Esta información fue proporcionada por el abogado Edgard Palacios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), a donde nuevamente acudieron la directiva de ex-cañeros y quienes desde el pasado 5 de enero pasado interpusieron la denuncia.

Por las diligencias del CENIDH y los denunciantes se logró que el Ministerio del Trabajo (MITRAB), el Instituto de Seguridad Social (INSS) y el Ministerio de Salud (MINSA) crearon una comisión investigadora, sin embargo según el Dr. Palacios los estudios del MINSA no encontraron elementos para responsabilizar al ingenio.

"Definitivamente esta investigación físico-química del agua realizado por el MINSA no se puede considerar concluyente pues está incompleta. En el encuentro del 9 de mayo en la Asamblea Nacional para dilucidar el caso, el experto del MINSA, Dr. Norman Girón expresó que se necesitaba un proceso investigativo más amplio para hacer un análisis fidedigno del caso", dijo el Dr. Palacios.

El abogado del CENIDH indicó que los denunciantes aseguraron que los estudios del agua realizados en la bomba de resistencia, la bomba de la casa hacienda, de la bloquera, Zapatera y Adela, fueron indicados por la propia gerencia del ingenio, lugar donde los trabajadores no consumen agua.

Los afectados señalaron que los puntos que debieron ser investigados eran las pipas, el suelo de las bodegas, el área de mezclas y los efectos que causan los herbicidas en especial el Randax.

Palacios mencionó que por su parte el INSS dictaminó que hay un total de 735 casos de insuficiencia renal crónica, por lo cual la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional pidió una reunión con la gerencia del ingenio para que vieran la situación que viven los trabajadores afectados por la insuficiencia renal.

"Sabemos que a la convocación de esa reunión no llegó nadie del ingenio San Antonio", finalizó el Dr. Palacios.