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Miércoles 4 de Febrero de 2004 | Managua, Nicaragua
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Procesos orales y arbitraje
Anuncian “revolución” en juicios civiles

LIZBETH GARCÍA
Managua

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  Ligia Molina, magistrada de la CSJ. MANUEL ZAPATA/END  

Toda una “revolución” se avecina porque la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció ayer que suplantarán el juicio escrito por el juicio oral en los Juzgados Civiles, pero además impulsarán este año importantes reformas o modificaciones en la Ley de Familia y Ley de Embargo, entre otras.

Además, estudiarán y tendrán incidencia en la elaboración de importantes leyes o anteproyectos, como el que la Cámara de Comercio está trabajando para que los ciudadanos nicaragüenses particulares que tienen problemas, los puedan resolver por arbitraje antes de recurrir a los Juzgados.

Los magistrados civiles, igualmente, revisarán el Código de Comercio de Nicaragua para actualizarlo, y ver la posibilidad de presentarlo como iniciativa de ley.

Así lo anunció ayer la magistrada Ligia Molina, virtual presidente de la Sala Civil de la CSJ, que sesionó y acordó, entre otros puntos, agilizar la tramitación de procesos, emisión de resoluciones, providencias y sentencias mediante la aplicación de un reglamento.

“Pero también decidimos en la Sala que es a nosotros a los que nos corresponde conocer y elaborar proyectos de ley para ser presentados en la Asamblea Nacional, y por eso acordamos presentar una propuesta para elevar las cuantías de los juicios que conocen los jueces locales”, explicó Molina.

Con esta medida, la CSJ lo que pretende es aligerar la carga de trabajo de los Juzgados de Distrito. Actualmente los juzgados civiles locales en los departamentos sólo conocen casos en los cuales la cuantía es de 15 mil córdobas.

En Managua “la medida” es de 20 mil córdobas. Ambas cifras no están acordes con la realidad y la devaluación de la moneda, explicó Molina, al apuntar que, además, los jueces locales ahora son profesionales del Derecho y pueden conocer de casos con mayor cuantía.

La magistrada Ligia Molina indicó que con todo esto, la Sala civil de la CSJ pretende demostrar a la población que sí están trabajando.





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