Como parte de esa estrategia, el Fiscal General de República se reunió con los contralores para hacerles entrega de una solicitud «para proseguir y profundizar las investigaciones del caso, cuyos resultados deberán ser remitidos a este Ministerio Público para proseguir con las acciones correspondientes».

«Estimados señores contralores», dice la carta del Fiscal Centeno Gómez, «teniendo como sustento las declaraciones que de manera pública fueron vertidas por el Procurador General de la República en funciones, doctor Francisco Fiallos Navarro en fecha del 7 del corriente, en el Centro de Convenciones Olof Palme, las cuales fueron ratificadas por el Procurador Penal, licenciado Iván Lara, en la acusación presentada ante el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Managua a las 4:25 minutos de la tarde del mismo día».

«Al igual que las declaraciones brindadas el siguiente día ocho en casa del Partido Liberal Constitucionalista por el diputado ingeniero David Castillo, ex Secretario de la Presidencia de la República y por el doctor Arnoldo Alemán Lacayo, Presidente honorario de dicho partido», agrega la carta.

De acuerdo a la misiva del Fiscal Centeno Gómez, «de las anteriores declaraciones se desprende la posible existencia de hechos ilícitos de graves consecuencias para el país, si se llegase a demostrar que se desviaron fondos del Estado a la cuenta de la Fundación Democrática Nicaragüense, FDN, y entregados fondos de esta institución para sustento de la recién pasada campaña electoral del Partido Liberal Constitucionalista».

«Siendo que la Contraloría General de la República, órgano rector del sistema de control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado, de acuerdo a publicaciones de la prensa escrita, ya está en conocimiento de estos hechos, de conformidad con el artículo 1 de la ley 346, «ley orgánica del Ministerio Público», insto a ustedes a proseguir y profundizar las investigaciones del caso, cuyos resultados deberán ser remitidos a este Ministerio Público para proseguir con las acciones correspondientes»

«Cabe recordar que por denuncia del Magistrado del Consejo Supremo Electoral, Emett Lang Salmerón, presentada a este Ministerio Público el 10 de mayo del corriente año, se investigan con ustedes supuestos delitos del mismo orden», concluye la solicitud del Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez.

«NO HEMOS VISTO PRUEBAS»

Vale señalar que el Fiscal Centeno declaró que en el juicio que se abrió en contra del ex mandatario Alemán, «sólo existe el libelo acusatorio, por lo que no hemos podido ver las pruebas».

Por su parte, el Presidente del Consejo Superior de la CGR, Francisco Ramírez, dijo que «nosotros estamos dispuestos a colaborar, de acuerdo a los pocos recursos que disponemos, en todo aquello que contribuya al fortalecimiento de la transparencia y al combate de los hechos incorrectos ilícitos en el manejo de los recursos públicos».

«Le hemos ofrecido al señor Fiscal», reveló, «nuestra colaboración para hacer las investigaciones correspondientes. Quiero decir que nosotros ya estamos trabajando en ENITEL, en la Cementera y en distintas instituciones donde se dice que ha salido dinero del Estado. Sin embargo, ante una solicitud de la Fiscalía y ante la posibilidad de que existen hechos preocupantes de delitos electorales, hemos acogido la solicitud y vamos a hacer las investigaciones».

Dijo que próximamente realizarán una auditoría en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público «porque allí es donde está la principal «huaca» de dinero» y si es cierto que ese dinero se utilizó en la campaña electoral, eso generaría delitos electorales».

ARGUELLO POESSY EMPLAZA A BOLAÑOS

En tanto, el Contralor Guillermo Argüello Poessy señaló que si es cierto que se utilizó el dinero de la «huaca» en la campaña pasada, «eso constituye un delito electoral, pero eso solamente los tribunales de justicia pueden determinar la culpabilidad o la inocencia».

«Pero», dijo, «de acuerdo a lo que dice la Ley, solo el hecho de haber recibido dinero proveniente del Estado para la campaña política, podría constituir delito electoral y el beneficiado no podrá ejercer el cargo para el que fuera electo».

Asimismo, el Contralor Argüello emplazó al Presidente Bolaños de que si recibió dinero del Estado para la campaña electoral, que lo regrese a las arcas del Estado «porque yo estoy seguro de que si él hace eso, muchos nicaragüenses seguirán su ejemplo».

Recordó que cuando se señaló el asunto de las dietas, él fue la única persona que decidió regresar ese dinero y que el Presidente Bolaños, que en ese entonces era el Presidente de la Comisión Anticorrupción del gobierno, jamás dijo que regresaría esa plata.