La Ley No. 339 o Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de reforma a la ley creadora de la Dirección General de Ingresos publicada en La Gaceta el 6 de abril del presente año entró en vigencia a partir de hoy, sin que el poder Ejecutivo la haya reglamentado, pese a que tuvo tres meses para hacerlo.

¿Se le durmió el pájaro al presidente Alemán por estar pendiente del escándalo de los "checazos"? Esa es la pregunta que se hace el experto en Derecho Fiscal, Julio Francisco Báez, quien dijo que la mencionada ley fue aprobada para dar cumplimiento a los compromisos con el ESAF.

Báez expresó que esta ley demanda de la administración tributaria, una reorganización y una potenciación de su capacidad administrativa, pero el hecho de que haya comenzado sin reglamento conlleva debilidades que bien se pudieron prever en tres meses.

Indicó el experto en Derecho Fiscal que en la ley hay cosas que favorecen a la ciudadanía, como es el hecho de que a partir de hoy entran en vigencia los recursos a los que pueden acudir los contribuyentes y a la fianza solidaria, cuando antes era exigido una garantía bancaria.

SILENCIO ADMINISTRATIVO FAVORECE A CONTRIBUYENTES

"En esta ley hay cosas positivas y por eso es que estamos pujando por un reglamento rápido como es la de los recursos. Otra de las cosas es que antes no existía el Silencio administrativo positivo (SAP), lo que le da beneficios al contribuyente en sus reclamos", añadió.

Precisó que esas cosas positivas no pueden quedar en una especie de limbo o indefinición reglamentaria, por lo que insistió que es necesario cumplir lo que ordenó la misma ley de que el Ejecutivo la reglamentara antes de que entrara en vigencia. "Hasta el día de hoy (ayer miércoles) en que se publicó La Gaceta No. 124 del 30 de junio no existe la reglamentación de la ley".

Estos incumplimientos, apuntó, son los que perjudican al contribuyente en su bolsillo, ya que también hay que recordar que desde el 12 de abril del año pasado el artículo 29 de la Ley de Reformas a la Ley de Justicia Tributaria se estableció que en tres meses, "o sea en agosto pasado el Ejecutivo debería haber publicado un manual de Cobros del Estado".

Explicó que el manual de cobros del Estado sería una referencia nacional de todo ciudadano sobre los pagos. "Esto habida cuenta del abanico y de la lluvia de cobros ilegales a que está sometido el contribuyente y en general el ciudadano".

"SILENCIO DEL EJECUTIVO"

Báez dijo no explicarse a qué se debe el silencio del Ejecutivo en cuanto a cumplir con lo que establece la ley en materia tributaria, preguntándose si todo esto no es porque le conviene o porque se está apañando la cobradera ilegal.

Manifestó que también es un pecado que esta ley nació hoy sin que Nicaragua tenga un Código Tributario, siendo nuestro país junto con El Salvador, los únicos que no lo tienen en el continente americano, pese a que fue uno de los compromisos del presidente Alemán en el acto de toma de posesión.

Comentó que con este silencio de parte del Ejecutivo se puede correr el riesgo de que se meta al "congelador" el Código Tributario y no sea ley de la República cuando en el mismo se establecen reglas del juego claras para el contribuyente.

DGI Y DGA EMPORIOS FINANCIEROS

Explicó el experto en Derecho Tributario que una de las cosas negativas que mira en la ley No. 339 es el hecho de que ambas instituciones recibirán el tres por ciento como aporte financiero del presupuesto, "lo cual va a hacer a la DGI y a la DGA dos emporios financieros".

Tomando como referencia el presupuesto del año 2,000, el doctor Julio Francisco Báez dijo que con ese tres por ciento del presupuesto, se estaría hablando de que para la DGI y la DGA se destinaría el doble de presupuesto de la Asamblea Nacional, más que el poder judicial, cinco veces lo del Consejo Supremo Electoral, ocho veces lo de la Contraloría y mucho más de lo que recibe la Presidencia de la República.

"Esto es imposible que ocurra este año porque no lo contempla la ley, pero esto debe ser un alerta para la discusión del presupuesto del año que viene", señaló Báez, para quien entregar esa astronómica cantidad de recursos financieros significa una exacerbada asignación en un país que ocupa un vergonzoso lugar entre los más pobres del continente.

Esto sería censurable y una barbaridad, expresó Báez quien agregó que desde este momento se debe librar una batalla para fortalecer a la DGA y la DGI institucionalmente, técnicamente y administrativamente, lo que permitirá que la ciudadanía el destino que se les está dando a sus contribuciones.

Báez dijo que hay que apresurar al Ejecutivo en que reglamente la ley y que, "los funcionarios de la DGA y la DGI salgan a divulgarla, a explicarla, a defender su ley y no sigan escondiéndola como que fuera algo malo, porque eso despierta suspicacias en la gente".

Al consultar a Relaciones Públicas de la DGI ayer en horas de la tarde sobre el particular, expresaron que para hoy esa institución sacará a luz un documento relacionado a la ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos.

ASUNTO DE COTIZACIONES VUELVE AL TAPETE

Otra de las cosas sobre las cuales fijó su atención el doctor Báez es el hecho de que a partir de hoy entra en vigencia una ley que establece claramente que las contribuciones al Seguro Social son un tributo, tal como se lee en el artículo 3 el que expresa: "... exceptuando los Tributos Aduaneros, Municipales y las Contribuciones de Seguridad Social que se rigen por sus leyes específicas".

"Esta ley eleva a rango de tributo las contribuciones al Seguro Social, ahora Corte Suprema de Justicia no puede decir que no es tributo", expresó el experto en Derecho Fiscal, quien se remontó al debate televisivo donde el asesor legal del INSS, Roberto Evertz dijo que la ley no estaba vigente.