El pronunciamiento definitivo de la Sala Constitucional hubiese sido determinante para la resolución posterior del Consejo Supremo Electoral en cuanto a la inhibición de Alvarado, ya que habrían dejado claro si Alvarado recuperó correctamente la nacionalidad nicaragüense o no.

Alvarado recurrió de amparo contra la resolución del ex ministro de Gobernación, René Herrera y del presidente Arnoldo Alemán mediante la cual lo despojaron de la nacionalidad nicaragüense argumentando que no había cumplido con los requisitos establecidos para el proceso de recuperación de la misma.

Los magistrados constitucionalistas optaron por no quemarse las manos y dejarle toda la responsabilidad al Consejo Supremo Electoral, quien al final deberá decir si Alvarado puede correr para las próximas elecciones.

Esta vez los magistrados constitucionalistas decidieron regresar el caso al Tribunal de Apelaciones de Granada alegando que tiene que pronunciarse sobre la impugnación que el presidente, Arnoldo Alemán promovió contra uno de sus miembros.

Antes el presidente había recusado a otros tres magistrados y en ambos casos el Tribunal de Granada rechazó los recursos de Alemán y enviaron el caso a la Corte Suprema razonando que ya habían tomado su decisión.

Alvarado dijo que los magistrados de Granada tienen razón de haber rechazado las recusaciones y enviado el caso a la Corte Suprema de Justicia porque ellos ya mandaron a suspender los efectos de la resolución Herrera - Alemán y no tienen nada más que hacer porque ese recurso se debería haber promovido ante de que los magistrados se pronunciaran.

Agregó que al darle largas al caso sólo se le están dando oportunidad al Consejo Supremo Electoral que resuelva como el presidente quiere.

Mientras tanto los magistrados de la Sala Penal citaron ayer para sentencia en el caso del ex contralor Agustín Jarquín, debido a que la Procuraduría y la parte defensora han causado retrasos en el proceso al haber tenido el expediente en traslado más del tiempo establecido. Los magistrados tienen de diez días a seis meses para emitir la sentencia del caso.

La Sala Penal tiene pendiente de pronunciarse sobre el recurso extraordinario de casación que promovió la Procuraduría de Justicia, contra la sentencia del Tribunal de Apelaciones que sobreseyó definitivamente en el caso conocido como "Ramón Parrales".