porque asumieron una identidad falsa. A todos se les castiga”.

--¿Y son muchos los expedientes cuestionables?

“Nosotros los revisamos todos. Trabajamos con registros civiles, con la Policía local, directamente con los gobiernos locales, que son los que nos certifican. El volumen es grande”.

--¿Entonces pierden el privilegio?

“Bueno, es un derecho, lo es para el inmigrante. Lo es para quien reside en Estados Unidos y si es americano se expande más el derecho, porque se extiende a la familia”.

--¿Cuándo lo niegan están castigando?

“No negamos por negar, si los documentos están en regla se da. Lo que sí, es que si se cometió fraude, el oficial que adjudica puede negar el caso. Si se nota el vicio, son casos no favorables, no tienen respeto por la autoridad. No es como castigo, no califica y no merece recibirlo, eso sí”.

--¿Cuántas visas llegan a emitir?

“En Nicaragua, de inmigrantes mil 500 al año. Cerca de 20 mil para turistas, pero el mayor número se da en El Salvador, le sigue Honduras y después Nicaragua”.

--¿Por qué se revoca el derecho a una visa?

“Bueno hay un procedimiento, un manual: “el balance y contrapeso”. Recuerde sí que una visa no garantiza la entrada a una persona a Estados Unidos. Ese es el documento oficial para pedir entrada. En el puerto de entrada, es allí donde se debe demostrar que califica para ingresar al país, dependiendo del propósito.

Sucede que cuando el extranjero llega al país cambia el destino. Cuando hablamos de revocar hay que tomar en cuenta una serie de situaciones, lo dicen nuestros manuales, nuestras leyes”.

Los sospechosos de corrupción

--Hablemos de esa suspensión. En Nicaragua hubo una masiva revocación de visas a ciudadanos que laboran para el Estado, en un escenario donde se les acuña corrupción ¿Ese fue un castigo?

“Eso es el Departamento de Estado quien lo determina, entiendo que son personas conocidas públicamente y que están en casos de corrupción. Ahora, no se cancela por cancelar, es un proceso, es una circunstancia seria. Son situaciones específicas. Se cree que es algo serio, que en el futuro pueden terminar acusando a estas personas por algún delito en su país, por eso se niega el derecho.

Ahora, si usted compara las visas de no inmigrantes, que se dan contra las visas que recomienda el Departamento de Estado que se cancelen, no llegan ni al uno por ciento. Si yo le dijera que recibimos 4 mil querellas al año, quejas de gente que pide ingresar a Estados Unidos, usted dirá: suena mucho, pero si le digo que sólo el año pasado inspeccionamos 440 millones de personas, ahí nadie se queja.

Es más grande el volumen de visas que se da, en comparación con el que se suspende. No castigamos, nos regimos por libros, guías de operaciones que nuestro Congreso ha discutido y no tenemos facultades para ser discrecionarios, o lo cumplimos o perdemos el trabajo. La visa no se retira por castigo, cumplimos la ley”.

--¿Qué pasa con los ilegales, los que no están en TPS?

“Ellos entran a la sección de deportación. Se les abre expediente y un juez determinará. Pueden haber dos casos similares, es el juez de inmigración quien va considerarlo. Cada caso es personal. Quizás uno logre quedarse temporalmente y otros no. Hay un sinnúmero de variantes”.

--¿La deportación a un ilegal es un castigo?

“No, tampoco, es cumplimiento de la ley. Hay personas que están en Estados Unidos y tienen un hijo y llegan diciendo que es un hijo americano y eso no va. Hay una mala intención porque se fue legal y mintió. Repercute hacia atrás, es un error. El juez dirá: ¿Por qué se le debe dar una oportunidad a esta persona, si antes mintió a un oficial de migración?”



“No protegemos a los ilegales”

En El Salvador no se puede hablar de contrabando de ilegales sin mencionar a Edward Sotomayor. Desde su oficina como agregado de la Embajada de Estados Unidos para temas de inmigración, el agente dirigió las operaciones de inteligencia que hicieron caer a dos de las principales redes dedicadas a ese delito en ese país.

--¿Usted cree que ha disminuido la clientela de los Coyotes en Centroamérica?

“Eso no lo sabemos con precisión. Lo que sí le puedo decir es que a la región hemos llegado con muchos proyectos. Uno de ellos es ir a explicar a las escuelas de secundaria que es bonito vivir en Estados Unidos, pero no es tan fácil a como dicen. El gobierno puede proteger a los legales en Estados Unidos, a los ilegales no los conocen, entonces a ellos no los protegemos.

Si conocemos que hay alguien que está explotando vamos a intervenir, pero queremos decir que irse ilegalmente es difícil, como lo es pasar por los países hasta México. En Guatemala, en esa ruta vimos a niños de siete años responsables de niños de dos. Es un desastre, es triste esa realidad”.

--¿Esos mensajes llegarán?

“Pues bien valdría escuchar a la gente que ha perdido las piernas en los trenes. Ese es el mensaje que debe llegar. Sabemos que hay desesperación por todos lados. Si hay un familiar en Estados Unidos que prepara su status, pues hay que darle tiempo. Un residente tiene todos los derechos de un ciudadano americano, lo que no puede es votar por el Presidente, pero puede pedir a un familiar”.

--Pero es que hay la percepción que después del 11 de septiembre todos somos sospechosos...

“La seguridad que se ha montando en Estados Unidos es para todos los que nos visitan, los que viven allá. La gente me dice: ¿Qué pasa con los estudiantes? No pasa nada, sólo que hemos aumentado los requisitos para garantizar que lleguen a eso, a estudiar. Hay que acercarse y pedir información. Lo que pasa a veces es que la gente no busca información”.

--¿Entre esas bandas de traficantes en El Salvador usted encontró a algún nicaragüense?

“Siempre encontramos que las redes trabajan con gente de otro país. En los casos que llevamos en El Salvador el primer detenido fue un nicaragüense. Son organizaciones que se forman entre uno y otro país. Mi mensaje es que hay otras formas de hacer las cosas, no hay que volverse inelegibles. En el momento y a largo plazo hacen daños los fraudes”.

--¿Qué porcentaje de centroamericanos ha llegado a su oficina con expedientes cuestionables?

“No tengo números, pero le puedo decir que el por ciento mayor que llega a Estados Unidos es de personas buenas. Son expedientes buenos, personas humildes y trabajadoras. La gente que no entra por los puertos no es mala tampoco, los malos son mínimos. Quizás el 99.8 por ciento son personas buenas”.