Jueves 14 de Octubre de 2004 Hora local [an error occurred while processing this directive] | Managua, Nicaragua


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Opinión

¿Es ilegal la compra-venta de piezas arqueológicas?
II ENTREGA
Noel Carcache Gonzaga*

Todos los sitios arqueológicos, fragmentos de cerámica, lítica, petroglifos, montículos, estatuaria y objetos precolombinos son por ministerio de la ley parte del Patrimonio Cultural de la Nación, es decir, no requieren una declaratoria para ser tenidos como tales como ocurre con los bienes artísticos, históricos, conjuntos urbanos o rurales. En igual condición al patrimonio arqueológico se encuentran los bienes paleontológicos, según lo establecido en los artículos 1 y 2 del Decreto 1142. La lógica de la norma obedece a que por lo múltiple, desconocido y disperso de estos bienes patrimoniales para una adecuada y rápida protección a los mismos no podría limitarse a declaratorias individualizadas por lo cual, comprobado su valor científico y autenticidad, el bien mismo es parte del Patrimonio Nacional. La ley vigente dentro de sus vacíos tampoco establece la protección ni definición del patrimonio arqueológico subacuático sujeto a mayores restricciones que el patrimonio existente en el suelo o subsuelo.

Igualmente Nicaragua ha suscrito convenios internacionales, firmado tratados bilaterales para el control internacional de objetos precolombinos y como estado parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), es suscriptora de recomendaciones referentes a la protección de los bienes arqueológicos. Uno de los principios que inspiran estos instrumentos internacionales es el llamado principio de arraigo, es decir, garantizar que los bienes patrimoniales no sean exportados de manera definitiva del territorio nacional y que sean debidamente conservados y puestos en valor dentro del territorio nacional para disfrute de las actuales y futuras generaciones.

¿Con qué espíritu se establecen normas prohibitivas para el manejo de los bienes culturales en el año mil novecientos ochenta y dos?, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional aprueba la iniciativa presentada por el Consejo de Estado del Decreto “Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación”, fundamentado en el texto constitucional de ese entonces, el Estatuto sobre Derechos y Garantías que en su capítulo III, Derechos Culturales, establecía que el Patrimonio Cultural debe ser protegido por el Estado por medio de leyes para su conservación y EVITAR SU FUGA AL EXTRANJERO (mayúsculas del articulista). Las consideraciones de los preámbulos adquieren especial importancia, en relación con la determinación de esta naturaleza, si consideramos que en ellos se establecen las razones por las cuales se acuerdan las distintas disposiciones que se articulan en una misma norma. Es decir, en cuanto a los bienes patrimoniales la voluntad política del legislador se expresó y se condicionó para garantizar el principio de arraigo, por un lado y la adecuada conservación como uno de los pilares del manejo de los bienes culturales sin necesidad de modificar el régimen legal con un expreso o tácito cambio de dominio sobre los bienes arqueológicos y paleontológicos, pero sí establece el compromiso del Estado de involucrarse directamente en su conservación, esto se manifiesta expresamente en el mismo artículo 2 de la mencionada ley: “Los bienes culturales, existentes en el territorio nacional, contemplados en los incisos a) y b) del artículo anterior SEA QUIEN FUERE SU DUEÑO O POSEEDOR (mayúsculas del articulista) forman parte por Ministerio de la Ley del Patrimonio Cultural de la Nación y estarán bajo la salvaguarda y protección del Estado”. Los incisos expresados se refieren a los bienes paleontológicos y arqueológicos respectivamente. Nótese que el legislador no estableció el carácter de obligatoriedad en cuanto a esta tutela, el deber ser manifiesto en el texto legal.

La propiedad privada sobre los bienes arqueológicos también se reconoció en la primera ley de protección al patrimonio cultural de Nicaragua, Decreto No. 101, “Ley de Protección al Patrimonio Artístico, Cultural e Histórico de la Nación”, promulgada el 22 de septiembre de 1979, que en su artículo 11 establecía: “En el Registro se inscribirán los bienes arqueológicos, históricos, culturales y artísticos que sean propiedad del Estado, así como los que están en propiedad de instituciones privadas o de particulares”.



*El autor fue Director de Patrimonio Cultural en el Instituto Nicaragüense de Cultura.


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