El director de Áreas Protegidas, Bayardo Quintero, muestra los nueve puestos de control que hay para cubrir la Reserva de Biosfera de Bosawás. (Foto: Oscar Sánchez/END).

El gobierno destina al Sistema Nacional de Areas Protegidas (Sinap) menos diez centavos de dólar por hectárea cada año, y si llega a dos dólares es por la cooperación internacional.

La Reserva de Biosfera de Bosawás es un ejemplo de esto: hay un guarda-parque cada 18,000 hectáreas y nueve puestos de control para proteger 20 mil kilómetros cuadrados de los transgresores ambientales: dos puestos en el área núcleo: Río Coco y San José de Bocay, y siete en la zona de amortiguamiento, incluyendo tres puestos en la frontera con Honduras.

Esta situación es aprovechada por los depredadores del medio ambiente, que la mayoría de las veces cuentan con una logística mucho más sofisticada que las mismas autoridades del Ejército, la Policía, el Ministerio del Ambiente (Marena) y la Procuraduría Ambiental.

"Ellos tienen más logística que nosotros y más redes sociales porque generan un comercio. Si llega un maderero a comprar árboles se los venden, entonces siempre tienen apoyo a costa del medio ambiente", dice Bayardo Quintero, Director General del Sistema Nacional de Areas Protegidas.

Aun así, señala que el tráfico ilegal de flora y fauna se ha logrado reducir en un 80% en el interior de la Reserva y hacia el territorio nacional.

"Los mayores problemas de tráfico ilegal se dan hacia Honduras, ya que existen trochas de todo tiempo que trasladan esos recursos naturales desde la ribera del Río Coco hasta Trojes, Honduras. Hicimos un puesto en El Tablazo y el camino lo bajaron siete kilómetros río abajo, entonces esa gente desembarca en territorio hondureño y se va", expresa Quintero.

No hay castigo

Pero a la poca capacidad institucional se suma la impunidad en que actúan estos grupos. Prácticamente no hay castigo para ellos.

Mauricio Silva, delegado del Marena en Jinotega, señala que en 2004 se abrieron en ese municipio nueve procesos administrativos por tráfico ilegal de madera, sin embargo, la acción no prosperó.

"Lamentablemente terminamos el proceso con una resolución firme, pero el juez le dio un secuestro judicial al dueño del camión de la madera y la Policía tuvo que entregarlo", relata Silva.

En otras ocasiones, los funcionarios del Marena y la Procuraduría Ambiental tienen obstáculos para abrir procesos administrativos debido a la lejanía y a la falta de recursos económicos.

Salvador Toruño, coordinador de Áreas Protegidas de Jinotega, indica que un proceso administrativo que abrieron en Pueblo Nuevo por un despale de 25 manzanas les costó 55 mil córdobas en viajes, notificaciones, etc., una cifra tres veces más grande que la multa con la que se sancionó al transgresor.

"Tuvimos que hacer cuatro o cinco viajes para terminar un procedimiento administrativo en donde llegamos a cerrar el área y le aplicamos una multa de 12 mil córdobas", dice Toruño.

Atados de pies y manos

Quintero agrega que el Marena no está facultado para accionar legalmente contra estas personas: su función se limita a realizar cierre de áreas, decomiso de fauna, madera, etc.

"Nosotros estamos atados de manos y de pies, incluso con los ojos vendados, porque podemos culminar con procesos administrativos y una sanción, pero nadie obliga a pagar a esta persona transgresora", dice.

Silva menciona que en 2004, en la delegación de Jinotega, las multas fueron de 175 mil córdobas por decomiso de madera y fauna silvestre, de los cuales sólo se recuperaron seis mil.

"Si el Marena y la Procuraduría tuvieran la capacidad de cobrar todas las multas que hemos impuesto estuviéramos operando de maravilla", señalan los funcionarios.

Sus propias reglas

Los transgresores ambientales tienen sus propias reglas. Por ejemplo, en el Río Coco hay puestos de control a una distancia de 30 kilómetros a lo largo del río. Los que están del lado tico saben qué día y a qué hora pasa el guarda-parque en la lancha, lo dejan pasar, se internan en la Reserva, cazan chanchos de monte y luego lo pasan a Honduras.

"Nosotros desarrollamos alguna acción de regulación y control, pero los transgresores a la vuelta de un mes ya tienen cinco maneras de burlarnos esos sistemas de regulación".

"El sistema de puestos de control fijos, salvo casos excepcionales, ha resultado poco eficiente, por lo que los transgresores se están burlando de las instituciones", dice Quintero.

El director del SNAP indica que las instituciones que velan por el medio ambiente necesitan de sistemas más inteligentes para poder hacerle frente a estos grupos.

"Tenemos que cambiar todos los esfuerzos de regulación, porque en este tipo de cosas se mueve mucha plata, ellos pagan y compran conciencia para que la gente les indique cuales son los movimientos que está haciendo el Marena o la procuraduría", expresa.

Delito ambiental no existe

El Marena, la Procuraduría Ambiental y grupos ambientalistas están bregando para que se tipifique el delito ambiental para poder proceder de manera legal contra estas personas.

"Si eso procede nos daría más oportunidades para poder castigar a los transgresores", dice Quintero.

Invadida por colonos

La invasión de colonos es otro problema grave que enfrenta la Reserva, lo que se conjuga con la tala de árboles para realizar labores productivas. Actualmente hay más de 15 mil colonos asentados dentro de la Reserva, que llegan de todas las partes del país.

Estos colonos están asentados en las márgenes de los ríos Coco y Bocay, dentro de la zona núcleo de reserva, y tienen conflictos con las comunidades indígenas, legítimos dueños de esas tierras.

"Las comunidades indígenas tienen un derecho ancestral en la Reserva, los colonos son los que están ocasionando problemas porque no están arraigados, entonces no les interesa mantener la tierra", comenta Quintero.

Aporte a la economía

Además de ser un pulmón verde, las áreas protegidas constituyen un centro de producción muy importante.

La principal producción de cacao certificado del país se realiza en la Reserva, y los bienes y servicios ambientales provenientes de ella son a la fecha incalculables.

Por eso, dice Quintero, las Áreas Protegidas no deben verse únicamente como un elemento contemplativo, sino que debe visibilizarse su aporte a la economía nacional, "hay que encontrar un equilibrio entre las necesidades humanas y las necesidades de asegurar la conservación", concluye el director del Sinap.

Reserva de Bosawás

Zona Núcleo: Área 7,800 km2

Zona Amortiguamiento: Área 12,200 km2

Abarca 8 municipios: Cua y Wiwilí, Jinotega; San José de Bocay y Wiwilí, Nueva Segovia; Siuna, Bonanza

Waspam y Waslala.

En la reserva existen cinco Áreas Protegidas: el Cerro Kilambé, Peñas Blancas, Parque Nacional Cerro Saslaya, Reserva Natural Cerro Banacruz y Reserva Natural Cerro Cola Blanca.