Según Argüello, no podía rendir declaración ad-inquirendum (ofendida), porque como ministra goza de inmunidad y el derecho procesal señala que sólo pueden rendir declaración en sus despachos y como testigos. La juez llegó al despacho de la ministra donde le tomó la declaración en calidad de testigo.

De acuerdo a la ley de la materia, explicó Argüello a la juez, el único que representa al Estado es el Fiscal de la República o el Procurador de Justicia. No obstante, los ministros siempre han declarado en calidad de ofendidos en los casos en los que las instituciones que representan se ven afectadas por actos delictivos.

Sin embargo, cuando la juez le preguntó si la declaración rendida en la Policía y la firma eran suyas, se limitó a responder que sí. Pero ante la Policía Nacional, dijo sentirse ofendida por hechos investigados que causaban perjuicio al Ministerio de Salud.

Esos hechos, son el presunto hurto, cometido por Meza, Lidia López, directora de distribución y Mariano Castro, responsable del Centro de Despacho. Asimismo son procesados algunos familiares de la primera que le ayudaron en la comisión.

La investigación de la Policía Nacional determinó que Meza fue quien le dio órdenes a su primo, Gilberto Meza, para que sacarán las medicinas del CIPS y las llevaran directamente a la casa de su empleada doméstica, Miriam Cano, en Niquinohomo.

Cuando el presunto hurto fue denunciado, Meza quiso justificar la desviación de medicinas diciendo que por un desperfecto del vehículo se habían desviado a Niquinohomo y habían dejado los medicamentos en la casa de Cano, pero todo esto fue desmentido por diversos testigos a quienes la principal implicada trató de convencer para que sostuvieran su versión.

Se espera de que en los próximos días continúe el proceso judicial y que la juez Pérez resuelva si admite o no el incidente de recusación promovido por Meza contra la juez Primero de Distrito del Crimen Juana Méndez.