El abogado liberal Sergio García Quintero argumentó que Arnoldo Alemán tiene suspendidos sus derechos civiles y políticos, según el artículo 47 de la Constitución Política, y sería una afrenta pública que participara en el diálogo nacional.

Agregó que "es una desgracia ver a juristas manejando opiniones confusas, en un juego de palabras maliciosas para alterar lo que establece la Constitución", ya que implícitamente se allanan al escarnio que se pretende hacer al pueblo nicaragüense.

García cuestionó las declaraciones del magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, Enrique Chavarría, quien afirmó que la salida de Alemán es un asunto administrativo y no legal, y según él, constituyen mensajes subliminales para permitirle al reo estar insólitamente en una mesa de negociaciones políticas institucionales.

Acuerdos serían nulos

Señaló que de ocurrir un diálogo bajo esas condiciones (permiso para Alemán), los compromisos que se suscriban serían nulos, "y los acuerdos un parche poroso, un simple maquillaje para tranquilizar a la comunidad internacional, porque ¿qué pasaría si Alemán participa en el diálogo y el Tribunal de Apelaciones dicta sentencia firme?", se interrogó.

Por ese motivo, advirtió que el presidente Enrique Bolaños no debe aceptar el diálogo bajo esas condiciones, porque además de contradecir su discurso "dejaría colgados a los juristas que lo han apoyado y sería el colmo de su actitud incoherente".

García Quintero se "soltó" contra el cardenal Miguel Obando y Bravo, que en lugar de orar por la paz de Nicaragua es cómplice de las arbitrariedades de los ex presidentes Alemán y Daniel Ortega al permitirles imponer una agenda ajustada a sus intereses.

Vaticinó que la crisis política de Nicaragua seguirá igual, debido a que la clase política, dirigida por Ortega y Alemán, tiene sometido al país con la venia del presidente Bolaños que ha actuado "de una manera torpe, que mueve su dedo a donde le indica el viento".

Solicitud inmoral

Por su parte, el Dr. Carlos Tünnermänn argumentó que la sentencia que emitió la jueza Méndez el 7 de diciembre de 2003 impuso penas accesorias a Alemán, entre ellas la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

"La Ley 285 (Antidrogas y lavado de dinero) en su artículo 78 establece que los reos procesados por los delitos contemplados en la presente Ley no serán excarcelados por ningún motivo, bajo fianza, y no gozarán de los beneficios de la condena condicional, de la libertad condicional, ni indulto, ni de amnistía. Quiere decir de que el hecho que Arnoldo Alemán tenga arresto domiciliar contradice ese artículo, y será mayor si le dan permiso para que participe en el diálogo, el que tampoco se puede celebrar en su casa hacienda El Chile, porque están suspendidos sus derechos civiles y políticos", afirmó.

Criticó por "ilegal e inmoral" la demanda del diputado liberal Noel Ramírez para que Alemán participe en el diálogo, alegando que no es necesario que estén los líderes políticos porque ya habían ratificado la agenda y cada uno de los actores involucrados nombró a su comisión.

Tünnermänn afirmó que el presidente Bolaños debe ser congruente con su discurso y no aceptar la petición del PLC, ya que el objetivo de la comisión liberal "es ver al presidente Bolaños sentado con la mesa para ilegitimar la lucha contra la corrupción".

Derivación política

Por su parte, el jurista Aldo Díaz declaró que la sentencia de 20 años de cárcel dictada contra Alemán no es definitiva porque existe un recurso de apelación que no ha sido fallado, y que ante la falta de criterio del Poder Judicial, el caso Alemán se convierte en un tema político.

Dijo que el ámbito moral y judicial del caso Alemán derivó al ámbito político y por tanto es desde esa perspectiva que debe ser resuelto.