Maltrato sin huellas visibles

Cuando Violeta Delgado regresó de Nueva York el 10 de junio pasado, su rostro no tenía ninguna huella que denotara violencia. Pero ella sí había sido víctima, en calidad de representante de 150 organizaciones de mujeres, de la política excluyente del presidente Arnoldo Alemán al retirarla de la delegación oficial en la Asamblea General de las Naciones Unidas de Beijing + 5.

Cuando nos referimos al tema de la violencia contra las mujeres, por lo general nos remitimos al maltrato físico y psicológico que estas sufren en el ámbito privado, especialmente en los hogares de parte de sus parejas.

Pero existe otro tipo de violencia, que no deja señas en el rostro para que sean examinadas por el forense, y que silenciosamente y de manera sistemática viven miles de mujeres nicaragüenses. Se trata de la «Violencia Institucionalizada».

La administración liberal en el poder desde 1997, ha implementado la «Violencia Institucionalizada» contra las mujeres a través de políticas con las que día a día pretende convertirlas desde insignificantes operarias de máquinas, sin pensamiento ni sentimiento, hasta simples albaceas del poder político.

Y es que las políticas del gobierno liberal están privando a miles de mujeres nicaragüenses del disfrute de las más elementales facetas de sus vidas como tales, del desarrollo de su inteligencia y habilidades y del aporte que pueden dar a la sociedad, marcando un peligroso retroceso en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres.

GOBIERNO ARREBATA ESPACIOS A MUJERES

Como en otros países, en Nicaragua las mujeres a través de un proceso lento y difícil han roto los esquemas tradicionales. En 1979, las mujeres con su participación en la Revolución Popular Sandinista, se ganaron espacios que les permitieron promover acciones a favor del género.

La doctora Ana María Pizarro, investigadora durante 30 años en temas de la mujer, entre ellos de población y género, señala que en el período de la revolución había un mensaje explícito pronatalista coherente al modelo reproductivo, donde se necesitaban muchos brazos y las mujeres por lo tanto tenían que parir.

Los revolucionarios rechazaban cualquier medida de control de población porque consideraban respondían a un postulado imperialista, pero a la vez hubo avances muy importantes.

Para Pizarro, directora de Servicios Integrales para la Mujer (SI MUJER), la herencia más importante de esa época es que las mujeres tuvieron voz y pudieron salir del ámbito doméstico, con una concepción y presencia pública y si bien muchas han regresado a su origen, una gran cantidad aún permanece en el debate nacional, de la política comunitaria y de ahí es difícil que regresen a sus casitas.

En 1990, con la llegada al poder de doña Violeta Barrios de Chamorro, como la primera presidenta en la historia del país, se mantuvieron los espacios que en el gobierno anterior tenían las mujeres.

En el Legislativo, que tenía independencia del Ejecutivo, se aprobaron 12 leyes para dar mayor protección a las mujeres tanto en el ámbito privado como público, en cumplimiento a los compromisos adquiridos en las Conferencias y Cumbres Mundiales de la Mujer y de Población y Desarrollo con enfoque de género.

PADRES DE FRUTO DEL DELITO

Pero no todas las leyes fueron tan buenas. La doctora Pizarro afirma que la administración Chamorro heredó una Ley donde los violadores pueden ser padres de la prole que engendran producto de la violación. Eso es una violación gravísima a los derechos humanos de las mujeres que no ha sido reconocida en su magnitud.

Sin embargo, reconoce que se abrieron espacios formales que fueron importantes porque permitieron a las mujeres disentir del gobierno, distribuir materiales con amplia libertad de prensa y micrófono y presentar diversidad de propuestas.

La debilidad radicó en que no existieron mecanismos concretos para que el gobierno incorporara, como leyes, decretos, estrategias, políticas o programas, las propuestas que venían perfecta y claramente formuladas desde el movimiento de mujeres, dice Pizarro.

Durante los dos gobiernos anteriores se aprobaron leyes que priorizaron a las mujeres en la titulación de tierras, se aprobó una Ley de Alimentos que obliga al hombre a pasar una pensión a la prole después de la separación; el Código Penal se reformó en tres oportunidades para castigar con mayor severidad los delitos sexuales que se cometen especialmente contra mujeres y niñas; se aprobó una Ley para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar y el acoso sexual.

El Nuevo Código Laboral dedicó un capítulo especial para garantizar los derechos de las mujeres, especialmente durante el embarazo y lactancia materna y se creó la Procuraduría de Derechos Humanos de la Mujer, entre los principales logros.

Hoy, esos espacios ganados por las mujeres y reconocidos por los dos gobiernos de los 17 años precedentes, han sufrido no sólo una parálisis sino que un retroceso, ya que la actual administración, además de no implementar medidas en favor de las féminas, ha mantenido una política hostil hacia las organizaciones de mujeres y les ha cerrado los espacios de participación.

Gobierno excluyente y hostil

¿Cómo calificaría la política que el gobierno ha tenido hacia las mujeres? «Excluyente», «hostil» y «promotor de la violencia institucional contra nosotras». Esas fueron algunas de las palabras claves que las mujeres organizadas femeninas usaron para calificar a la actual administración.

Y cuando las mujeres hacen esas afirmaciones hay mucho de cierto. En casi cuatro años de gobierno liberal, sólo se han aprobado dos leyes a favor de las mujeres: La Ley la Lactancia Materna (1999) y la ley que crea la Comisión Rural de la Mujer (1997), mientras se pretende eliminar del Código Penal, el aborto terapéutico y se les excluye de importantes instancias.

El gobierno actual, según lo refleja el propio informe (2000) de Avances Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing, China, 1995, del Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM), no ha avanzado prácticamente en nada en lo que deben ser políticas y medidas a favor de las mujeres.

Dicho informe menciona como avances una serie de acciones que tienen que ver con la niñez y la adolescencia y cuando se refiere a medidas y leyes a favor de las mujeres, retoma las que se dieron durante la administración anterior y los proyectos que tiene el actual, pero nada concreto.

POLICIA LAS APOYA

Violeta Delgado, secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres contra la Violencia, que aglutina a 150 organizaciones de mujeres, dice que aunque la Policía Nacional y cuadros intermedios del Ministerio de Salud (MINSA), se han preocupado por las mujeres, la política general ha sido de ataque y de no reconocimiento a las ONG en general y las organizaciones femeninas.

La doctora Ana María Pizarro, directora de SI MUJER, califica de peligrosa la política excluyente, hostil y de violencia institucionalizada del gobierno hacia las mujeres, donde las organizaciones que hacen el trabajo que el gobierno tiene obligación, están siendo atacadas y amenazadas con desaparecerlas.

Una de las causas de violencia contra las mujeres son las políticas de gobierno que las han impactado en mayor medida, pues el 51 por ciento son mujeres y el 33 por ciento de los hogares son jefeados por ellas, afirma, Margarita Urbina, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

En el caso del sector informal, indicó, sus ganancias son bajísimas y no tienen ningún tipo de beneficio social y oportunidades de desarrollo, lo que les impide realizarse como personas.

Pero Amalia Frech Alemán, directora del gubernamental Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM), no ve ningún retroceso y por el contrario califica de propaganda negativa los señalamientos que hacen las mujeres. Ella asegura que el INIM ha trabajado a favor de las mujeres y con autonomía.

No obstante, la política de exclusión del gobierno a las mujeres se materializó desde 1997, cuando fueron eliminadas de la Comisión Nacional de Salud (CNS), donde se deberían diseñar desde una perspectiva de género, importantes programas de salud sexual y reproductiva.

Ese - el cierre de espacios en la CNS a 32 organizaciones - fue el campanazo inicial, dice Pizarro, quien explica que cuando la comisión se reabrió fue con instituciones gubernamentales y las asociaciones que el presidente Alemán escogió.

«Tal vez se conformó con instituciones estatales porque son las que tienen que dar respuesta a la población», trata de justificar Frech, tras señalar que aunque las organizaciones de mujeres podrían participar, no hay que verlo como un problema.

Pero a las organizaciones de mujeres también les fue arrebatada la secretaría ejecutiva de la Comisión Nacional de Lucha Contra la Mortalidad Materna (CNLCMM), que había estado en sus manos desde 1992.

Pizarro afirma que cuando se canceló en febrero de 1997 la CNLCMM, comenzó a disminuir la mortalidad materna en Nicaragua, porque los registros que eran aportados por la comunidad se acabaron.

El Ministerio de Salud, recuerda Pizarro, cerró las puertas a las mujeres y a las investigadoras y no las convoca durante 1997,98 y 99, hasta que el siete de abril de este año por decreto presidencial arma una comisión y llaman a un reducido número de organizaciones.

Ante las críticas de las mujeres, el Ejecutivo convocó a un reducido número de organizaciones. Delgado confirmó que una representante de la Red de Mujeres integra la comisión y han logrado avances con algunos cuadros intermedios del Ministerio de Salud y el propio INIM.

MUJERES DEL GABINETE RELEGADAS EN LOS FOROS

La exclusión ha alcanzado a las mujeres del gabinete de gobierno, relegadas de tener una participación activa en los foros internacionales sobre población y las propias cumbres de mujeres, según confirmanos a través de diferentes documentos memorias.

En el Prep Com, de marzo de 1999, la reunión más importante previa a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Ejecutivo nombró como jefe de la delegación al ahora ex ministro de MIFAMILIA, Max Padilla, quien viajó en compañía de su asesora, Elida Solórzano, de reconocida militancia en grupos conservadores aliados a la Iglesia Católica.

Al mes siguiente, en abril de 1999, la ministra de Salud, Martha McCoy, fue delegada por la Comisión Nacional de Población para asistir a la segunda reunión preparatoria de Cairo + 5 en Nueva York, pero tuvo que regresar desde Miami porque simultáneamente el Ministro de MIFAMILIA fue nombrado jefe de la delegación por el presidente Alemán.

De igual forma en febrero 2000, el Ministro de MIFAMILIA delegó a funcionarias de nivel medio a representar a las mujeres en la VIII Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y El Caribe, siendo relegada la directora del INIM. Frech, directora del INIM, dice que no sabe cual fue esa Conferencia, porque ella recientemente participó en una mini cumbre de mujeres de alto nivel en Panamá, donde se aprobó un documento de Paz en el Mundo y Paz sobre la Mujer.

A la reunión preparatoria de Beijing + Cinco, nuevamente el jefe de la delegación fue el Ministro de MIFAMILIA con Solórzano que reemplazó totalmente a la directora del INIM en el uso de la palabra, a pesar que la conferencia trataba sobre la mujer.

Finalmente, en junio 2000, en la Asamblea General de las Naciones Unidas de Beijing + Cinco,, la delegación oficial no incluyó a la secretaria de Acción Social, Jamileth Bonilla, y fue presidida, en la práctica, por la delegada de MIFAMILIA, Solórzano a pesar del reciente nombramiento de la Ministra de la Familia, quien asistió acompañando a la Primera Dama y la directora del INIM.

Delgado calificó como penosa la representación nacional en Nueva York, que en la práctica presidió Elida Solórzano, quien dijo que en Nicaragua la mortalidad materna no es problema, pese a que en el MINSA lo consideran así y están preocupados por la situación.

TOTAL INCOHERENCIA

Recordó que los noruegos y los suecos comentaron, para qué el gobierno pedía dinero a fin de tratar de bajar la mortalidad materna, si Solórzano decía que no era problema.

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994 y otras conferencias de las Naciones Unidas, han planteado la mortalidad materna tanto como un problema de desarrollo, como una cuestión de derechos humanos.

Ella (Delgado) fue una víctima directa de la política excluye nte del Ejecutivo. Recordó que estando en Nueva York le fue retirada la invitación que le había hecho la Primera Dama para ser parte de la delegación oficial y tuvo que sumarse a la representación de las organizaciones de la sociedad civil.

Pero Frech no ve ninguna marginación de las mujeres en los foros internacionales, pues asegura que ha participado en diversos encuentros, aunque reconoce que en ciertos eventos, como Beijing + 5, se delegó al Ministro de MIFAMILIA, pero eso lo atribuye a la reforma del Estado mediante la Ley 290.

EJECUTIVO HOSTIGA Y AMENAZA A ORGANIZACIONES

El Ejecutivo inició una campaña en 1999, profundizada este año en contra de las organizaciones de mujeres, especialmente aquellas que brindan atención médica general, programas de educación sexual y reproductiva, atención especializada a mujeres con enfermedades de trasmisión sexual y cáncer y atención integral a víctimas de violencia, que no atiende el sistema nacional de salud.

Las organizaciones de mujeres han sido amenazadas y existen intentos de intervención y en el caso de SI MUJER de retirarle la personería jurídica por la vía judicial o lo que sea necesaria, dijo Pizarro, directora del centro.

Para ello, indicó, han utilizado los canales oficiales del gobierno, partidos políticos afines y los juzgados donde llegaron a pedir que se retire la personalidad jurídica, que de concretarse afectaría a unas 30 mil mujeres que reciben atención.

A nosotras, agregó, que hacemos investigaciones, que hemos señalado el riesgo de la mortalidad materna, el riesgo del aborto inseguro y clandestino, los beneficios de mantener el aborto terapéutico, nos han usado como chivo expiatorio de sus debates, de su incapacidad de ver la realidad del país. Delgado, por su parte, retó al gobierno a que presente un centro donde brinden atención a las víctimas de violencia.

«Ese trabajo lo hacemos nosotras limosneando y por eso somos atacadas cuando deberían darnos una placa».

Pero Frech dice que como Ejecutivo nunca ha conocido que se ataque a las organizaciones, en todo caso la crítica es buena, porque en esa medida se crece.

PRETENDEN ELIMINAR EL ABORTO TERAPEUTICO

Dentro de la celebración del Jubileo 2000, en una misa campal el 25 de marzo pasado, el Ejecutivo instauró el Día del Niño por Nacer, lo que a criterio de las mujeres fue una forma de preparar las bases para la posterior eliminación del aborto terapéutico, en el Código Penal desde el siglo pasado.

Mientras crean el día del niño, señala Pizarro, el Estado aborta a los nacidos cuando cierra los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) porque no tienen voluntad de protegerlos, ni a las madres pobres, que son las afectadas.

Según Frech, han pedido ayuda al Presidente y la Primera Dama para evitar el cierre de los CDI y están dispuestos a darla y el INIM esta atento al caso, aunque admitió que no conoce a fondo la problemática.

Desde el Ejecutivo se está promoviendo la eliminación del artículo 146 del Código Penal, que contempla el aborto terapéutico.

En ese sentido han apoyado abiertamente una campaña de la alta jerarquía católica y concedieron permiso a los empleados del Estado para participar en una marcha que encabezaron el cardenal Miguel Obando, con su clero, el presidente Arnoldo Alemán con la Primera Dama, María Fernanda Alemán y el gabinete de gobierno.

El presidente y ministros tratan de hacer política a costillas de las mujeres y se prestan a presiones de la alta jerarquía católica que pretende la eliminación del aborto terapéutico, sostiene Delgado.

Considera que las máximas autoridades del Ejecutivo han tenido una política concesionaria hacia la Iglesia Católica, en perjuicio de las mujeres y en violación a la Constitución Política que establece un Estado Laico.

ES GRAN CAMBALACHE

«Yo te doy lo del aborto terapéutico y vos date un sermón de las culebras y a cambio te doy la vida de las mujeres y hacé con ellas lo que querrás», o cuando le ceden la representación en Nueva York a una «asesora en valores» afín a la Iglesia, dice Delgado.

El eliminar el aborto terapéutico significaría que ningún médico se atrevería a ponerle las manos a una mujer que tenga un problema por el que sea necesario hacer la interrupción del embarazo y las mujeres, especialmente pobres, morirán como «perras» en las puertas de los hospitales, opina Delgado.

Hablamos de mujeres con cáncer que no pueden recibir la quimioterapia, enfermedades en las que es necesario interrumpir el embarazo para salvar a la madre, señala.

Los médicos y médicas se verán en la disyuntiva de dejar morir a las mujeres para no perder su licencia médica o salvarles la vida para no ir contra sus principios éticos.

La eliminación del aborto terapéutico sería «la peor herencia que el gobierno liberal heredaría a las mujeres de Nicaragua», opinó Delgado. Frech, en su carácter personal y como directora del INIM, respalda la eliminación del aborto terapéutico argumentando que su práctica daña física y psicológicamente a la mujer, a la vez trata de hacer una confusión con la despenalización general del aborto, que es otro tema.

ENTRE RETROGADAS

Si se elimina el aborto terapéutico, Nicaragua, afirma Pizarro, se convertiría en el quinto país en el mundo en sufrir tal retroceso. Los otros son: Chile, donde el dictador Augusto Pinochet lo eliminó un mes antes de terminar sus 17 años de dictadura, donde secuestraron y desaparecieron a mujeres embarazadas con niños.

También eliminaron el aborto terapéutico en El Salvador, impulsado por el grupo Provida y el Partido Arena, los otros países son el Vaticano y Malta, una pequeña isla del Mediterráneo, donde viven menos personas que en Ciudad Sandino, pero son los más ricos del mundo, dijo Pizarro.

«Aquí no existe una defensa de la vida, existe un slogan de defensa de la vida, porque la vida se defiende con salud, educación y participación», afirmó Pizarro.

PARTICIPACION DE MUJERES SE REDUCE

En cuanto a la participación de las mujeres en los espacios de poder, un diagnóstico realizado en octubre de 1999 por la Fundación Chamorro, reveló que la presencia femenina en el Legislativo disminuyó en un 33.3 por ciento en relación al período anterior.

En el Ejecutivo, de un total de doce carteras ministeriales, solamente una es ocupada por mujer -el Ministerio de Salud- en el caso de los vice ministerios, hay cuatro mujeres que representan el 33.3 por ciento.

Asimismo, en el gabinete de 55 cargos de presidencia, dirección y gerencia, las mujeres sólo ocupan cinco.

El Poder Judicial es el único poder del Estado donde las mujeres ocupan el 56 por ciento de los cargos de importancia.

ZONAS FRANCAS IGUAL A VIOLENCIA CONTRA MUJERES

Pese a que existe un Código Laboral que contiene un capítulo especial para las mujeres, éste brilla por su ausencia en las Zonas Francas Industriales, donde existen 24 mil trabajadores y trabajadoras, el 80 por ciento mujeres, según datos oficiales.

La situación de las mujeres en las Zonas Francas y la posición del Ejecutivo, será abordada en una segunda parte de este reportaje.