Las últimas decisiones del presidente Enrique Bolaños y su equipo de trabajo más cercano han confirmado: la falta de coherencia política, un pobre análisis de la situación política-legal, el desprecio a los electores que lo llevaron a la Presidencia y la enfermiza actitud de entrega a fuerzas externas.

Bolaños, cerrado a las críticas, está envuelto en su propia telaraña, porque la denuncia de lavado de dinero contra el ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo, ha llegado a su punto álgido como era de esperarse.

La resolución de la Contraloría General de la República (CGR), emitida semanas atrás y remitida a la Asamblea Nacional para lo de su destitución por violar la Ley Orgánica de la Contraloría al ocultar información solicitada, es uno de los últimos eslabones desencadenados por la denuncia de lavado de dinero contra Alemán.

Previo a la denuncia, presentada dos años atrás por la Procuraduría General de la República (PGR), las opiniones en cuanto a denunciar a Alemán por lavado de dinero se dividían entre quienes consideraban que era peligroso, pues estaban concientes de que en cualquier momento saldría salpicado el presidente, y quienes, producto de su falta de experiencia política y afán de figurar, aconsejaron al mandatario denunciarlo.

Hasta personas muy vinculadas al líder del FSLN Daniel Ortega Saavedra, advirtieron a los asesores presidenciales y al propio Bolaños del peligro que representaba acusar a Alemán por lavado de dinero, amparados en la Ley 285 que tipifica el lavado de dinero como producto de actividades del narcotráfico y otros delitos.

Desesperado por crearse una imagen de hombre honesto ante la comunidad internacional que lo alejara del fantasma Alemán y se constituyera en su mejor coraza política, Bolaños no dudó mucho y dio el visto bueno a la CGR para proceder con la denuncia por lavado de dinero, a sabiendas de que su techo era de cristal.

La acusación se presentó y gracias a los diputados del FSLN, Alemán fue despojado de su inmunidad y sometido a juicio. El presidente se mostró complacido con la sentencia emitida por la entonces juez Juana Méndez sentenciando a prisión a Alemán por lavado de dinero, a su secretario personal, Alfredo Fernández, al ex director de Ingresos Byron Jerez, y al ex ministro de Hacienda y Crédito Público Esteban Duque Estrada.

Posteriormente, Méndez condenó al ex presidente a 20 años de presidio por lavado de dinero y además consideró que el dinero defraudado y malversado del Estado, no sólo fue utilizado para beneficio personal de Alemán y sus más cercanos, sino que también en la campaña electoral de 2001, cuyo candidato a la Presidencia era Bolaños.

Méndez envió su sentencia a la Fiscalía General de la República (FGR) y sin tanta demora procedieron a denunciar por delito electoral a Bolaños, al vicepresidente, José Rizo Castellón, a un buen número de funcionarios que participaron en su campaña electoral y a la plana mayor del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

En un acto de politiquería, Bolaños anunció con bombo y platillos que se despojaría de su inmunidad, pero le mintió al pueblo y hasta ahora, como todos los demás funcionarios a quienes ha criticado con severidad, se aferra a ella, mientras la Asamblea Nacional ha utilizado su coraza como un arma de chantaje político.

La denuncia por delito electoral contra Bolaños, daba potestad a la Asamblea Nacional de despojarlo de su inmunidad para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo procesara como establece la Constitución Política.

Pero las dos fuerzas políticas mayoritarias, el PLC y el FSLN, decidieron tomar otra vía, y es a la CGR a quien le toca hacer el trabajo sucio, mientras los diputados se limitan a cumplir con la orden de los contralores que, aunque en el fondo de la resolución tengan la razón, desde el punto de vista legal han pasado por encima de su propia interpretación de la Ley Orgánica de la Contraloría.

Los contralores nunca le comunicaron a Bolaños que se le seguía un proceso administrativo por negarse a brindar la información solicitada. En la auditoría sobre los delitos electorales le piden que conteste preguntas en calidad de testigo, porque los contralores están concientes de que ya hicieron su propia interpretación de la Ley Orgánica al negarse a investigar administrativamente a Alemán por gozar de inmunidad, pues ésta sólo le fue levantada para la acusación en los juzgados.

Por consiguiente, los contralores no podían ponerse en una evidencia tan descarnada, siguiéndole un proceso administrativo a Bolaños que es un presidente en funciones, mientras se niegan a investigar a Alemán porque consideran que la inmunidad lo protege también en lo administrativo.

Por lógica jurídica, si Alemán, según los contralores, no puede ser investigado administrativamente, Bolaños tampoco, entonces no podían establecerle sanciones administrativas que sólo pueden ser producto de un proceso administrativo.

Ahora, Bolaños, quien ha descalificado y llamado asaltantes a los miembros del Poder Judicial, llega a pedir amparo, aduciendo, igual que todos los funcionarios y ex funcionarios que lo anteceden, que se le han violado sus derechos y que le resolución es de carácter político y hasta llega a afirmar que los contralores le niegan el derecho a recurrir de amparo.

Es cierto que se le han violado sus derechos constitucionales al establecerle una sanción administrativa, sin informarle y notificarle que estaba siendo investigado, pero no son los contralores quienes le impiden recurrir de amparo, sino que la misma Ley de Amparo, que fue aprobada y reformada cuando Bolaños no era ni funcionario público.

El presidente ha pedido a los magistrados que lo amparen y sus pretensiones jurídicas llegan al punto de solicitar que se declaré inconstitucional, para su caso, el artículo 51 de la Ley de Amparo que le prohíbe hacer uso (del amparo), por gozar de inmunidad.

Por otra parte, Bolaños, después de despreciar al pueblo al buscar primero el respaldo de la comunidad internacional y en especial a sus incondicionales del norte, ha utilizado su poder para obligar a funcionarios públicos a recurrir de amparo a su favor.

Es más, ha utilizado ese mismo poder para instruir al Procurador General de la República, Alberto Novoa a que investigue a los contralores, como antes le orientó hacerlo con los magistrados de la Corte Suprema, cuando su problema político-legal derivado de su campaña electoral es de carácter personal, no presidencial y menos de Estado.

Bolaños decidió buscar respaldo internacional para salvarse de ser destituido por la Asamblea Nacional, argumentando que es una treta política para destituirlo. Lo cierto es que, aunque cualquier decisión en torno al presidente tiene aristas políticas, en este caso, tiene muchas cosas que responder.

El argumento de los contralores es que le impusieron una multa de dos meses de salario y la destitución del cargo por no informar de dónde provenían los fondos que alimentaron la cuenta corriente en dólares 0011016825 manejada en el Banco Caley Dagnall a nombre de Enrique Bolaños y o Roberto Vassalli y Leonardo Somarriba, y utilizada en la campaña electoral.

La verdad es que los contralores nunca le preguntaron a Bolaños la procedencia de esos fondos, pues además de ser incriminatoria, no podían formularla porque no estaba en calidad de auditado.

El origen de los fondos de esa cuenta es una de las principales interrogantes de la denuncia por delitos electorales contra Bolaños. En dicha cuenta, según la acusación de la Fiscalía, se depositaron dos millones, 708.050 dólares, provenientes de fondos públicos sustraídos del Estado y utilizados en la campaña electoral.

Lo cierto es que los documentos, indican que Bolaños igual que Alemán utilizó fondos públicos lavados para el financiamiento de la campaña electoral y debería responder ante la justicia.

Pero muy hábilmente, ha utilizado el capital político, ganado con su mueca de lucha contra la corrupción, para convencer a sus homólogos centroamericanos y a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que lo respalden argumentando que el PLC y el FSLN pretenden romper el orden institucional.

Bolaños se aleja cada día más de su máxima pretensión expresada cuando tomó posesión el diez de enero de 2002. “Quiero pasar a la historia como el mejor presidente de Nicaragua”.