Las elecciones del presente año amenazan con desarrollarse en un escenario polarizado y colocar a los votantes como rehenes de opciones que dicen representarlos. A eso apuestan el FSLN y el PLC. A eso apuestan y en función de ello emplean los resortes de poder que están bajo su control. Así desde el Ejecutivo se activan los mecanismos para atraer al Partido Conservador a una alianza que sólo significaría el bara kiri para ese partido; desde la Asamblea se bloquea una reforma a la Ley Electoral que a gritos exigen las fuerzas demócratas y en el Consejo Supremo Electoral se pretende conculcar el derecho de Unidad Nacional a su personalidad jurídica.
La comparecencia de dos protagonistas en las elecciones de noviembre implicaría la exclusión de fuerzas democráticas emergentes que ya poseen expresión política y organizativa, pero también sería ignorar a más del 40% de votantes que se abstuvieron en las pasadas elecciones municipales.
Para quienes su interés final y definitorio es la lucha por el poder mismo es irrelevante si este se alcanza con una mayor o menor participación activa de los votantes. El fin justifica el medio, dicen, y por eso presentan como un logro del pacto haber reducido el mínimo necesario para ganar las elecciones presidenciales. No importa que la mayoría no esté. Para ellos ya la historia no la hacen las masas como decían los viejos manuales de Materialismo Histórico, la hace quien gana las elecciones, aunque sea con el mínimo y desde el poder se pueden perdonar vidas o hacer nuevos amarres.
Para los más connotados miembros de la cúpula del PLC la preservación del poder o al menos de una cuota de poder es una cuestión vital. Podría significar la diferencia entre la cárcel y la libertad. La responsabilidad ante los sonados y ostensibles actos de corrupción en que se han visto envueltos, sólo pueden ser eludidos bajo la sombra de la inmunidad o del poder impone. Basta revisar la planilla pelecista de propuestos para los cargos de elección popular de la que hay que descartar al Dr. Arnoldo Alemán, quien por consecuencia del pacto entre el FSLN y el PLC, tiene ya una diputación regalada.
En estas circunstancias la mayoría de los nicaragüenses que no optamos por ninguna de esas alternativas comparecemos impotentes frente a las instituciones controladas por los intereses partidarios, frente a un ejercicio del poder signado por la militancia y no por el interés de servicio público. Impotentes no por falta de fuerza real, sino por la ausencia de instituciones que la encaucen.
Atrapados sin salida, imagen que además la refuerzan quienes se favorecen de esa situación, carceleros al fin y al cabo de los derechos ciudadanos.- Por ahora más allá de la consabida denuncia, queda muy poco por hacer en los canones legales más que recurrir y chocar una vez más frente a las voluntades políticas.
O, como en la película de los setenta, no quedará más opción que romper las paredes laterales.