A la izquierda, unas personas ven el rastro de sangre donde cayó la periodista María José Bravo, en el Instituto “Josefa Toledo”. A la derecha, el hechor, Eugenio Hernández González, al momento de llegar a los juzgados juigalpinos custodiado por policías.

Pasadas las 6.30 de la tarde del martes nueve, en las afueras del Instituto “Josefa Toledo de Aguerri”, de Juigalpa, sede del Centro de Cómputos del Consejo Electoral Departamental, CED, la periodista María José Bravo le contaba a por lo menos una decena de personas, los pormenores de los resultados de las elecciones en los municipios de Santo Tomás y Cuapa.

María José estaba a unos 15 metros del portón del instituto, recostada en una pared que tiene un rótulo de Coca Cola. Simpatizantes del partido Alianza por la República, APRE, la consultaban por la suerte de su partido en las municipales.

Y fue ahí cuando se le acercó Eugenio Hernández González, un viejo militante liberal del municipio de El Ayote que, esa tarde, cargaba un bolso rojo de nylon con la inscripción Florida Panther que tenía dentro una camisa, un pantalón, una gorra y una botella de licor. Y también un arma: un revólver Astra calibre 38. El arma tenía cinco balas.

Eugenio se paró a un metro y medio de María José. Se puso en cuclillas y desde dentro del bolso, con la mano izquierda, le disparó al pecho. La impresión que produjo el estallido fue de que se trataba de una triquitraca. Pero cuando vieron que María José caminó unos pasos y se llevó las manos al pecho, de donde manaba abundante sangre, prendieron la alarma y gritaron: “¡La mataron, mataron a la periodista!”

Con la confusión que se produjo en el lugar, en el que había no menos de 300 personas, Eugenio intentó huir. Dejó caer el bolso y se quiso perder entre la multitud, pero fue retenido por el policía Eleázar José Salazar, que asistía a la escena como guarda del Centro de Cómputos. Eleázar vio cuando Eugenio se puso en posición de tiro. Corrió hacia él, pero llegó cuando ya éste se incorporaba.

La bala le penetró en el pecho a María José Bravo, de 26 años, corresponsal del diario La Prensa en Chontales. Se le alojó en medio de las costillas, le rompió varios vasos sanguíneos y le afectó los pulmones, la aorta y el corazón.

La médico forense Blanca Azucena Moreno, que hizo la autopsia al cuerpo de María José, dictaminó que su muerte ocurrió por la hemorragia interna que le produjo el balazo.

En los exámenes de balística que le hizo la Policía a Eugenio, le encontraron rastros de pólvora en la mano izquierda.

Un tipo de los duros

Ayer, a las seis de la tarde, Eugenio Hernández González, de 36 años, fue llevado a los tribunales juigalpinos. Lo llevaron con el ruido que provocan estos casos, con una decena de policías custodiándole, armados. Corriendo y resoplando.

En menos de un minuto lo sentaron, esposado, frente a la jueza Raquel Montiel, y desde ahí se vio la madera de la que está hecho. En los doce minutos que duró la lectura de la acusación que hizo la Fiscalía, no se inmutó, y sólo abrió la boca dos veces: para nombrar a su defensor, el abogado Francisco Medrano, y para decir que le dieran una copia de la acusación.

Eugenio, que vestía una camiseta blanca con la inscripción Cenagro a la altura del corazón, jeans oscuro y calzaba unas botas vaqueras café claro, no quiso hablar con nadie más. Sólo veía las cámaras en un monólogo interior que acompañaba con un tic: sentado, de puntillas y con los talones sin tocar el suelo, no paró de mover los pies. Era el único signo de nerviosismo que se le veía.

-- Eugenio, ¡por qué la mataste a la María José!

-- ¡Hablá, cabrón jodido! ¡Por qué mataste a la periodista!

-- ¡Decí algo, hijuepueta asesino!

En ráfaga, eso y más, le gritaban los periodistas de Juigalpa. Pero Eugenio hizo como que no había nadie. Y se dejó llevar por los policías que, a empellones, lo metieron en una patrulla cuando ya eran las 6.30 de la tarde y todo había concluido en la oficina de la jueza Montiel.

La Fiscalía ha calificado el hecho como “homicidio doloso”, amparada en que las investigaciones policiales dicen que hubo mano criminal. “Hubo intención de cometer un delito, por eso, provisionalmente, lo hemos calificado como homicidio doloso”, dijo la fiscal departamental Aurora Amador Díaz. La pena por este delito es entre seis y catorce años.

La jueza Montiel le dictó prisión preventiva, en espera de una segunda audiencia la mañana del 19 de este mes.

Las otras personas detenidas, la esposa de Eugenio, Juana María Duarte Blanco, y un menor (que en Juigalpa dicen es su hijo), fueron liberadas ayer porque, según la fiscal Amador, las investigaciones revelan que no participaron del hecho. En todo caso, dijo, las investigaciones continúan.

Las pertenencias de María José, una grabadora, una libreta y una cámara, siguen en poder de la Policía. Del autor de su muerte se sabe poca cosa. Según fuentes policiales, se ha negado a declarar.

Resta por saber qué pasó con una muerte que le atribuyen, ocurrida en las elecciones municipales de 2000. En Juigalpa eso es un rumor extendido, pero la Fiscalía afirma que el investigado por ese caso es otro, no Eugenio, ex alcalde por el PLC en el municipio de El Ayote.