Hasta el momento son unos 300 productores de soya de León y Chinandega, que aseguran haber sido estafados por las empresas Granos Industriales, S.A., GRAINCO, y por Grasas y Aceites, GRACSA, S.A. Una estafa que según un grupo de estos productores suma casi 2 millones de dólares.

Bueno, lo de estafa ya se está investigando en un Juzgado de Chinandega, pero parte de los soyeros visitaron este rotativo para explicar el por qué acusan de estafa a dichas empresas, a las que también demandan por estelionato, pues dicen que GRACSA y GRAINCO vendieron la soya que ellos les habían entregado, y hasta ahora no les han pagado.

Esta demanda tiene varios meses, desde que la empresa GRACSA fue declarada en quiebra. Lo que estos productores reclaman es que GRACSA, afirman, vendió (como propia) toda la cosecha de los productores, 278 mil 651 quintales de frijol de soya, a diversas empresas como Inversiones PMA, ALMESA (Alimentos Mejorados), Corporación Momotombo, entre otras que le pagaron en tiempo y forma.

«Ideay, y GRACSA ya manoseó el dinero, lo jineteó y ahora no nos quiere pagar», dice don Enrique Saravia, uno de los más de 300 productores demandantes. Lo malo de la historia, dice don Enrique, es que GRACSA vendió la cosecha de soya, y los productores no han recibido el dinero para cancelarle a los bancos que les financiaron sus cosechas.

Y ante la falta de pago a los bancos, dice don Enrique, ahora acarrean dos problemas: no podrán sembrar en el actual ciclo agrícola y pende sobre ellos la posibilidad de que los bancos (como suele ser), les quiten sus casas o fincas, pues para recibir préstamos hipotecaron estos bienes.

El problema con GRACSA inició, dice el productor Ramiro Martínez Altamirano, cuando entregaron sus frijoles de soya a la empresa filial de GRACSA, llamada Granos Industriales S.A., GRAINCO. Toda la cosecha, dice, la tenían «amarrada» con los bancos y casas de préstamos bajo el acuerdo de «prenda agraria», inscrita incluso en el Registro de la Propiedad.

Esto de prenda agraria significa que cuando, GRACSA vendiera la cosecha, y le entregara el dinero a los productores, estos le tenían que pagar a los bancos que les prestaron. Y GRACSA, dice don Ramiro, entregó la cosecha a otras empresas en forma de bonos, y recibió dinero, algo que nunca debió hacer porque la cosecha ya estaba amarrada con los bancos.

En este sentido, los productores dicen estar amparados (en su lid contra GRACSA) por una disposición de la Superintendencia de Bancos, que señala que no se puede entregar bonos de prenda (lo que hizo GRACSA) cuando la mercadería (la cosecha de soya en este caso) se encuentra gravada con prenda agraria.

«PRIMERO DEBIERON PAGARNOS»

«Para que dieran en prenda la cosecha de soya, primero debieron pagarnos. Después podían hacer lo que quisieran», dice don Ramiro, uno de los productores que está al borde del embargo pues al banco que le financió su cosecha debió pagarle a finales de marzo. La deuda de GRACSA con don Ramiro y los más de 300 «soyeros» suma 1 millón 891 mil dólares.

Igual que don Ramiro, es la situación de don Augusto Palma, de la comunidad La Grecia, de Chinandega, quien asegura que GRACSA le debe 1 mil 300 dólares por la venta de 6 manzanas de soya que sembró. Este año dice que no sembrará, pues los bancos están «arrechos» con él porque no les ha pagado.

Algo que molesta a estos productores es que, según ellos, en diciembre de 1999, el gobierno de Nicaragua por medio del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC, le dio a GRAINCO 1.36 dólares por cada quintal de frijol de soya que acopió. Una especie de subsidio. Pero igual, con subsidio y todo aún no les pagan.

La molestia de estos productores incluye también al ingeniero Antonio Lacayo, de quien aseguran negoció parte de esos bonos (producto de la venta de la soya de los productores) y «salió ganando» con más de 87 mil dólares. Al señor Lacayo, estos productores lo acusan de ser uno de los promotores de la quiebra de la empresa GRACSA.

Pero Lacayo, el antiguo Ministro de la Presidencia durante el gobierno de Doña Violeta de Chamorro, niega estas acusaciones y asegura que su transacción con GRACSA fue posible porque esta empresa a él le debía dinero por la venta de más de 8 mil quintales de frijol de soya.

«El bono no lo recibí en efectivo, sino que recibí los suficientes quintales de harina de soya para costear la deuda que GRACSA tenía conmigo. Además, esa harina de soya me sirvió para pagarle al Banco Mercantil que fue el banco que me habilitó para sembrar», explicó Lacayo.

Y aunque el señor Lacayo niega a varias voces que nada ha tenido que ver con GRACSA, de la que dice es sólo accionista como los hay muchos, los productores dicen tener informes de otros accionistas que lo vinculan directamente con la quiebra de la empresa, que por demás era dirigida por el hermano del señor Lacayo, Bernardo Lacayo.

Las acusaciones de los productores contra Lacayo son fuertes, incluso lo llaman cómplice de la jugada que les montó GRACSA. Lacayo, por su parte, asegura que sólo atendió la propuesta del Banco Mercantil (banco al que le debía) de cobrarle a GRACSA por medio de la entrega de harina de soya. Nada más.

Sin embargo, para ponerle fin a este juego de acusaciones y respuestas, el señor Antonio Nesme, actual apoderado de la empresa GRACSA, por mandatos de jueces chinandeganos, dijo el martes que realiza los estudios, inventarios de los bienes de la empresa GRACSA, para así ver cuánto tiene y poder pagarle a los productores y a los bancos.

Por lo menos esto está bien. Lo importante será ver si los bancos podrían esperar esta solución, antes de embargar a los productores.