Domingo 15 de Agosto de 2004 Hora local [an error occurred while processing this directive] | Managua, Nicaragua


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Ejército de Nicaragua es el más pobre de Centroamérica
* Los políticos no quieren ni estar mal vistos ni quemarse con las Fuerzas Armadas
* Con el presupuesto que reciben es imposible que el Ejército de Nicaragua se modernice
Vladimir López

Foto  

Lote de cohetes Sam-7. Su destrucción unilateral por parte del Ejército de Nicaragua es una muestra de la verdadera tendencia de debilitamiento de la seguridad del país pinolero. Las presiones estadounidenses y la complacencia del gobierno Bolaños con esas exigencias externas, marcan una tendencia. Archivo / END

 
Las Fuerzas Armadas de Centroamérica, incluyendo la fuerza pública de Costa Rica, solamente en 2003 gastaron cuatrocientos treinta y seis millones con seiscientos mil dólares ($US 436.600.000.00), revelaron el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp, y otras fuentes.

Hay que destacar que esa cifra refleja únicamente el dinero presupuestado, sin tomar en cuenta las generosas ayudas que los ejércitos centroamericanos reciben de las naciones amigas, lo que indica que la defensa de los países del istmo cuesta una enorme cantidad de plata, hasta el momento desconocida por la población centroamericana.

Ejército de Nicaragua a la zaga

El Ejército de Nicaragua, que enrola a 12 mil efectivos, gastó 31,7 millones de dólares, mientras que Costa Rica, con una fuerza pública de 10 mil 870 miembros, gastó 108.7 millones de dólares.

Honduras, con un Ejército de 13 mil 200 hombres, gastó 64.4 millones de dólares, y el Ejército de El Salvador, que cuenta con 28 mil 400 efectivos gastó 106 millones de dólares.

Guatemala, que todavía se da el lujo de contar con un Ejército de 31 mil 423 efectivos, recibió el año pasado 125.3 millones de dólares.

Gastos por cada efectivo

Los datos obtenidos por EL NUEVO DIARIO revelan que el gobierno de Costa Rica el año pasado invirtió diez mil sesenta y cuatro dólares ($US 10,064.00) en cada uno de sus guardias --ellos les dicen policías-- que conforman la fuerza pública en ese país.

En cambio, el gobierno de Nicaragua, ese mismo año, apenas invirtió dos mil seiscientos cuarenta y seis dólares ($US 2,646.00) en cada uno de los efectivos enrolados en el instituto militar.

Cada integrante del Ejército de Guatemala costó el año pasado tres mil 987 dólares, y cada militar del Ejército salvadoreño costó tres mil 732 dólares. En tanto, el gobierno de Honduras gastó el año pasado cuatro mil 878 dólares por cada uno de sus efectivos.

¿Es mucho o es poco dinero?

De acuerdo con esos datos, el Ejército de Nicaragua es la institución militar que recibe menos dinero en el área, y según estimaciones de Javier Meléndez, Director del Ieepp, ese presupuesto sólo permite financiar los gastos operativos, pago de planilla y avituallamiento.

Para Meléndez es imposible que con ese presupuesto el Ejército de Nicaragua pueda modernizar la fuerza bélica, “porque además, no existe una política de seguridad en el país, y aquí, ningún político ni algún miembro de los sectores sociales se atreve a señalar si realmente el Ejército necesita más dinero”

Esa apreciación de Meléndez nos hizo recordar que el presidente Enrique Bolaños, cuando se desempeñó como vicemandatario, en numerosas ocasiones expresó su intención de eliminar o hacer desaparecer al Ejército. Se dice que el mandatario todavía mantiene esa posición, pero sólo la expresa entre sus más cercanos colaboradores

Meléndez señaló acertadamente que el desarrollo político de Nicaragua --caracterizada por la sucesión de regímenes antidemocráticos-- politizó y personalizó el control del Ejército, convirtiéndolo en guardián de los regímenes de turno, lo cual hizo del actual Ejército una especie de isla.

Políticos no quieren “pelear”, tampoco “quemarse”

“Ningún político se quiere pelear con los militares, pero tampoco se quieren “quemar”, y nadie se atreve a poner en la agenda el tema de la seguridad nacional como un tema de discusión nacional”, manifestó.

“Desde 1990”, recordó Meléndez, “los líderes políticos del país, encabezados por doña Violeta Chamorro, concentraron sus esfuerzos en la promoción del diálogo civil militar y el desarrollo de reformas institucionales que aseguraran el control civil sobre el entonces Ejército Sandinista”.

Señaló que entre 1990 y 1995 Nicaragua vivió un proceso de fuertes reformas institucionales que cambiaron drásticamente la naturaleza partidaria del actual Ejército Nacional, y abrieron el camino para que los civiles asumieran un rol más activo en los asuntos referidos a la defensa y la seguridad.

Citó la activación formal del Ministerio de Defensa en 1997, el nombramiento y toma de posesión del primer Ministro de Defensa civil en la historia de Nicaragua, y la promulgación de la “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, y su Reglamentación en 1998.

A su vez, manifestó que el Código de Organización Militar (Ley 181) estableció que el Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo del Ejército, tendría respecto a éste la atribución de determinar la política de defensa y seguridad.

“En general se trató de una legislación que abría los espacios para que en estrecha cooperación, civiles y militares avanzaran por primera vez en la historia de Nicaragua hacia la definición de una política de defensa democrática”, indicó.

Consideró que de esta manera encontramos que hoy en día uno de los consensos casi totalmente aceptados por la comunidad política nicaragüense es que, por vez primera en la historia de Nicaragua, el Ejército ha dejado de ser un instrumento de dominio y de servicio a los intereses particulares de algún gobernante o partido.

El “pecado de ser profesional

Meléndez considera que, en lo general, el Ejército de Nicaragua no representa un factor potencial de desestabilización del proceso democrático iniciado en 1990, y que las transformaciones, en términos de reducción de efectivos y de presupuesto han sido la garantía de que el país cuenta con un ejército realmente profesional y al servicio de los intereses de la Nación.

Para el analista, más allá de esta realidad bastante cercana a la verdad, se acepta también en reducidos círculos académicos y muy calladamente en la esfera política, que hoy en día hay asuntos sensibles aún pendientes que limitan un verdadero control democrático sobre los asuntos que competen a la defensa de la Nación y al mismo Ejército de Nicaragua.

Puso como ejemplo la falta de un verdadero ejercicio de supervisión desde los poderes Legislativo y Ejecutivo. La Asamblea Nacional de Nicaragua no asume sus facultades en términos de fiscalización de los asuntos relacionados con la defensa.

Señaló que la inercia del Poder Legislativo en las decisiones presupuestarias sobre el Ejército de Nicaragua es abrumadora, y los mecanismos para solicitar informes o interpelar a las autoridades vinculadas con el tema de la defensa son escasamente utilizados.

El Ministerio de Defensa, apuntó Meléndez, también tiene limitadas sus capacidades, no define las misiones del Ejército ni determina las necesidades de equipo militar.

“Y peor aún, no define la política de defensa que se supone debería enmarcar la organización y funciones del Ejército, a pesar de tener reconocidas esas facultades en la ley, que contradictoriamente son también adjudicadas al Ejército en su normativa fundamental, el Código de Organización Militar, señaló.

Defensa, política pública debilitada

El especialista en temas de seguridad aprecia que una de las consecuencias más obvias en este sentido, es que la capacidad institucional de la defensa y la seguridad en Nicaragua, en términos de la elaboración y supervisión de planes, políticas y programas del sector defensa, avanza débilmente en relación con el contexto de las reformas iniciadas a comienzos de los noventa, y a lo que se esperaría de una democracia más o menos en vías de consolidación.

Además, señala un rasgo que se agrega a esta aún insuficiente capacidad del Estado, y es que también el sector defensa como política pública es quizás el menos estudiado y sometido al escrutinio público de la sociedad civil en Nicaragua.

“Desde esta perspectiva, es indispensable proveer a los tomadores de decisiones y a las organizaciones que trabajan por la transparencia de los asuntos gubernamentales, información e instrumentos que les permitan crear una verdadera capacidad de fiscalización sobre temas claves de la defensa y la seguridad en Nicaragua”, expresó.

Desde esa óptica, y tomando en cuenta los datos específicos que EL NUEVO DIARIO obtuvo sobre el gasto de la defensa en Centroamérica, se puede observar que si las cosas marchan a ese ritmo, el Ejército de Nicaragua se va a convertir en el Ejército más pobre y más débil del área por el “pecado” de haberse transformado en un Ejército profesional, y sus miembros van a terminar vacunando niños y barriendo las calles.

(Comentarios o sugerencias remitirlo a vlopez@elnuevodiario.com.ni)


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