El procurador Ambiental, Lisandro D’León, se mostró satisfecho con la sentencia de la Corte Suprema tica que anuló la concesión a la empresa Infinito S.A., para la explotación de oro a cielo abierto en Las Crucitas, ubicada en el borde fronterizo con Nicaragua, a siete kilómetros del río San Juan.

“Aplaudo la decisión de la Corte tica”, expresó D’León, quien indicó que antes de conocer esa sentencia, la Procuraduría había recomendado hacer uso de los tratados internacionales

para evitar que se llevara a cabo dicha actividad.

Organismos ambientalistas nicas y ticos denunciaron que dicho proyecto minero hubiera afectado gravemente al río San Juan, debido al uso del cianuro en el proceso de la extracción del oro.

D’León opinó que las autoridades judiciales costarricenses antepusieron los intereses de la población por encima de cualquier motivación económica o política.

“La Corte tica tomó en consideración el interés social y los recursos naturales pertenecientes a la colectividad”, manifestó.

El tribunal tico argumentó que la explotación minera a cielo abierto viola el artículo 50 de la Constitución Política, que garantiza el derecho de las personas a tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que declaró con lugar el recurso de amparo presentado en 2002 por un grupo de vecinos de San Carlos, a fin de que se anulara la concesión a la empresa minera.

Un precedente en Nicaragua

Por otro lado, D’León lamentó que en Nicaragua algunos miembros del Poder Judicial no actúen apegados a las normas y procedimientos legales, “y ahí está la diferencia con Costa Rica”, añadió.

No obstante, mencionó que en Nicaragua existe un antecedente similar a éste, cuando la Corte Suprema de Justicia anuló la concesión a la empresa coreana Sol del Caribe S.A. (Solcarsa), a la que el gobierno de la ex presidenta Violeta Chamorro le había otorgado una concesión de 60 mil hectáreas de bosques en el sector de Rosita, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).

“Tenemos un antecedente positivo donde se declaró nula esa concesión, defendiendo los intereses de las comunidades indígenas”, recordó D’León.