Diputados de las bancadas del FSLN y del PLC discutían febrilmente cómo salirle al paso a lo “que por las malas” el presidente Bolaños puede llevar adelante para cumplir su promesa de impedir que la Asamblea transforme la naturaleza institucional del Estado nicaragüense.

Previendo un eventual Estado de Emergencia nacional que pudiera decretar el presidente Enrique Bolaños durante el receso parlamentario, los diputados presentaron ayer una iniciativa de Ley Orgánica del Poder Legislativo que otorga excesivas atribuciones a un tercio de los diputados, quienes podrán convocar a sesiones plenarias extraordinarias, facultad que actualmente compete sólo a la Junta Directiva.

Los diputados temen que la Directiva no convoque a sesión extraordinaria, para conocer de un eventual Decreto de Estado de Emergencia.

A como dé lugar

“Una tercera parte de diputados en ejercicio podrá convocar a sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional cumpliendo las formalidades legales. Si a esta sesión no asistiere el Presidente ni los vicepresidentes, hará sus veces el diputado que hubiese ocupado ese cargo en el período anterior más cercano. A falta de un ex presidente presidirá la sesión el diputado de mayor edad de entre los concurrentes, y si no estuviese presente ningún secretario hará sus veces el diputado de menor edad de entre los concurrentes”, destaca el artículo 10 del proyecto legislativo.

López Baldizón: todo sería igual

Según el primer secretario del Parlamento, de aprobarse esa iniciativa implicaría un golpe de Estado y una ruptura del orden institucional del país.

“El fondo de esta propuesta significaría un golpe de Estado, y hemos visto situaciones en la Asamblea Nacional que podrían repetirse ahora. Llama la atención que sea un tercio y no el quórum necesario de 47 diputados, y especificar cuáles son las situaciones en las cuáles se podría convocar, me parece que eso es muy peligroso para la estabilidad institucional de la Asamblea”, advirtió López.

El coordinador del Frente Sandinista, Edwin Castro, señaló que en caso de un Estado de Emergencia, el presidente del Parlamento convoca inmediatamente a los diputados, aun en receso, “vamos a ver, vamos a ver qué pasa”.

El diputado liberal René Herrera, prefirió creer que Bolaños no cometerá “la locura” de decretar un Estado de Emergencia, alegando que “eso implica una guerra definitiva entre los poderes y coloca en riesgo la actitud de todos los poderes, no es la actitud que si los diputados reaccionan de una u otra forma, esto sería otro juego”.

Sentenció que la declaración de emergencia significaría el hundimiento de un proceso institucional en el país, “y para eso nosotros daremos la respuesta en su momento”.

Cartucho al aire o “cañas huecas”

El especialista en derecho Constitucional, Cairo Manuel López, dijo que Bolaños podría declarar el Estado de Emergencia, convocando al consejo de ministros, pero opinó que en el plenario del Parlamento sería rechazado.

“En todo caso sería un cartucho que se dispararía al aire sin efectividad, salvo que el Presidente decidiera hacer intervenir al Ejército y la Policía”, expresó.

Aparentemente, este instrumento legislativo tendría la intención de frenar una eventual parálisis que podrían generar los cuatro directivos afines al bolañismo, quienes tratarían de impedir que en las próximas 48 horas de decretado el Estado de Emergencia, fuese rechazado por el plenario.

Sin embargo, los legisladores no podrán hacer uso inmediato de esta iniciativa, considerando que después de aprobado tendría que transcurrir un período de quince días para que el Presidente de la República lo vete o lo sancione.

Se asignan el 2%

La iniciativa que sustituirá al actual estatuto legislativo, contiene 157 artículos y contempla el establecimiento de una asignación económica equivalente del 2 por ciento del Presupuesto de la República, “evitándose el desgaste producido por negociaciones anuales en lucha por el más y el menos, dice la exposición de motivos.

La iniciativa regula también el funcionamiento de las sesiones, los derechos y obligaciones de los diputados, señalando expresamente los deberes que tienen para con sus electores y para con los problemas de sus comunidades. También se regula, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Electoral, la suspensión y pérdida de los derechos de los Diputados y sus vacancias.