Esa es la conclusión a la que llegó el experto en derecho tributario doctor Julio Francisco Báez, quien dijo sentirse contento con la noticia de que la Contraloría General de la República (CGR), estudia las posibilidades de realizar auditorías en las entidades estatales que hayan violado el Decreto No. 57 emitido por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en agosto de 1979 que prohíbe tácitamente el pago de dietas a funcionarios públicos, que aún está vigente y se debe de aplicar.

Según los cálculos de Báez un trabajador que gana un mil córdobas al mes, tiene un ingreso anual de 12 mil córdobas. Si los trabajadores al despedirse del Estado sumaran los cinco mil, al multiplicar tal cantidad por los 12 mil córdobas anuales nos da resultado la bicoca de 60 millones de córdobas al año, que es la suma oficial que el gobierno destina del presupuesto para las dietas.

«Es decir que lo que estos señores se llevan en dietas, es lo que podría evitar la ola de despidos masivos que están anunciados para los próximos días», dijo Báez.

A esto agregó que al multiplicar los 60 millones de córdobas por los cuatro años que los funcionarios han estado recibiendo las dietas «de manera ilegal» nos da como total 240 millones de córdobas, es decir se está hablando del equivalente del salario de 20 mil trabajadores.

Y lo de ilegal que dice Báez lo fundamenta en el Decreto No. 57 emitido por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en agosto de 1979, que establece la suspensión de pagos de dietas por parte del Estado, por concepto de asistencia a sesiones de juntas directivas de instituciones del Estado, entes autónomos y empresas confiscadas. «No hay ley que lo haya derogado -dijo Báez- y por lo tanto está vigente».

«Las cifras -dijo Báez- en concepto de pago de dietas son verdaderamente espeluznantes y lo peor es que se han pagado por encima de una ley de la república y el poder Ejecutivo la está violando, el Legislativo está callado y es por eso que la Contraloría debe tomar cartas en el asunto porque todo lo actuado en este sentido no tiene base legal y por lo tanto se deben suspender los pagos y ordenar la devolución de lo que ha sido un pago indebido».

Báez dijo que de no cumplir la Contraloría con su rol que es resguardar los bienes y fondos públicos, «estaría cediendo a todas luces la ejecución de un despilfarro criminal y un robo descarado».

Asimismo consideró que la CGR debe inventariar a todos los funcionarios públicos «que estén en sus cargos o que ya no estén, pero que haya recibido pago de dietas», pues esta es a su parecer la única manera de recuperar todo el dinero pagado «indebidamente».

Indicó que otra obligación de la CGR es investigar cuantos de los funcionarios públicos que recibieron dietas, pagaron su Impuesto sobre la Renta (IR) «porque ahí también habría evasión de impuestos».

OTROS GASTOS «DE ESCANDALO»

A juicio de Báez la CGR también debe investigar la «fuga de millones de córdobas» en concepto de tarjetas de créditos de las que gozan los funcionarios públicos «pese a que el Presidente Alemán hace tres años y medio salió elegantemente junto al presidente del Banco Central en los medios de comunicación cortando con unas tijeras las tarjetas de crédito en señal que no iban a ocuparse en su gobierno».

«Esto -añadió el experto en derecho tributario- es una gran falsedad, porque sólo en tarjetas el país pierde 50 millones de córdobas que se van en gastos de representación, de los desayunos trabajos, almuerzos trabajos, cenas trabajos y hasta siestas trabajos y todas estas cursilerías que se hacen con dinero nuestro».

De la misma manera Báez dijo que el ente fiscalizador debe investigar la existencia ingresos que están percibiendo algunos ministerios y que no están autorizados para hacerlo, sino es a través del ingreso a la hacienda pública.

«Hay algunos gastos que facturan para sí mismos, por medio de facturas informales, no oficiales, que se consumen que está fuera del Presupuesto que equivale a 300 millones de córdobas al año que están siendo ingresados sin recibos fiscales», dijo.

A la vez recomendó a la Contraloría estudiar e investigar «minuciosamente» cuántas de las instituciones, empresas estatales y entes autónomos pagan realmente sus impuestos, pues tiene entendido que no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias que ordena la ley y que lo que están provocando una competencia desleal contra el sector privado.

«Sería bueno que se investiguen los niveles de evasión que existe en todo el Estado, porque falta honrar compromisos tributarios, que no podemos hablar de cifras ciertas, pero no podemos descartar también que sean escandalosas», expresó.

Sumando el total de cantidades, es decir los 240 millones de córdobas que en los últimos cuatro años se han pagado en dietas a los funcionarios del Estado, los 50 millones de los gastos de representación por un año y los 300 millones que reciben algunas instituciones al margen del presupuesto, estamos hablando de casi 600 millones de córdobas, cantidad que para Báez «es algo que chorrea sangre porque es dinero que está flotando en el aire».

Báez dijo ser «crudo y categórico» al señalar estas situaciones, debido a que el gobierno está tratando de desviar la atención que en nombre de la austeridad que ordenó el Fondo Monetario Internacional se están tomando unas medidas que socialmente provocarán inminentes desórdenes.

Dijo que los miles de trabajadores sobre cuyas cabezas pende la guillotina del despido, deben presionar a la CGR a investigar este tipo de casos, «porque son ellos (los más de cuatro mil empleados estatales que serán despedidos) los que van a pagar con medidas que no tienen porque pagar estas cuentas del despilfarro por dietas y otros gastos que en nada ayudan al país a salir de la crisis, pues más bien lo sumergen más en ella».