El diputado Nathán Sevilla negó ayer que el proyecto de Ley contra el Terrorismo que introdujo a la AN a inicios de la presente legislatura vaya destinado a convertir al Ejército en una “súper Policía”, sino que a determinar mejor el funcionamiento del aparato castrense con la Policía para combatir el terrorismo y narcotráfico.

Al hablar con EL NUEVO DIARIO Sevilla dijo que a su iniciativa le hicieron una mala interpretación, y recordó que el Ejército en la actualidad ya tiene algunas de las funciones que incluye el proyecto, como es el resguardo de los aeropuertos y puertos marítimos, la lucha contra el narcotráfico donde participan las Fuerzas Armadas en el mar y en zonas donde hay policías, como en el Atlántico.

Admite espionaje telefónico

Lo que se trata de definir en la ley es que el Ejército y la Policía continúen trabajando juntos en la lucha contra el narcotráfico, “pero por otra parte es cierto que se quiera dejar desprotegido al ciudadano en su derecho de tener comunicaciones privadas, puesto que el mismo Código Procesal Penal contempla en qué casos se permite la intervención de las comunicaciones telefónicas y sólo por orden del juez. Este mismo caso se contempla en el proyecto de ley. Sin embargo no comentó que este espionaje está prohibido por la Constitución.

“Aunque en cualquier parte del mundo una ley contra el terrorismo es fuerte, nosotros hemos sido muy cuidadosos de que no se violenten los derechos humanos, pero de todas maneras la ley está en manos de la Comisión de Defensa y Gobernación, la que tiene que llamar a todos los sectores para que den su opinión”, dijo.

Cómo se hizo la iniciativa

Explicó Sevilla que en la elaboración de la iniciativa participaron varios asesores jurídicos de varias comisiones de la AN y asesores externos, así como consultas con el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Policía, la Cancillería y el Ministerio de Gobernación, “por lo que no fue una ley hecha a la carrera, inclusive con este proyecto superamos una iniciativa modelo que llegó a nivel centroamericano y que elaboró un costarricense”.

Dijo que ese proyecto marco sí violentaba la Constitución Política y leyes de Nicaragua “porque quería crear una especie de área libre en América Central para que vinieran autoridades de cualquier país a Nicaragua y eso iría contra la Ley Fundamental”, dijo el proyectista, quien recordó que su proyecto antes de ser introducido a la AN se llevó a reuniones de trabajo con representantes del resto de naciones del istmo, a los que les ha servido de modelo en materia contra el terrorismo.

Recordó que la Constitución Política define las funciones del Ejército, y sobre el delito del narcotráfico a juicio de Sevilla afecta la soberanía de Nicaragua y “por eso cabe la intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico”.

Es exigencia regional, dice

Sevilla precisó que la elaboración del proyecto de ley no es porque a él se le ocurrió, sino que forma parte de acuerdos que hace unos años atrás definieron los presidentes de Centroamérica, “pero el modelo que enviaron a Nicaragua nosotros lo rechazamos y decidimos trabajar en un modelo propio, basado en que se deben respetar los aspectos constitucionales nicaragüenses y las demás leyes que se refieren a la materia, porque actualmente tenemos la Ley Antidrogas (No. 285), un Código Procesal Penal vigente y un nuevo Código Penal que está por ser aprobado.

Confirmó Sevilla que el trabajo sobre esa iniciativa se inició en 2003, y fue hasta inicios de 2004 que la introdujo ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, y en síntesis la legislación va encaminada a agilizar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.



ebarberena@elnuevodiario.com.ni