Vallecillo Quiroz, quien fue entrevistado por EL NUEVO DIARIO, recordó a los funcionarios de la Dirección General de Ingresos que los avalúos catastrales solo sirven de base o referencia para el cobro de impuestos cuando se realiza una transacción, pero en sí mismo no crea ningún gravamen.

El especialista agrega que el avalúo catastral solo se utiliza para hacer el cálculo de cuáles son presuntivamente los ingresos que está generando una transacción y en ese sentido añadió que violenta la ley querer establecer un tipo de tributo sobre la valorización catastral, lo que de establecerse se conformará en una «exacción ilegal».

DGI NO ESTA FACULTADA POR LA LEY

Al respecto señaló que todo funcionario de acuerdo a la Constitución, responde por sus actos y solo está facultado por lo que la Carta Magna y las leyes establecen, por tanto se estaría violentando el principio de legalidad que debe tener todo tributo.

De ejecutarse ese cobro, el director general de ingresos estaría cometiendo en una extralimitación de las facultades que le confieren las leyes, incluyendo la 339, que es la creadora de la Dirección General de Ingresos.

La ley 339 establece las facultades de director general de ingresos y de la entidad recaudadora, señalando además que es deber del funcionario que dirige la entidad «cumplir y hacer cumplir las leyes de la República y dictar disposiciones administrativas para aclarar la ley, no para cambiarla ni para modificarla, ni para crear».

COBRO ES ILEGAL

Además recordó que la Constitución establece que solo la Asamblea Nacional puede crear tributos, por lo tanto reiteró que todo cobro de impuestos por concepto de avalúo catastral, es exacción ilegal porque le estarán extrayendo dinero al público sin ningún fundamento y bajo una supuesta figura legal.

Por otra parte manifestó que si un ciudadano es sorprendido con el cobro del uno por ciento sobre el avalúo catastral, puede recurrir de reposición ante el Director General de Ingresos o también denunciar el hecho ante la Contraloría General de la República, entidad que tiene la facultad de parar ese tipo de acciones indebidas.

Vallecillo sin embargo no dejó de reconocer que normalmente esos trámites son largos y que al fin y al cabo las personas terminan pagando el cobro ilegal por desgaste económico y de tiempo, pero advirtió que de tal manera se crea un precedente peligroso en que cualquier funcionario haga lo que no le corresponde.

René Vallecillo además dijo que los cobros deben estar establecidos en la ley y que eso solo lo puede establecer la Asamblea Nacional, pero en la práctica como es una nueva fuente recaudatoria creada administrativamente, no por ley, la motivación o el incentivo perverso que va tener cualquiera es subir el valor del avalúo para que haya más recaudación.