El expediente 12.388 de la denuncia, fue introducido el 3 de diciembre del año pasado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), casi un mes luego de celebrados los comicios municipales. El Informe de Admisibilidad de la CIDH, fue notificado hace pocos días a esa institución bajo el número 12501.

Bayardo Izabá, asesor legal de la institución, explicó que el informe de la CIDH detalla "que es competente para conocer del caso, por lo cual se espera una batalla a esfera internacional". Los requisitos de la denuncia de YATAMA fueron completados y enviados bajo el soporte del CENIDH.

La CIDH, dio lugar a esta denuncia por haberse agotado los recursos de jurisdicción internos -indicó-, el gobierno ya fue notificado de esta acción.

Sin embargo, la CIDH, apoyándose en el artículo 38, numeral 2, explica que esa Comisión se dispone a resolver este caso por la vía amistosa. Izabá, manifestó que el CENIDH está en disposición de buscarle una solución por esa vía, aunque elaborarán en los próximos días su propia propuesta.

Este documento, adelantó, incluirá que se elabore una nueva Ley Electoral que beneficie y tome en cuenta a las comunidades indígenas y autónomas. "También esperamos que la disposición del nuevo presidente, don Enrique Bolaños, esté dispuesta a reformar estas variantes de la Ley excluyente", dijo.

Pedimos la despartidarización de la institucionalidad y las instancias electorales. También solicitamos una nueva Ley Electoral que sancione con multas económicas a los guías espirituales que incidan desde el púlpito manipulando la fe religiosa, orientando el voto de la feligresía en un determinado sentido.

El funcionario de Derechos Humanos, explicó que solo de esta manera se reconocerá que el nuevo gobierno respetará y reconocerá a la CIDH.

Los derechos políticos de estas personas han sido restringidos por el CSE y la Ley Electoral, apuntó, pero el informe de admisibilidad es un golpe tenaz al CSE. Demuestra que la CIDH sospecha que el CSE violentó a YATAMA su derecho a ser elegidos para ocupar cargos públicos en la Costa Atlántica.

Este es el primero de los dos casos que la CIDH le admite al CENIDH, ya que el número 11878 todavía está en espera. Se trata de las irregularidades ocurridas en las elecciones nacionales de 1996.

Izabá, contento con la decisión de la CIDH, concluyó diciendo que "en Nicaragua hay muchos agentes de corrupción de las leyes electorales que distorsionan la voluntad de los electores".