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Viernes 31 de Marzo de 2000 | Managua, Nicaragua
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La institucionalización del poder político

Gustavo-Adolfo Vargas *

Es el proceso histórico que marca el tránsito entre el poder político arbitrario, sujeto enteramente al influjo personal de quienes lo ostentaban, sin límites conocidos, y el poder regulado por normas jurídicas, sometido a competencias, cuyos titulares no pueden hacer nada que previamente no esté autorizado por la Ley.

Este proceso marchó paralelamente con el desarrollo del constitucionalismo. Habiendo sido uno de los índices para medir el desarrollo político de los pueblos, el grado de conversión del poder personal en el poder impersonal de la Ley.

El poder institucionalizado es el que ha sido despojado de lo personal, caprichoso, incierto y accidental que tuvo desde los albores de la sociedad humana. Uno de los grandes valores del desarrollo político de los pueblos, es la previsibilidad del poder, es decir, la posibilidad de saber hasta dónde pueden llegar sus efectos y cuáles son las limitaciones de la autoridad pública. Aquí descansa la seguridad jurídica de los gobernados, o sea su certeza de ánimo de que no serán molestados si no cometen actos contrarios a la Ley.

En las sociedades primitivas no existía la institucionalización del poder. El caudillo político era, a la vez, jefe militar, legislador, juez, hechicero y sacerdote. Ejercía un mando total y arbitrario, hasta que alguien, imponiéndose por la fuerza o por la astucia, lo sustituía en el poder. No había nada que se pareciera a delimitación de competencias, mucho menos división de poderes.

Todos los elementos del poder estaban concentrados en una sola persona, que invocaba una serie de supersticiones para gobernar. Generalmente decía descender de los dioses o personificarlos, en medio de la magia de las sociedades rudimentarias.

El factor de cohesión del grupo era el parentesco, que después fue sustituido por el territorio. Esto correspondió aproximadamente a lo que los modernos antropólogos políticos denominan «sociedades sin Estado».

La institucionalización del poder político es una categoría relativamente reciente, desde el punto de vista histórico, que adviene cuando maduran y se consolidan en la sociedad ciertas instituciones políticas, o sea modelos de comportamiento y reglas de conducta considerados como correctos y convenientes, de aceptación general, que con el correr del tiempo se protegen transformándolas en normas jurídicas.

También podríamos decir que sociológicamente hablando, institución es el conjunto de valores, normas y costumbres, que con diversa eficacia definen y regulan en forma duradera, independientemente de la identidad de las personas individuales, y en general más allá de la vida de éstas, las relaciones sociales y los comportamientos de un determinado grupo; es una forma social que perdura. Para los institucionalistas, la institución es una idea de obra que se lleva a cabo en un medio social, y cuya realización y pervivencia requieren de una organización, un poder que la gobierne y de un procedimiento que la regule.

La noción de institución, en cualquiera de los sentidos aludidos anteriormente, presupone siempre un conjunto de patrones (normas, instrucciones, etc.) que regulan la conducta humana socialmente relevante. La idea de permanencia, durabilidad u organización, es generalmente un elemento característico.

En resumen, las instituciones tienen duración, permanencia y estabilidad superiores a la duración de la vida individual, de modo que una institución puede permanecer casi inmutable por años, aun cuando en ese tiempo sea «personificada» por varias generaciones diferentes. Por otra parte, las instituciones son objeto de valoraciones positivas y de fuertes inversiones afectivas, de manera que cuando éstas llegan a fallar, muy pronto se habla de crisis de esa institución.

El poder institucionalizado es, en definitiva, el que se apoya sobre instituciones permanentes que superan las veleidades personales en la vida de una sociedad política. En la actualidad, el Poder Político debe ser legitimado por medio de cuatro procedimientos. Electoral, Legislativo, Administrativo y Judicial. Con estos procedimientos de naturaleza especial, construidos para elaborar decisiones vinculantes, se debiera afrontar una de las primeras tareas, que consistiría en traducir la nueva legitimidad en autoridad para exigir el cumplimiento irrestricto de la legalidad. El fin último es la construcción de un estado de Derecho, que contrasta con todo poder arbitrario y se contrapone a cualquier forma de Estado absoluto o totalitario.

Gustavo-Adolfo Vargas.

Jurista, Politólogo y Diplomático.



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